El Juglar de la Red

Por Rafael Cano Franco

Un viejo dicho de los rancheros reza: “para hacer caldo de liebre, primero hay que tener la liebre”.
Alfonso Durazo viene mostrando una gran motivación en cuanto a los yacimientos de litio que existen en Sonora; sus expresiones están llenas de esperanza y plantean acciones a corto plazo que dibujan un panorama de grandes beneficios, una gran derrama económica y una entidad que se convertirá en un emporio de bonanza.
Desde que en abril se nacionalizó el litio, la idea de Alfonso Durazo, como gobernador del estado donde mayores yacimientos existen, de inmediato ubicó al litio como una punta de lanza en el desarrollo económico de Sonora: habló de que por instrucciones presidenciales se crearía una empresa con sede en la entidad, bajo su mando y perfiló la instalación de industrias de baterías y otras que requieren ese mineral como elemento fundamental para sus procesos.
Los hechos han venido demostrando que no todo lo dicho por el Gobernador era como él lo concebía y luego planteaba a los ciudadanos; por encima de su voluntad está la del presidente López y este es quien ha marcado el rumbo referente a la exploración y explotación del litio en cualquier parte de México.
Pero Durazo Montaño no ha parado de construir castillos en el aire; desde su visión política el litio es una riqueza otorgada por la naturaleza que le puede dar a Sonora un impulso determinante para su crecimiento e industrialización.
No es malo ser un soñador, el problema es que ante las quimeras siempre aparece la fría realidad.
Resulta que la empresa “LitioMx”, a la cual tanto alude el gobernador Durazo, no va a entregar resultados en este gobierno estatal y probablemente tampoco en los otros dos que vienen –uno de tres años y el otro de seis–, esta es la conclusión a la que llegó Armando Alatorre Campos, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.
Este ingeniero, un técnico en el tema y por tanto experto en lo que dice, asegura que la minería es una actividad que rinde frutos a muy largo plazo, de muy larga maduración y por ello establece que en una década se puede tener un resultado visible y tangible del impacto del litio en la economía mexicana, por ende en la de Sonora.
Para empezar, Alatorre Campos dice que el gobierno no tiene un lugar conocido e identificado con potencial de litio, de ahí que el servicio Geolológico Mexicano busca esa información para ubicar con precisión los yacimientos que puedan ser factibles de ser explotados.
Este solo proceso, encontrar el lugar a explotar, tardará diez años, pero puede acortarse un poco o extenderse; a ese tiempo se deben agregar otros dos o tres años más para construir y procesar el material y con ello estar en condiciones de comercializarlo.
A partir de ese punto, las industrias pueden llegar en un lapso de tres a cinco años; pero no se van a instalar si antes no tienen la certeza de que el litio, su materia prima, lo van a tener disponible al momento de iniciar operaciones.
La visión política del gobernador Alfonso Durazo contrasta con la visión del experto; pero lo que importa es que las acciones gubernamentales y los costos que eso representa, no se conviertan en un dinero tirado a la basura porque nos deslumbramos con la simple posibilidad de que teníamos un tesoro enterrado, pero que al final puede resultar en nada.
Que bueno que ya empezó a funcionar “LitioMx”, pero de eso a tener un gramo de mineral explotado todavía falta mucho y con la posibilidad de que no suceda nunca.
Por eso, cuando se habla de industrias, de bonanza económica y de un emporio mineral que se proyecte en industria, lo único que hace el gobierno es ofrecernos un caldo de liebre, pero sin liebre.

La CEDH exhibe a la Fiscalía de Sonora
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, emitió 15 recomendaciones, todas dirigidas a la Fiscalía General de Justicia de Sonora, señalando que esa instancia fue omisa en investigar la desaparición de 23 víctimas directas y de 27 víctimas indirectas.
Estas recomendaciones, emitidas de forma simultanea en lo que puede ser considerado una acción histórica de la CEDH contra alguna institución gubernamental, solamente confirman que cuando alguien desaparece en Sonora es probable que la FGJE no haga nada para buscarlo.
Hay un caso que tiene 2 años y cuatro meses sin que exista alguna ministerial, esta dilación de justicia no puede tolerarse, y eso enmarca la serie de señalamientos que se hacen a la Fiscalía de Sonora en el sentido de su pasividad –incluso tolerancia—ante la desaparición de personas.
El tema no pasa por las estadísticas, que luego suelen ser el recurso al que acuden estas instancias para tratar de paliar los efectos negativos que genera este tipo de situaciones. No importa si han encontrado a cien, doscientas o mil personas; lo que importa es que han dejado de atender los reclamos de 50 víctimas que fueron afectadas por esta situación. Lo grave es que hay casos que reflejan la dilación, la omisión, la pasividad y el “valemadrismo” para atender las solicitudes.
Por ello es importante la recomendación emitida por la CEDH y entre esto también es determinante que la FGJE acepte la recomendación, porque de lo contrario la Fiscal, Claudia Indira Contreras deberá comparecer ante el Congreso del Estado para explicar y justificar estas omisiones.
Los puntos que la CEDH pide sean cumplidos, en caso de que las recomendaciones sean aceptadas, son también muy importantes y establecen un precedente.
De entrada, deberá continuar con las búsquedas de las personas y localizar las víctimas desaparecidas. También se le pide imputar, acusar y concretar sanciones contras las personas responsables de esas desapariciones; estos puntos serían como lo mínimo que se debió hacer desde un principio.
Al mismo tiempo se debe fincar responsabilidades penales y administrativas en contra de las autoridades ministeriales por los actos omisivos en perjuicio de las víctimas, con esto se sanciona a los supuestos encargados de las investigaciones que al final de cuentas no hicieron nada.
También se ordena que la Fiscal, Claudia Indira Contreras o quien ocupe su cargo, lleve a cabo un acto de disculpa pública a más tardar en un año, en el que se garantice verdad, justicia y reparación de las víctimas, este punto también es inusual que se establezca como parte de una recomendación.
También se pide, como parte de las recomendaciones si son aceptadas por la FGJE, que se impulse la creación de una fiscalía especializada para investigar y perseguir delitos de desaparición de personas, como garantía de no repetición.
Las recomendaciones se emitieron el 27 de septiembre y la FGJE tiene 15 días para dar respuesta a esas resoluciones, en caso de que no las acepte, la CEDH, como ya se dijo, solicitará al Congreso del Estado que cite a quien ostente el cargo de Fiscal General de Justicia para argumente públicamente su negativa a darles cumplimiento.
Veremos la reacción de la FGJE, porque nada de esto pasa por mera casualidad y menos cuando ya se especula que Claudia Indira Contreras puede ser una de las funcionarias del área de seguridad pública que deje su cargo para darle paso a un “duracista” de hueso colorado.

Otros Juglares:
–“En estos 15 expedientes se identificó la omisión grave de actuaciones imprescindibles para la localización de las personas desaparecidas. Además, en la gran mayoría de los casos, la FGJE no realizó ni una sola de las diligencias a las que estaba obligada a hacer en las primeras horas, de acuerdo al Protocolo Homologado para Búsqueda de Personas Desaparecidas”.
Parte del comunicado de la CEDH donde establece una serie de omisiones por parte de la Fiscalía General de Justicia, en las denuncias de personas desaparecidas entre el 2016 y el 2021, pero en la cual fue omisa en sus actuaciones.

Gracias por su atención, hasta el viernes si Dios quiere. ¡Salud!

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