La aplicación de sanciones a los servidores públicos y a los particulares que incurran en actos de corrupción, quedaron establecidas en el primer Sistema Estatal Anticorrupción del país, que fue aprobado por unanimidad este jueves en el Congreso del Estado de Sonora.
La aprobación del decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, primer estado que instituye como uno de los principales puntos la obligación constitucional de presentar la declaración patrimonial, fiscal y de intereses, nombrada comúnmente como la “Ley 3 de 3”.
“Este sistema crea las bases, condiciones y lineamientos para una coordinación de todos los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal, así como de la sociedad civil en el combate a la corrupción, pues incluye un comité de participación ciudadana”, explicó el diputado priísta, David Palafox.
Queda establecido que el Congreso del Estado tendrá la facultad para legislar y definir las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones y sanciones, así como las que correspondan a los particulares que cometan faltas administrativas graves.
Durante la Sesión, los legisladores aprobaron sustituir la Procuraduría General de Justicia de Sonora, por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con el objetivo de brindarle autonomía constitucional y estará dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio.
El Procurador General de Justicia del Estado de Sonora que se encuentre actualmente en funciones, quedará designado y se ratificará en virtud de este decreto como Fiscal General de Justicia del Estado por el tiempo que establece el artículo 98 de esta Constitución.
También se deteminió la creación de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción y la Especial para la Prevención y Atención de Delitos Electorales, que contarán con autonomía técnica y operativa.
En el caso del Fiscal General quedó definido un plazo de 7 años para ejercer el cargo; mientras que los fiscales especiales lo harán por 5 años, esto con el fin de fortalecer la autonomía que se les otorga.
Dentro del plazo de ciento veinte días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto se deberá presentar por el Titular del Ejecutivo del Estado la iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
La Secretaría de Hacienda deberá proporcionar la suficiencia presupuestal a la Fiscalía General de Justicia del Estado para su debida integración y funcionamiento.
