Construir destruyendo es una mala fórmula

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El Juglar de la Red

Por Rafael Cano Franco

Fue un común denominador en la etapa de hegemonía priísta que concluir un sexenio no solamente consistía en que el Presidente de la República dejará el cargo para darle paso a su sucesor, siempre de su mismo partido, el término sexenal también implicaba que lo construido en esos seis años sería derruido para que sobre esos escombros se edificara el nuevo proyecto de nación.

Era una costumbre, una usanza negativa, la cual impedía el avance de la República, cada seis años el nuevo Tlatoani determinaba, de acuerdo a su muy particular interés, lo que era bueno o malo para el desarrollo del país y en ese punto destruía y luego iniciaba una nueva construcción del andamiaje institucional.

Pero siempre fueron insuficientes los seis años de gobierno para cristalizar esos proyectos, ese fue uno de los motivos que alentó la aspiración de algunos presidentes de la reelección.

La presidencia de Carlos Salinas de Gortari, fallida en los político pero exitosa en algunas reformas, planteó esquemas transexenales y quitó a los Presidentes cierta dosis de poder; lo más determinante que les retiró fue la capacidad de hacer dinero, dejando esa facultad en un Banco de México al que se le dio total independencia y sus funciones se definieron en base a elementos económicos y no políticos.

Ernesto Zedillo, economista como Salinas de Gortari, hizo cambios cosméticos a ciertos programas, pero no tocó la esencia de la reforma salinista y sí la abundó; cuando Vicente Fox, inauguró las transiciones presidenciales, supo reconocer y lo hizo públicamente, la calidad de las reformas con las cuales se venía gobernando al grado que su gobierno, aún viniendo de un partido opositor al PRI, fue muy similar en lo referente al manejo de la economía.

Ya con Felipe Calderón y pasadas dos décadas de las reformas de Salinas de Gortari, resultaba evidente la necesidad de iniciar cambios intensos y reformas profundas en materias claves como la educación, las relaciones laborales, el sector energético, las telecomunicaciones; se trataba de darle a México una plataforma para adecuarse legalmente a las demandas de los mercados internacionales y allegar tecnologías y recursos para impulsar el desarrollo económico, no lo logró porque no encontró los mecanismo políticos para generar los consensos, pero tampoco destruyó lo que venía funcionando bien.

Con Enrique Peña Nieto y el llamado “Pacto por México” –que no fue apoyado por la izquierda de López Obrador—finalmente se alcanzaron las reformas estructurales en las áreas que nos ponían en calidad de competir; pero además, muchos grupos de la sociedad civil participaron en ellas y eso les dio legitimidad; no solamente eso, también se generó un importante avance en el respeto y reconocimiento a grupos minoritarios, se generaron programas especiales para atender grupos vulnerables de mujeres, niños, personas con discapacidad.

A todo ese periodo, desde 1988 hasta el 2018, 30 años de mantener y reforzar políticas sociales, económicas, laborales y energéticas fue conocido como el del  “neoliberalismo”, que si bien es cierto estuvo muy tropicalizado a la mexicana, generó un blindaje que nos protegió de los vaivenes de la economía mundial y mantuvo el barco con un mismo rumbo.

El resultado fue una inflación controlada, un desarrollo parco pero sostenido, la confianza en México como destino de inversiones, una sociedad que pasó de estar en régimen cerrado a un régimen abierto donde la participación social fue tan determinante como la de las mismas fuerzas políticas, pero que también generó escándalos de corrupción y favoreció el incremento de fortunas personales, pero sin que eso significara pobreza para otros; por el contrario esa generación de riqueza, si bien mal distribuida, determinó el surgimiento de una clase media pensante y altamente participativa en las decisiones trascendentales.

El arribo al poder de Andrés Manuel López Obrador nos regresó a la época en la que el presidente en turno determinaba construir todo el andamiaje del pasado, para sobre esas ruinas iniciar la reconstrucción del nuevo país.

La visión del gobierno en turno gira en torno a cambiar todo, porque desde su perspectiva todo está mal y por ello lo mejor es empezar a demoler hasta los cimientos de lo que se construyó, para luego reiniciar la reconstrucción.

El problema, es que al igual que antes, un sexenio no será suficiente y quienes ahora gobiernan necesitarán mucho más tiempo para moldear el país de acuerdo a sus muy particulares gustos e intereses, volverá de nuevo la tentación de la reelección presidencial y de acondicionar todo para que eso suceda.

