Muy calladitos, sin ningún anuncio previo, los diputados del Congreso local aprobaron ayer la ley 96 que da vida a la Fiscalía General de Justicia del Estado, que sustituye a la Procuraduría General de Justicia y crea la Fiscalía Especial Para Combate a la Corrupción y también le dan vida a la Fiscalía para la Prevención y Atención de Delitos Electorales.
Al mismo tiempo, en el Congreso del Estado se aprobó el catálogo de sanciones a aplicarse a aquellos funcionarios públicos y también a particulares que incurran en actos de corrupción.
A iniciativa de Lupita Orduño, eficiente comunicadora de la fracción parlamentaria del PRI, podemos darle a usted una serie de aspectos destacados en cada una de estas fiscalías.
1.- Se han creado las condiciones, bases y lineamientos para establecer una coordinación de todos los órdenes de gobierno competentes en el combate a la corrupción.
2.- Se definen los lineamientos para aplicar sanciones a los servidores públicos y a los particulares que incurran en responsabilidad frente al estado.
3.- Se instituye la obligación constitucional en Sonora para los servidores públicos de presentar su declaración 3 de 3: patrimonial, fiscal y de intereses.
4.- Se crea la Fiscalía General de Justicia del Estado, que sustituye a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); será un organismo público, con autonomía constitucional, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
5.- El procurador General de Justicia –en este caso Rodolfo Montes de Oca Mena—actualmente en funciones, queda designado y ratificado por virtud de esta ley y ahora se le denominará Fiscal General de Justicia del Estado y su nombramiento será ratificado por el Congreso del Estado.
6.- El Fiscal General de Justicia del Estado, a diferencia de la figura del Procurador anterior, ya no podrá ser removido libremente por el Gobernador en turno, sino que se establece un nuevo procedimiento mediante el cual, el Fiscal solo puede ser removido de manera justificada cuando no atienda el interés social o por causas graves, lo cual puede ser objetado por el Congreso del Estado y restituir en el cargo al Fiscal.
7.- El Fiscal General nombrará a los Agentes del Ministerio Público, los cuales actualmente son nombrados por el Ejecutivo a propuesta de una terna enviada por el Procurador.
8.- Se definió un periodo de 7 años para ejercer el cargo de Fiscal General y de 5 años para los fiscales especiales, con esto se fortalece la autonomía que se les otorga.
9.- Se crean las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y la de Combate a la Corrupción, ambas con autonomía técnica y operativa.
10.- Se establece la facultad del Congreso del Estado para legislar y definir las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones y sanciones, así como aquellas que corresponden a los particulares vinculados con faltas administrativas graves.
11.- Se faculta al Congreso del Estado para legislar y establecer la organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.
12.- SE dota de competencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidades administrativas graves y a los particulares vinculados a ellas, así como para fincar indemnizaciones y sanciones pecuniarias por daños y perjuicios a la Hacienda Pública, del estado o los municipios.
13.- Se faculta al Gobernador para delegar sus facultades y obligaciones constitucionales, excepto aquellas inherentes a su naturaleza, las cuales se especifican claramente.
Queda claro que no se trata de modificaciones cosméticas, en realidad atienden a una nueva realidad y a las necesidades que plantea; está claro que este nuevo modelo, donde van a operar paralelamente las 3 fiscalías, implica mayor autonomía para los fiscales, pero además afecta al propio Tribunal Contencioso Administrativo porque pondrá imponer sanciones, tanto a funcionarios como a particulares.
A diferencia de lo sucedido en la Cámara de Diputados federal, en el Congreso de Sonora no se anduvieron por las ramas y aprobaron la ley “3 de 3” para obligar a todos los funcionarios públicos a publicar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.
El procurador Rodolfo Montes de Oca Mena, asegura chamba hasta el 2023, toda vez que su periodo en el cargo se plantea sea por 7 años; mientras que el Fiscal Anticorrupción y Fiscal para atender delitos electorales estarán cinco años.
En próximas entregas iremos desglosando algunos aspectos que parecen positivos, otros que dejan dudas y algunos otros que pueden ser negativos.
Tips cortitos pa´no enfadar:
1.- Hace unos días, por fuera de palacio de gobierno, dos personas de la tercera edad protestaban con una pancarta; la verdad no afectaban a nadie y estaban ahí paraditos con su manta, pero alguien ordenó a agentes de seguridad pública que les arrebataran la manta con su leyenda de protesta; ellos, raudos y veloces cumplieron con la orden.
