Los acuerdos pactados entre Grupo México y las principales cúpulas de poder en nuestro país han sido inquebrantables, esto para conveniencia de la empresa, lo cual causa grandes daños físicos a las personas y al medio ambiente en toda la geografía nacional, al priorizar el incremento de sus ganancias a toda costa, sin importar las consecuencias.
Independientemente el partido político que esté al frente del Gobierno Federal, Grupo México ha sabido negociar, debido a la grandeza de sus ganancias al explotar cobre, oro, plata y otros metales; ha hecho lo que quiere.
Fue durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando este poderoso consorcio empresarial adquirió las minas claves de Sonora, ubicadas en Cananea y Nacozari, era la política privatizadora del “Salinato” que terminó por entregar empresas claves a sus amigos.
Sin embargo, desde ese entonces ha provocado imperdonables daños, específicamente en los alrededores de estas dos minas sonorenses, trabajando de manera impune y sin el menor respeto por las leyes ambientales, laborales o de salud, debido a que a pesar de todos los delitos cometidos simplemente no hay autoridad capaz de aplicarles rigurosamente la ley.
Recordemos el derrame de 40 mil litros de sulfato de cobre que se vertió a los ríos Sonora y Bacanuchi. Fue la propia empresa minera la que alertó a las autoridades de esa situación, pero lo hizo 24 horas después de haber contaminado y en franca violación a las normas ecológicas, no le importó el peligro al que expuso a las 20 familias de esa región que estuvieron en grave riesgo de ser afectados en su salud por la peligrosidad del tóxico derramado.
A pocos días de cumplirse dos años del daño ecológico más grande de México, como lo calificaron las autoridades ambientales, Grupo México ha dado muestras de estar por encima de las leyes y su impunidad se extiende a no resarcir en su totalidad los daños causados en el Río Sonora.
Es un lavadero de manos.
A través de un estudio realizado por especialistas en medicina de Estados Unidos, realizado luego del derrame de tóxicos: de cada mil pobladores, el 76 por ciento de la población de los municipios de la cuenca del Río Sonora resultó con problemas en la piel.
Ayer, en el Congreso de la Unión, la diputada perredista y oriunda de Sonora, Cecilia Soto González, presentó dos puntos de acuerdo para exigir a la empresa minera “Buenavista del Cobre”, rinda cuentas por los daños que ha provocado durante los últimos años en Sonora.
A través de la iniciativa de la diputada perredista se aprobó exhortar al Gobierno Federal que investigue a la minera Grupo México, esto respecto a la falta de cumplimiento de las acciones de restauración, remediación ecológica y productiva en el Río de Sonora, esto causados por los derrames y filtraciones constantes de residuos contaminantes, de las presas de jales y represos diversos, provenientes de la misma empresa minera, ubicada en Cananea Sonora.
También exhortó a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, que a través de una comisión permanente exija a Grupo México un informe sobre las causas del accidente del pasado 3 de mayo, en donde perdieron la vida: Hanssel Guadalupe Suárez Sarmiento, Germán Bernardo Acevedo Carrera y Fabián Villa Caro, trabajadores de “Buenavista del Cobre”, al ser arrollados por un tracto-camión de 365 toneladas.
En dicho dictamen, se solicitó a la dependencia Federal en materia laboral que realice una revisión de las medidas correctivas en materia de seguridad laboral, aceptadas en su momento por la empresa minera y el estado actual de su cumplimiento, esto con motivo de las quejas constantes realizadas por los empleados mineros que a diario sufren las negligencias de Grupo México.
Así mismo, los diputados federales aprobaron como segundo punto de acuerdo que sea la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien demande un informe sobre las medidas que se dictaron para la remediación de los daños ambientales, causados por Grupo México en la contaminación del Río Sonora y Bacanuchi.
En esta exigencia a la Semarnat, los integrantes del Congreso de la Unión agregaron que “Buenavista del Cobre” deberá ser notificada por las demandas y sanciones que ya fueron establecidas, al no cumplir con los estatutos que se le plantearon durante los primeros encuentros entre el Gobierno Federal y Grupo México, así como las que surjan durante la próxima revisión.
Deberá dar a conocer el impacto de los mismos contaminantes señalados, en los distintos productos agropecuarios de las parcelas que utilizan agua de toma directa del cauce del río, de norias, cárcamos, represas y pozos derivados del agua del río.
También deberán monitorear la evolución, la vigilancia y atención médica suficiente y oportuna sobre las distintas enfermedades y daños a la salud humana causada, desde la fecha del derrame de sustancias peligrosas productos de las actividades de la extracción minera del Grupo México en detrimento de los habitantes de los pueblos y rancherías del Rio Sonora.
Aun con estas problemática, a finales del año 2017, el corporativo de Grupo México planea la restructuración y ampliación de las minas que explota en los municipios de Cananea y Nacozari, en el estado de Sonora.
¿Qué vale más, el interés colectivo y la recuperación del medio ambiente, la salud, el bienestar y la capacidad productiva de los ciudadanos de las comunidades fectadas por la contaminación, o el interés privado de una empresa -el Grupo México- que a toda costa pretende forzar todo lo que sea para producir 510 mil toneladas de cobre refinado este año, o el año próximo?
La respuesta a esta pregunta se tiene que dar con hechos y acciones decididas, a fondo, que incluyen la opción de luchar legalmente para retirarles a Germán Larrea y a su empresa, Grupo México, la concesión de explotación de esas minas tan lucrativas de Sonora.
Gracias por su tiempo.
