Criminalizar la crítica es censura

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El Juglar de la Red

Por Rafael Cano Franco

Todo gobernante o político desean en su yo interno que sus errores no se noten, que pasen desapercibidos y sin mayores consecuencias; los medios de comunicación y los periodistas están precisamente para señalar y exhibir esos yerros, para documentar los efectos que tienen las decisiones en la sociedad.

Por supuesto, a nadie le gusta se le señale un acto equívoco o una mala decisión; los políticos miran desde su atalaya y creen que todo debe ser de acuerdo a su criterio por el simple hecho que ellos así lo decidieron.

En las últimas semanas hay señales claras de intolerancia a la crítica; un hostigamiento sistemático a las voces que atinadamente señalan los errores que se cometen desde el gobierno, pero también una andanada contra quienes en el pasado se atrevieron  a documentar lo peligroso que era votar por un gobierno de corte populista.

Todo lo anterior no es más que la manifestación clara del autoritarismo, la censura como herramienta promotora del silencio y aplicar la fuerza del estado para acallar, por la vía legal o con linchamientos públicos, las voces que lo cuestionan o que abiertamente lo critican.

Los ejemplos ahí están:

El historiador y periodista, Enrique Krauze es objeto de una persecución porque desde el gobierno federal se le acusa de participar en un complot para desestabilizar e impedir el triunfo de Andrés Manuel López Obrador; lo que ha hecho Krauze solamente es documentar las barbaridades cometidas por gobiernos populistas en distintas latitudes del planeta y las consecuencias que eso ha generado para los pueblos que los padecen.

Desde las más altas esferas del gobierno, personajes como Epigmenio Ibarra han lanzado acusaciones sin pruebas contra Krauze, aseguran que recibió dinero del PAN y empresarios para montar una guerra sucia en contra de López Obrador y eso lo califican como “conspiración contra la democracia en México”.

No solamente es una acusación desproporcionada, también es un señalamiento sin razón ni argumento, pero además proviene de un personaje como Epigmenio Ibarra cuyo aporte a la democracia son las “narco series”.

Pero hay más.

Al gobierno actual no le agradó el documental “El Peligro del Populismo” y han iniciado acciones legales contra las empresas Cinepolis, Coppel y contra Alejandro Quintero Iñiguez, señalándolos como los responsables de financiar ese documento fílmico.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda dijo que iniciará una persecución contra cualquier “campaña negra” –así llaman a la crítica—que haya existido contra el presidente López Obrador.

Una persecución de esa naturaleza no solamente atenta contra la Libertad de Expresión y la libre circulación de ideas y posturas ideológicas, es también una muestra de autoritarismo y la manifestación clara de la intolerancia gubernamental para quienes no piensan igual que ellos.

Está claro que disentir en México se convirtió en una acción osada y quienes se atreven a expresar, por cualquier medio, su postura disidente son objetos de un linchamiento público que inicia en redes sociales.

En esto también hay evidencias, quedó demostrado que desde la Presidencia de la República se utiliza una estrategia en redes sociales que implica el uso de bots, trolls y fans para atacar a los medios de comunicación, los periodistas y usuarios que lanzan críticas al Gobierno de México, según los estableció una investigación realizada por ITESO.

Los ataques se manifiestan a través de tendencias como #Prensa Fifí o #Chayoteros, generando un discurso de odio contra los críticos gubernamentales, exhibiéndolos como si fueran los peores enemigos del desarrollo de México y exponiéndolos a ser objetos de agresiones físicas, con la única pretensión de obligarlos a guardar silencio.

No menos importante es la indolencia y la falta de acción que manifiesta el gobierno ante los asesinatos de periodistas; cómodamente han dejado que la investigación recaiga en las Fiscalías estatales y han sido omisos en la atracción de esos procesos; entidades como Sonora y Baja California Sur han resuelto los casos que se han presentado, pero hay seis muertes de comunicadores y periodistas que no presentan avance y eso solamente indica el desprecio que existe desde el Gobierno Federal para garantizar el derecho a la Libertad de Expresión e investigar y ofrecer resultados a las familias de las víctimas y al gremio periodístico que le reclama resultados.

Una sociedad democrática requiere de una prensa libre, de voces críticas opinando sin restricciones, eso es lo que realmente genera avance y desarrollo; acallar, hostigar, linchar las voces opositores es tanto como criminalizar la crítica y está visto que una sociedad sin posturas divergentes no avanza y sí retrocede, de ahí la importancia de defender el derecho a la Libertad de Expresión, sin cortapisas y sin adjetivos.