Por supuesto que la actitud de estos agentes molestó a quienes fueron testigos de tal acto de intimidación y atentado a la libertad de expresión: lo curioso es que en un arranque de soberbia, el secretario de Seguridad Pública, Adolfo “El Conito” García Morales les exigía a los reporteros que le cuestionaban el proceder de sus agentes, los nombres de ellos para investigar.
Creo que al Secretario de Seguridad Pública le faltó sensibilidad y le sobró arrogancia y soberbia para aceptar el grave error cometido, porque sin chiste, “sus muchachitos” generaron un mal ambiente para la gobernadora Claudia Pavlovich.
El precedente que sienta el “Conito” García Morales es malo, porque si la cabeza muestra tan poco respeto para una protesta pacífica, no quiero imaginar lo que hagan sus agentes en una situación más complicada.
2.- Ya la diputada Carolina Lara nos había adelantado que en el Congreso del Estado pretendían aprobar un crédito para el Ayuntamiento de Puerto Peñasco, lo curioso es que le habían buscado diversas formas para disfrazarlo…usted sabe, los diputados del PAN han sido muy disciplinados en acatar la línea nacional para no aprobar la contratación de deuda.
El caso es que por más intentos que hicieron, simplemente no pudieron encontrarle la cuadratura al círculo y ayer, con el voto de los legisladores del PAN –los que aún quedan en esa bancada—se aprobó el crédito para Puerto Peñasco.
Falta ver si ante esta violación flagrante a la “línea Nacional”, a estos diputados panistas –que por cierto apoyan a con todo a David Galván, representante del CEN Nacional en la contienda interna—no son expulsados o sancionados por andar yendo en contra de lo que dicen sus dirigentes.
Por cierto, desde la bancada panista se pretende convencer de que el crédito que aprobaron en realidad no es un crédito; algo similar dijeron cuando apoyaron una reestructura de deuda para Guaymas, que en términos técnicos también se considera deuda.
3.- El Ayuntamiento de Hermosillo recuperó seis terrenos que habían sido vendidos de manera irregular por el gobierno municipal de Alejandro López Caballero, con estos seis predios, ya suman 10 los que se han recuperado y su valor asciende a 32 millones 172 mil 735 pesos.
Los predios recuperados se ubican en Cerrada Cucurpe 2, identificado como Lote 2, manzana cuarta con 1265 metros cuadrados y comprado por Enrique Villaescusa Rodríguez –actual funcionario del Gobierno del Estado—quien no se presentó para ofrecer pruebas o presentar alegato a su favor.
Otro terreno recuperado fue el que se entregó a la asociación civil “Red de Cultura para Crecer”, ubicado en la confluencia de la avenida Nueve entre Carmen Serdán y Margarita Maza de Juárez, en el fraccionamiento Apolo.
También se recuperó un terreno vendido a María de los Ángeles Beltrán Robles, un predio de 2 319 metros cuadrados en el fraccionamiento Alcalá Residencial; a la “Red de Cultura para Crecer” le quitaron otro predio ubicado en el fraccionamiento Bugambilias; y el quinto predio estaba en bulevar Paseo de las Lomas, fraccionamiento Urbi Villa del Rey a favor de Mayra Guadalupe Parra Enríquez.
El sexto predio recuperado había sido vendido a Raquel Mojarra Estrada, ubicado en el bulevar Pueblo Nuevo del desarrollo habitacional del mismo nombre.
Otros Juglares:
–“De lo que se trata es que se hagan bien las cosas y no únicamente capacitar para que se lleven en orden los papeles, sino para que haya orden en la función pública, basado e inspirados en la rectitud, en la honradez necesaria que debe tener cualquier funcionario o cualquier persona que maneje recursos públicos.
“Siempre estamos incisivos, muy reiterativo en la necesidad de trabajar en base a valores, a entender que la función pública es una actividad transitoria en nosotros las personas y que debemos desempeñarla con entereza, con toda seriedad y conscientes de que lo que hacemos es representar al ciudadano”.
Lo dijo el Secretario de la Contraloría de Sonora, Miguel Ángel Murillo Aispuro durante la XXIV reunión estatal de Contralores Estado-Municipios celebrada en Guaymas.
Gracias por su atención, hasta el lunes si Dios quiere. ¡¡Salud!!.
