Las malas decisiones se pagan

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Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la suspensión de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), todos sabíamos que tendría un costo multimillonario y que las pérdidas de dinero serían de alto impacto porque tendría un costo doble sin beneficio alguno.

El costo doble está representado en la inversión ya aplicada de más de 80 mil millones de pesos y en el pago de las demandas a los tenedores de bonos, que no tiene un cálculo exacto; no hay beneficio desde el momento en que nos quedamos sin la obra.

Por donde se quiera ver, la decisión de cancelar el NAIM fue un muy mal negocio para México.

El problema se agrava porque la empresa estadounidense “BlackRock”, la mayor tenedora de bonos no aceptó de nueva cuenta la propuesta que le hizo la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de pagarles a 10 dólares cada bono, lo cual representa cerca de 120 mil millones de pesos.

Los tenedores de bonos “huelen” la necesidad que tiene el gobierno de México para comprarles de inmediato y se dan el lujo de rechazar las propuestas que hace la Secretaría de Hacienda de nuestro país. Saben que al paso del tiempo pueden obtener mejores ofertas y con ello más ganancia por la inversión que hicieron.

Esta situación ya no es ajena para los ciudadanos, de hecho nunca lo fue pero ahora tiene impacto directo en el bolsillo de los viajeros; resulta que para financiar el pago de los bonos, se anunció un incremento de 10 dólares para los viajeros nacionales y de 20 dólares para los extranjeros de la Tarifa de Uso Aeroportuaria (TUA).

Ese aumento no será absorbido por las aerolíneas comerciales sino que ira directo al costo del pasaje de avión y todo para pagar una obra que no va a existir porque está cancelada.

Otra mala decisión que se acaba de anunciar el presidente Andrés Manuel López Obrador es la cancelación de la Reforma Educativa que se aprobó hace cuatro años y que tenía tres años de estar en vigor.

Eliminar la Reforma Educativa lleva implícito desaparecer el Instituto Nacional de Evaluación Educativo, un organismo que aplicaba las pruebas a los maestros y evaluaba a los alumnos, con ello ubicaba fallas estratégicas en el sistema educativo de México para emitir recomendaciones de mejora.

La Presidencia de la República argumentó que eliminar la Reforma Educativa fue para  cumplir a los maestros de México; sin embargo eso conlleva una visión reduccionista porque se olvida de la opinión de los padres de familia, pero particularmente obvia el impacto que tiene en los escolares.

La decisión es a todas luces negativas, no solamente por quitar aquello que funcionaba bien; es una medida regresiva sin mayor afán que satisfacer a un grupo minoritario que perdió privilegios, pero además no hay una definición de la nueva estrategia educativa en México y eso significa que volveremos a lo que teníamos antes, lo cual no era bueno.

Pero no solo eso, la propuesta educativa pretende eliminar la autonomía universitaria, eliminar los concursos de oposición para que al sector educativo ingresen solamente los mejores perfiles; pero lo más grave es que busca eliminar la libertad de cátedra e investigación y el autogobierno de las instituciones de Educación Superior.

El punto aquí es que esas decisiones, que fueron anunciadas desde la campaña y por tanto no pueden calificarse como sorpresivas, tienen un impacto directo en sectores estratégicos como son el de los trasportes y el educativo.

Son decisiones consumadas, una que va a costar una millonada a las finanzas de los mexicanos; la otra que nos va a regresarnos a un sistema educativo que fracasó rotundamente.

 

Tips cortitos pa´no enfadar:

1.- La alcaldesa Célida Teresa López Cárdenas anunció el recorte de 600 trabajadores, entre personal de confianza y sindicalizados, lo que representaría un ahorro en el pago de nómina de 300 millones de pesos anuales.

La medida de ninguna manera puede considerarse negativa, acaso puede ser debatible que tenga dinero para indemnizar trabajadores y no para mejorar los servicios públicos, pero siempre que se adelgaza nómina es una buena decisión porque genera ahorros.

El gobierno del estado también anunció recortes de personal, con la diferencia que no tocarán sindicalizados y es aquí donde aparece la figura del líder sindical de los burócratas municipales, Salvador Díaz Holguín con quien seguramente ya se acordó ese recorte y esperaremos emita su postura.

Si Díaz Holguín pactó con Célida López tendrá un serio problema con su base sindical, pero si no hay acuerdo entre Sindicato y Ayuntamiento la situación se va a complicar para la alcaldesa Célida López.

 

2.- La alcaldesa de Nacozari de García, María Juana Romero presentó una demanda en contra del ex alcalde Eduardo Encinas y otros dos ex funcionarios del Ayuntamiento anterior por presuntos actos de corrupción que suman 3 millones de pesos.

Aquí lo importante es que se trata de la primera autoridad municipal que acude a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora para presentar una demanda formal en contra de un funcionario que le antecedió en el cargo.

Mucho se oye de los actos de corrupción que cometieron los ex alcaldes de Guaymas, Cajeme, Hermosillo, Empalme, Nogales y San Luis Río Colorado; pero ninguno de esos Ayuntamientos han presentado una denuncia formal ante las instancias correspondientes.

Es más, los ex funcionarios del Ayuntamiento de Hermosillo que habían sido citados, dejaron plantados a sus citadores y en el caso de Empalme el ex alcalde ya les dijo que no acudiría porque “todo se hizo bien”.

 

3.- El próximo 19 de diciembre la burocracia estatal sale de vacaciones, de ahí que esa fecha se convierte en el plazo fatal para que la gobernadora Claudia Pavlovich haga cambios en su gabinete o anuncie quienes asumirán la titularidad de las Secretarias que operan con la figura de Encargado de Despacho, pero estoy seguro que no sucederá ninguna de las dos situaciones.

La verdad es que hacía afuera se notan la necesidad de algunos ajustes en el gabinete de la gobernadora Claudia Pavlovich, pero ella, con la última palabra en el tema, simplemente está convencida de que quienes están lo hacen bien y por ello los mantiene.

 

4.- Agentes Ministeriales de Sonora ejecutaron órdenes de aprehensión contra dos ex funcionarios del Ayuntamiento de Nogales 2012-2015; uno de ellos fue el ex tesorero Luis Fernando Córdoba Valdés Barba, quien ocupó ese cargo los últimos 8 meses del gobierno priísta que encabezó Ramón “Aplausos” Guzmán.

La investigación en su contra data desde principios del 2016, cuando fue citado por la entonces Fiscalía Especial Anticorrupción y también por la Procuraduría General de la República (PGR) y al no presentarse fue obligado a declarar mediante una orden de presentación.

La acusación es por el delito de peculado, por desvío de recursos municipales, por un monto que asciende a los 8.3 millones de pesos y la sanciones van desde los 6 años a los 12 años de cárcel, una mula que oscila entre 10 a 300 días y la inhabilitación para ocupar cargos públicos que puede ser de entre 6 meses a 12 años.

Junto con él, se ejecutó orden de aprehensión contra otro ex funcionario y se anuncia que quedaron pendientes de ejecutarse más órdenes de aprehensión.

 

Otros Juglares:

–“Tenemos total disposición  de trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal, para aplicar las estrategias de seguridad necesarias, ya que sólo a través del trabajo trasversal se pueden conseguir los resultados que Sonora necesita”.

Lo dijo la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al expresar su acuerdo de trabajar de manera coordinada en estrategias y acciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos frente al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, ante quien refrendó total respeto ante el eventual nombramiento del Secretario Técnico Federal, quien será el enlace en las entidades para atender temas de seguridad pública.

 

Gracias por su atención, hasta el viernes si Dios quiere. ¡¡Salud!!

 

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