No hay un plan de rescate real

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El Juglar de la Red

Por Rafael Cano Franco

La diputada María Dolores del Río Sánchez le puso el cascabel al gato al presentar una iniciativa de exhorto al Ejecutivo de Sonora para que no se vendan los inmuebles de los estadios “Tomás Oroz Gaytán”, en Cajeme y el “Héctor Espino González” en Hermosillo, además de evitar también la venta de “La Sauceda”.

La diputada esgrime que los dos estadios son patrimonio histórico deportivo y cultural de Sonora, mientras que el parque “La Sauceda” es un espacio público que debe preservarse para ofrecer sitios de esparcimiento a las familias de Hermosillo.

La venta de esos inmuebles es una propuesta que viene desde el gobierno de Guillermo Padrés Elías y que ahora retomó el de Claudia Pavlovich Arellano, el fin sigue siendo el mismo resarcir el daño financiero que padece el Isssteson.

Vender esos bienes públicos es una salida a la mano, quizá la más sencilla para dotar de fondos frescos a Isssteson, el problema es que se trata de una inyección que sana de momento, pero no alivia de manera definitiva la situación por la cual atraviesa esa institución.

No puede negarse que el gobierno actual ha sido responsable en las aportaciones que realiza al Isssteson, incluso ha financiado con recursos propios el sistema de pensiones, eso viene representado un egreso de cientos de millones de pesos, que al paso de los años no podrá seguir sosteniéndose.

Desde el Isssteson también han asumido actitudes diferentes y emprendieron acciones legales para evitar el saqueo al que era sometida la institución por despachos que encontraron una “industrial legal de la demanda” que implicaba mil 500 millones de pesos en la recategorización de las pensiones; al final de cuentas el Instituto logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le diera razón y eliminó ese problema.

Pero más allá de la responsabilidad con la cual asume sus compromisos el Gobierno de Sonora y de las acciones emprendidas por la dirección actual del Isssteson, todavía se adolece de un auténtico plan integral que permita la sobrevivencia de esa institución.

Vender los bienes públicos para remediar los males que afectan a Isssteson, también tiene implicaciones de impunidad. Baste recordar que a la fecha no existe ningún ex funcionario de la institución detenido o con carpetas de investigación que estén por resolverse para ser sancionados por algún delito relacionado al daño patrimonial que se cometió con Isssteson.

La situación que ahora vive Isssteson no es producto de la casualidad, tampoco tiene que ver con factores de fluctuaciones financieras.

Este problema, que postró a la Institución al borde de la quiebra financiera, deriva de las malas decisiones tomadas por sus directivos anteriores, del saqueo constante y del derroche permanente que aún continua, del incumplimiento de las obligaciones, de los favores políticos y de la indolencia para obligar a que los entes obligados a aportar las cuotas lo hagan en tiempo y forma.

Es muy fácil darle un tanque de oxígeno al Isssteson con la venta de los inmuebles, eso representa para este gobierno salir del problema temporalmente, al menos por los próximos dos años, pero de ninguna manera representa la solución real a la crisis que se enfrenta.

Vender los inmuebles es solamente recetar aspirinas para un cáncer.

Si a la par de la propuesta de vender esos inmuebles también se apareja un plan integral de solución; se presiona a la Fiscalía Anticorrupción para que sea más ágil en los procesos de investigación que lleve a castigar a quienes fueron omisos en sus obligaciones con la Institución o fueron parte del saqueo descarado y si a todo ello se agrega un nuevo esquema legal en el manejo de Isssteson, se podría considerar la propuesta de vender esos bienes públicos.

La venta como está planteada solamente representa inyectarle dinero bueno al malo; si se quiere, es meterle dinero a un barril sin fondo y representa deshacerse del patrimonio de los sonorenses para resolver un problema particular que fue generado y permitido desde el gobierno mismo.

No creo las razones para evitar la venta sean las que expone Dolores del Río; pero las razones que expone el gobierno de Sonora para vender, tampoco son las correctas ni están orientadas a resolver el problema de raíz.

Tips cortitos pa´no enfadar:

1.- La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano sigue siendo muy bien evaluada por los ciudadanos de Sonora y eso la ubica como uno de los cinco gobernantes mejor evaluados de México.

Pavlovich Arellano se ubica en la tercera posición, con un 53.7 por ciento de aprobación; la superan el recién electo gobernador de Yucatán (60.2 %) y el de Sinaloa (53.9%); estando debajo los mandatarios de Durango con 50.7 por ciento y el de Tamaulipas con 46.2 por ciento.

En lo que se conoce como “Índice de Confianza” la gobernadora Pavlovich Arellano ocupa la primera posición, lo cual ha sido una constante en sus cuatro años de gestión gubernamental y eso, créame, no es producto de la casualidad sino de un trabajo constante.

2.- El gobierno de Hermosillo sufrió un recorte de 45 millones de pesos, del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y lo curioso es que, salvo la voz del regidor Carlos León, desde la Comuna nadie más se molestó, ni siquiera la alcaldesa Célida López Cárdenas, quien con una actitud complaciente se quedó de brazos cruzados y contempló el “tijeretazo” presupuestal.

Lo más triste es que en materia de seguridad pública, todo está alineado para que Hermosillo obtenga mayores beneficios presupuestales: el gobierno federal es de Morena, todos los legisladores federales electos (diputados y senadores) son de ese partido; el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, es sonorense y a pesar de toda esa conjunción astral, no se hicieron las gestiones debidas y el recorte llegó a un área de prioritaria importancia.

La alcaldesa Célida López, tan buena para fustigar a sus opositores, no ha sido tan agresiva con sus aliados políticos para decirles, con ese lenguaje que tanto le gusta y que dice no dejará de usar: ¡¡¡Ya ni la chingan!!!

3.- En el mamotreto que se vive en Bácum, si algo ha sido notorio es la ausencia del Congreso del Estado; los diputados simplemente se desatendieron del caso y ahora que el Cabildo de ese municipio determinó nombrar a Francisco Villanueva como alcalde, resulta que los diputados salen a decir que deben recomponer el procedimiento porque lo hicieron mal.

El grado de ausencia del Congreso es tan extremo que todavía alegan no han sido notificados de la situación que priva en ese Ayuntamiento, como si ellos estuvieran impedidos legalmente de preguntar.

Lo cierto es que mientras los diputados asumen la parte de responsabilidad que les corresponde, entre ellos Montes Piña, coordinador del PES; es bueno recordarles que por su pasividad, que bien puede ser complicidad, han pasado cuatro meses sin que el Ayuntamiento de Bácum tenga un alcalde.

Otros Juglares:

–“No podemos hacernos de la vista gorda ante los grandes inconvenientes que les ocasiona el no contar con agua potable para sus necesidades básicas, para aguantar las altas temperaturas. La gobernadora Claudia Pavlovich lo ha resaltado en varias ocasiones, la premisa del Gobierno del Estado es que las familias, especialmente las que están en condición de vulnerabilidad, mejoren su calidad de vida.

“Los funcionarios no podemos estar esperando a que nos vayan a contar las cosas, debemos estar en contacto cercano y permanente con los ciudadanos y en Sedesson así lo seguiremos haciendo”.

Lo dijo el Secretario de Desarrollo Social de Sonora, Manuel Puebla Espinoza de los Monteros, al anunciar que ante la demanda de las familias de la comunidad Yaqui de Pótam, esa dependencia iniciará los trabajos de ampliación de la red de agua potable en ese lugar.

Gracias por su atención, hasta el viernes, si Dios quiere. ¡¡¡Salud!!!

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