Urgen resultados en caso Santiago Barroso

Periodistas de distintos medios de comunicación se manifestaron ayer en Hermosillo y otras ciudades de Sonora, para exigir una investigación ágil y expedita por el asesinato del periodista Santiago Barroso Alfaro.

En Sonora, la Fiscalía a cargo de Claudia Indira Contreras ha dado muestras que puede resolver este tipo de casos y eso genera una luz de esperanza de que no habrá impunidad; sin embargo ya no solamente se trata de exigir justicia, sino también cambiar las estructuras de protección a periodistas porque las actuales han demostrado su ineficacia.

La manifestación dejó en claro la existencia de un profundo reclamos a las autoridades estatales y federales; ahí se señaló el acoso a medios críticos; la ineficiencia para investigar atentados como el de “Radio Manzana” de Alejandro Islas Galarza y la indiferencia de la Fiscalía General de la República para atraer este tipo de crímenes.

El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. hizo un pronunciamiento en referencia a estos temas y solicitó mayor coordinación entre las instancias estatales y federales para atender estos crímenes, pero también los llamó a reconstruir mecanismos y protocolos de protección desde una óptica diferente a la que se mal aplica actualmente.

Posicionamiento Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores

Una vez más, los periodistas estamos de luto.

Se ha vuelto a demostrar que en esta sociedad somos el eslabón más débil

Otro buen periodista , Santiago Barroso Alfaro, fue arteramente asesinado y su muerte nos convoca aquí y en cualquier otro lugar donde sea menester exigir justicia.

Luego de la pérdida de ocho compañeros en apenas cuatro meses, es el momento de volver a exigir justicia y decirlo con voz fuerte; pero también es el momento de decirle al estado, en cualquiera de sus tres niveles de gobierno: ¡¡Ya basta!!

Estamos cansados de aportar una cuantiosa cuota de sangre; estamos indignados de la indolencia para actuar con firmeza y con toda la fuerza para que se nos den garantías de seguridad y poder ejercer nuestro trabajo sin miedo, sin presiones y particularmente sin amenazas a nuestra integridad física o de perder la vida.

Es momento de que las autoridades federales y estatales, establezcan un trabajo coordinado para garantizar justicia a la familia de Santiago y al propio gremio periodístico; no se trata de gritar y vociferar contra todos, se trata de ser claros y señalar que mientras la impunidad sea la constante, los periodistas seguiremos siendo blanco fácil para cualquier atentado.

Hoy exigimos a las autoridades que más allá de investigar los lamentables hechos consumados, atiendan la demanda de a construir juntos los mecanismos que garanticen una auténtica seguridad para los periodistas.

Está claro que la Fiscalía para Atender Atentados contra la Libertad de Expresión, de la FGR, no solamente es un amasijo burocrático inoperante, anquilosado y lento en su actuar; también es costoso e ineficiente por los pobres resultados que ofrece.

Por eso es que debe cambiarse el esquema, se deben construir mecanismos ágiles y coordinados entre los gobiernos estatales y el federal; establecer líneas de protección y de investigación que, en primera instancia salvaguarden la integridad de los periodistas y comunicadores, pero también combatan la impunidad y actúen para resolver los crímenes que se han cometido.

Por desgracia nada de lo que hagamos devolverá la vida a Santiago Barroso y a todos los otros colegas que han sido asesinados; pero en su memoria es que debemos exigir a las autoridades den prioridad a estos crímenes, realicen un trabajo coordinado con eficiencia, que dejen de lado sus diferencias y garanticen seguridad.

Que ningún otro periodista muera por ejercer su trabajo.

¡¡Ni uno más!!

Otros Juglares:

–“Tenemos una Gobernadora que nos está exigiendo cumplamos cuanto antes con dar resultados a la ciudadanía sonorense, en particular al gremio periodístico, que con mucha razón alzó la voz, la Gobernadora desde el momento mismo que sucedieron los hechos nos pidió que nos reuniéramos”.

Lo dijo el Secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella al anunciar que los integrantes de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, donde participan todas las instancias de gobierno relacionadas con la seguridad pública, se reunirán en San Luis Río Colorado, para dar seguimiento y pronta solución al ataque donde perdió la vida el periodista Santiago Barroso.

Gracias por su atención, hasta el miércoles si Dios quiere. ¡¡Salud!!

Nos puede seguir en Twitter @CanoFrancoR

También nos puede escuchar a través de la señal de Radio Sonora (94.7 FM) de lunes a viernes, en horario de 13:00 a 15:00 horas, en la Segunda Emisión de Noticias.

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