Los resultados son los que importan

La Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJS), ha resultado muy efectiva para resolver hechos de sangre que han generado consternación social; primero, en un lapso de cinco días resolvió el caso de los implicados en el atentado a Reynaldo Salas y Carlos Cota; más reciente, atrapó a los responsables de dos casos en Ciudad Obregón.

En Cajeme resolvió el asesinato de cuatro mujeres, dos de ellas menores de edad, cuatro hombres y otros dos más que resultaron heridos; en la investigación que se realizó, las cámaras de vigilancia, las pruebas de balística, los estudios de criminalística y todo lo que se tiene en el laboratorio de investigación forense, fueron determinantes para que la investigación avanzara rápidamente y como resultado se detuviera a los presuntos implicados.

En este punto es importante reconocer el trabajo que viene realizando la Fiscal, Claudia Indira Contreras Córdoba, quien a base de resultados y resolviendo estos casos que impactan directamente en la sociedad, manda el mensaje de que desde las instituciones del estado no se dará carta de residencia a la impunidad.

Se trata de la solución de nueve asesinatos que tuvieron alto impacto social –en los casos de  Hermosillo y Ciudad Obregón–; pero es bueno recordar que en el caso de los feminicidios que le ha tocado atender, en todos los casos se logró sentencia condenatoria para los hombres implicados, eso habla de que todos los casos se atienden con el mismo compromiso y están revestidos con la misma importancia.

Tips cortitos pa´no enfadar:

1.- Los alcaldes que gobiernan municipios donde la minería es su actividad predominante, están indignados por la forma en la cual se modificaron las reglas de operación del Fondo Minero; pero así como están molestos, también se han quedado callados.

Municipios como Cananea, Nacozari de García y Caborca, recibían recursos millonarios del Fondo Minero, incluso superiores al presupuesto que les aprobaba el Congreso de Sonora; ahora ya no contarán con ese dinero, eso ha generado indignación, pero tampoco se han alzado y menos han protestado.

Están calladitos esperando que la protesta surja de alguna otra instancia para luego sumarse, debería ser al revés, ellos iniciar el reclamo y luego pedir la solidaridad del Congreso y del Ejecutivo.

2.- Cada vez son más las asambleas ganaderas donde Daniel Baranzini es “bateado” en su propuesta de incluir votaciones ilegales; primero fue en Cajeme, donde se supone tendría un amplio respaldo lo cual no fue así y más recientemente en Santa Ana, donde tampoco se permitió se alterara el orden del día de la asamblea.

Los ganaderos no están muy conformes con lo estentóreo de la campaña que promueve el señor Daniel Baranzini, les disgusta el grado de estridencia, pero sobre todo ven en sus huestes a muchos emisarios del pasado que más allá de buscar el progreso del sector, están empecinados en recuperar la dirigencia de la Unión Ganadera Regional de Sonora, para tomar revancha.

3.- Finalmente el Tribunal de Justicia Administrativa –antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo—determinó que los funcionarios del Congreso del Estado no podían ser removidos de sus cargos por meras cuestiones de índole política y por tanto ellos pueden permanecer en su trabajo de manera normal.

El Congreso del Estado ha señalado, a través de la Presidencia, que respetará ese fallo y no apelará la decisión; eso es lo correcto, porque de cualquier forma solamente alargarían el pleito judicial lo cual dejaría en sus cargos a quienes pretenden despedir para que al final de cuentas se volviera a fallar a favor de esos trabajadores.

Que el Tribunal determine que no pueden ser cesados, no implica se vayan a quedar, solamente establece que será la negociación con cada uno de ellos, el mecanismo para que se vayan retirando de esas funciones y den paso a los que los grupos parlamentarios pretenden colocar en esa posición.

Otros Juglares:

–“Lo que pedimos es que se respete la Ley de Ingresos aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018. Es materia de autonomía municipal, de federalismo bien entendido, federalismo en favor de las comunidades y sus familias.

“Yo creo que es un tema en el que debemos sumarnos y debemos instalar una mesa que se llame Sonora, en coordinación con Gobierno del Estado, Congreso, los Presidentes municipales y todos los sectores; ojalá nos pudiéramos sumar y fuéramos muy claros en reiterar el planteamiento de que se respete lo ya publicado y aprobado el 28 de diciembre”.

Lo dijo el diputado Jorge Villaescusa Aguayo, en representación del grupo legislativo del PRI, al reiterar la preocupación de que se cambien los lineamientos del Fondo Minero y que la distribución de los recursos no atiendan a las necesidades de infraestructura, en los 25 municipios donde se realiza esa actividad.

Gracias por su atención, hasta el miércoles si Dios quiere. ¡¡Salud!!

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