Todas las autoridades reconocen que la inseguridad pública es el principal que deben enfrentar como gobierno; los ciudadanos, cuando se les pregunta, señalan que es la inseguridad el problema más grave que deben atender los gobiernos y sin embargo en Sonora tenemos 15 días sin un Secretario de Seguridad Pública.
Hoy se cumplen dos semanas de las renuncias presentadas por Adolfo García Morales a la secretaría de Seguridad Pública y Rodolfo Montes de Oca Mena a la Fiscalía General de Justicia; en el caso de este último se entiende que hay un proceso a seguir y seguramente será a principios de noviembre cuando el Congreso del Estado designe al nuevo titular de esa área.
Pero en el caso del Secretario de Seguridad Pública es una atribución que compete a la gobernadora Claudia Pavlovich.
Si bien existen elementos para justificar la demora, también hay hechos de violencia que no pueden dejarse pasar y menos cuando Sonora está ubicado entre las 10 entidades de México con problemas de violencia.
De hecho, han sido constantes las alertas que lanza el Consulado de Estados Unidos a sus ciudadanos y funcionarios para que no viajen a Sonora; esa mala recomendación es motivo suficiente para dejar constancia de la importancia que representa la figura de un Secretario de Seguridad Pública.
Pero además, los hechos de violencia no se han acabado; luego de las renuncias de García Morales y Montes de Oca Mena, se presentó una breve tregua donde los grupos del crimen organizado se aplacaron en su lucha por controlar las plazas sonorenses, pero ayer volvieron a las andadas y regresó el derramamiento de sangre en Ciudad Obregón.
Si bien la gobernadora Claudia Pavlovich se toma su tiempo para designar funcionarios –en la SEC hay un encargado de despacho que ya cumple 9 meses–, la seguridad pública como área estratégica y de impacto social inmediato no puede permanecer tanto tiempo sin un titular que atienda la problemática que atañe directamente a esa área.
Pero además, mientras más se tarden en nombrar un responsable de seguridad pública, las bandas criminales no tienen frente a sí a nadie que se les oponga, por más que los jefes y los policías salgan a trabajar todos los días.
El punto aquí es la estrategia a seguir para combatir la inseguridad pública, no el desarrollo de las labores cotidianas que realiza la Secretaría de Seguridad Pública, las cuales obviamente no se detienen; sin una estrategia definida, vamos a la deriva y esa la define quien llegue a dirigir esa dependencia.
Hay áreas gubernamentales que no pueden darse ciertos lujos como no tener un titular y la seguridad pública es una de ellas.
#Conlosperiodistasno
El gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo la mala idea de censurar a la periodista Carmen Aristegui luego de que ella y su equipo descubrieran el caso “Casa Blanca” que se convirtió en el referente de corrupción del gobierno actual.
Fue un acto de censura y acoso contra periodistas que no tuvo justificación; el miércoles pasado, la periodista Carmen Aristegui volvió a la radio y por ello hubo múltiples manifestaciones de aprecio.
Pero justo el día que ella regresaba, una nueva injusticia se cometía; la víctima fue el periodista Jorge Ramos, editor del periódico “El Universal” quien fue despedido luego de que Beatriz Gutiérrez Mueller, esposa de Andrés Manuel López Obrador se quejara por una fotos que publicó ese medio de su hijo más pequeño.
Si el señor Jorge Ramos cometió o no un error al publicar esas fotos, es tema de otro debate porque existen elementos muy claros de que la exposición de los hijos es una costumbre de los políticos; los exponen públicamente y luego no aceptan las consecuencias de llevarlos ante la opinión pública.
El asunto es que el escándalo que armó la señora Gutiérrez Mueller, entendible por tratarse de su hijo, determinó que Jorge Ramos y otros cien empleados de “El Universal” perdieran sus trabajos.
El señor Ramos no tiene el nombre ni es tan conocido como Carmen Aristegui, pero eso no lo hace menos periodista que ella; el acto de censura y la presión ejercida desde el poder es tan ominoso con ella, como ahora lo es con el periodista, es un acto de intolerancia que tampoco se puede aceptar.
Si la tónica del futuro gobierno va a ser la intolerancia con los periodistas que les plantean temas incómodos, entonces vamos a ser testigos de un linchamiento constante por parte de los seguidores y los voceros a modo que ya tiene el futuro régimen.
La mitad de secundarianos consume drogas
la Doctora Isabel Batriz, quien hasta hace algunos días firmaba como directora general de la Clínica San Gabriel, especializada en tratar temas de salud ligados con adicciones, es la actual coordinadora de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito en el Ayuntamiento de Hermosillo.
Ayer, la doctora Batriz dio una cifra que es para parar los pelos de punta; reunida con los periodistas que forman la llamada “Mesa Cancún”, aseguró que el 50 por ciento de los alumnos de secundaria consume o ha consumido drogas.
El dato es para alertar a las autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura, pero también para que los padres de familia pongamos una mayor atención a las actividades de nuestros hijos.
Si el dato es exacto, estamos hablando de casi 80 mil jóvenes que han tenido contacto con drogas, una cifra apabullante e indicativa del grave nivel de afectación en materia de adicciones.
Isabel Batriz, como experta en el tema de las adicciones y los efectos que tienen las drogas en quienes las consumen, también se mostró en contra de la legalización de la mariguana, basa su negativa en el hecho irrefutable de que la cannabis tiene los mismos efectos que las metanfetaminas, pero a más largo plazo.
Otros Juglares:
–“Todos los contratos pasan por licitaciones y un comité de adquisiciones con participación de Contraloría, comisarios públicos y ciudadanos y también integrantes del Consejo Consultivo.
“Pensé que podría tratarse de una desinformación o confusión; sin embargo no se mostró contrato, ni el nombre del supuesto señalado, por lo que sólo resta suponer que esto obedece a un despropósito político”.
Lo dijo el ex administrador de Agua de Hermosillo, Héctor Parra Ramírez al señalar que la acusación hecha por la alcaldesa Célida Teresa López Cárdenas de que Juan Pablo Acosta Gutiérrez, hermano del ex alcalde Manuel Ignacio “Maloro” Acosta, fue beneficiado con contratos por el Organismo Operador, es falsa y sumamente delicada porque no existen documentos que prueben las aseveraciones que hizo López Cárdenas.
Gracias por su atención, hasta el lunes si Dios quiere. ¡¡Salud!!
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