La SCJN invalida cobros a Ayuntamientos de Sonora

0
38

El Juglar de la Red

Por Rafael Cano Franco

En su reunión de ayer la Suprema Corte de Justicia invalidó varias disposiciones contenidas en las Leyes de Ingresos y Presupuesto de ingresos de varios ayuntamiento de Sonora que incidían directamente en cinco temas: acceso a la información, libertad de expresión, impuesto adicional, libertad de reunión y discriminación.

En materia de acceso a la información, la SCJN determinó que “se consideran violatorias del principio de gratuidad, el cual implica que el Estado sólo puede cobrar el costo de los materiales utilizados para su reproducción, envío y/o la certificación de documentos, siempre y cuando esas cuotas se establezcan o fijen a partir de una base objetiva y razonable de los insumos utilizados, correspondiendo a los Congresos  motivar el procedimiento legislativo de dicha situación”.

Algunos Ayuntamientos tienen contemplado cobrar por “escaneo” y “digitalización”, pero resulta que ambas actividades son propios del acceso a la información y no pueden tener costo alguno; además también hay una diversidad de cuotas por la información entregada en disco compacto, USB o algún otro medio magnético, pero esos cobros no fueron explicados por el Legislativo que los aprobó, ni tampoco son justificados.

En los ayuntamientos de Agua Prieta y Arizpe se eliminó la obligación de dar avisos a las autoridades para organizar desfiles, reuniones, marchas, manifestaciones, inauguraciones, exhibiciones y celebraciones de eventos diversos; estas medidas, según determinó la SCJN, son irracionaes y restrictivas de los derechos de reunión, libertad de expresión y libertad de difundir opiniones, información e ideas.

En el Ayuntamiento de Agua Prieta se ha presentado con regularidad una persecución por parte de las autoridades municipales de personas que disienten de las actividades realizadas por la autoridad municipal y se hostiga y acosa a periodistas que critican al gobierno de ese Ayuntamiento.

La Suprema Corte también invalidó leyes y preceptos en Agua Prieta y Arizpe donde se establecen multas por la interpretación o reproducción de canciones obscenas en vía pública; por la expresión  en cualquier forma de frases injuriosas o irrespetuosas en reuniones o lugares públicos contra las instituciones públicas y sus servidores, así como por la inscripción de frases injuriosas o irrespetuosas en un vehículo.

Esta determinación emitida por la Suprema Corte considera que se “dejaba un marco de apreciación muy amplio a la autoridad para determinar discrecionalmente cuándo se está frente a un insulto o una canción obscena, lo que lejos de brindar seguridad jurídica, genera incertidumbre para los gobernantes”.

La SCJN también eliminó en diversos municipios los llamados “impuestos adicionales”, que se tratan de un gravamen al importe total de los pagos realizados por los contribuyentes por concepto de impuestos y derechos municipales. Este impuesto adicional es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, además de que no se consideraba la capacidad contributiva de la persona obligada.

También se eliminó el cobro que hacen varios Ayuntamientos de Sonora por la expedición de anuencias o autorizaciones municipales para la realización de fiestas sociales o familiares en casa particular, esto afecta el derecho de reunión  de los mexicanos y afecta el principio de proporcionalidad tributaria en materia de derechos.

También se invalidó la disposición que establecía multas a los operadores del servicio de transporte pública que negaran el acceso a las unidades a personas en estado de ebriedad, faltos de aseo o a limosneros, al resultar discriminatoria y violatoria del Artículo 1 de la Constitución Federal.

De todo lo anterior se deduce que se pueden cantar todas las tonadas, aunque no les gusten a los alcaldes; se pueden pintar todo tipo de leyendas en contra de las autoridades municipales, estatales o federales siempre que no afecten propiedades privadas; se pueden organizar desfiles, marchas, fiestas y reuniones; pero además hay que estar alerta porque no sabemos quien nos va a tocar como compañero de viaje en el camión.

Tips cortitos pa´no enfadar:

1.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a varios integrantes del Instituto Estatal Electoral de Sonora, eso es correcto y si alguno de ellos se le comprueba cometió irregularidades en el desempeño de su responsabilidad deberán asumir las consecuencias e igualmente, si no cometieron delito alguno deben ser absueltos.

No es malo que se investigue; lo que sí se recrimina es la actitud mafiosa que asume la Delegación Sonora de la FGR, cuyo delegado Pavel Núñez asumió la investigación como una forma de persecución y acoso judicial a los involucrados.

La forma facciosa asumida por Pavel Núñez llegó al grado de acudir a la casa de los padres del Consejero Daniel Rodarte para buscarlo; el papá y la mamá son adultos mayores, enfermos y para nada están relacionados con la investigación, de ahí que esta acción es solamente un modo de acoso y hostigamiento para ejercer presión en contra de Daniel Rodarte.

Si la intención era citarlo, entrevistarlo o llevárselo detenido, bien pudieron localizarlo en su oficina del Instituto Estatal Electoral de Sonora, donde el Consejero despacha.

Es una lástima que la oportunidad de hacer justicia se distorsione por cuestiones políticas y que además se deje de lado la institucionalidad para actuar como auténticos mafiosos.

2.- La renuncia de Jaime Cárdenas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), no solamente se suma a la ya larga lista de funcionarios que deciden dejar el barco pilotado por Andrés Manuel López Obrador para buscar nuevos horizontes y no ser luego señalados como responsables de un fracaso que cada vez se avizora más cercano, también deja en claro que la corrupción en la llamada 4T es una práctica tan común como lo fue en el pasado.

Jaime Cárdenas, que dejará el cargo a partir del 30 de septiembre apenas duró tres meses,  se va pero antes deja en claro que en el INDEP desaparecieron joyas, actos de corrupción que fueron denunciados ante la FGR, hay contratos favorables a las empresas y lesivos para INDEP, conductas de servidores públicos contrarias a las normas; pero además, en dos años que tiene el INDEP en funciones tiene muchas deudas: se deben mil millones de pesos por concepto de laudos laborales que se encuentran en ejecución y que corresponden a las liquidaciones de “Ferrocarriles Nacionales de México” y “Luz y Fuerza del Centro”.

El INDEP está sumido en una grave crisis financiera, pues además de recuperar muy poco, gasta mucho: se les debe a proveedores, empresas de seguridad y administración de almacenes.

Curioso, pero este organismo creado por el presidente López Obrador, en lugar de generar recursos importantes para el erario,  por la mala planeación con la cual se diseñó, por la rapiña de los funcionarios y por ser una cueva de ladrones, ya empezó a dar dolores de cabeza y en lugar de aportar, quita.

Otros Juglares:

–“El INDEP es tanto un cofre de recursos importantes, pero no inagotables, para que el Gobierno Federal realice su política social y prioritaria. Así como un espacio institucional de graves riesgos”.

Lo dijo Jaime Cárdenas en la carta renuncia donde anunció su salida del Instituto Para Devolver al Pueblo Robado señalando que ese organismo de muy reciente creación es un nido de corrupción, raterías de joyas y otros artículos, además de estar sumido en un grave problema de deudas.

Gracias por su atención, hasta el jueves si Dios quiere. ¡¡Salud!!

Nos puede seguir en Twitter en @CanoFrancoR También puede conocer nuestra opinión periodística en Facebook en Rafael Cano Franco “El Juglar de la Red”

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here