Ciudad de México. Padres y familiares de las víctimas de la Guardería ABC marchan del Ángel de la Independencia a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social para exigir justicia a las autoridades por la muerte de 49 niños ocurrida el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora.

La manifestación estaba programada al Zócalo capitalino pero de último momento los padres cambiaron el rumbo ya que dijeron en este Instituto se colocarán las fotografías que cargan en el trayecto.

“¡No más bebés y niños muertos en las guarderías del país! Seguimos caminando. Seguimos levantando la voz. Y hoy también marcamos nuestras calles con un símbolo de memoria porque no queremos ciudades silenciosas que tapen la infamia con olvido. En sus grandes edificios, en sus avenidas turísticas, la aparente normalidad por fin se rompe: todos deben saber que el Estado mexicano debe las vidas y la felicidad de nuestros hijos e hijas”.

Acompañados por padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, los familiares de las víctimas de la Guardería ABC agregaron que aunque las autoridades pretendan ignorar o desviar sus miradas cuando lleguen a sus juntas, a sus oficinas o simplemente pasen por la calle “tendrán que ver estas letras del monumento que nos marcaron la vida; tendrán que ver el ABC en colores azul y rosa que años atrás fueron símbolo de alegría infantil y hoy nos recuerdan la deuda del Estado mexicano. Nos deben justicia, se la deben a los niños de México”.

Reiteraron que a ocho años del incendio demandan de nuevo al presidente Enrique Peña Nieto que cumpla su palabra empeñada en junio de 2002 “y que hasta este día ha sido vana. También exigimos a Raúl Cervantes, procurador de la PGR, que active eficazmente los mecanismos de procuración de justicia que hasta hoy han sido ineficientes en la averiguación previa que tiene a su cargo aún.

“Asimismo exigimos al magistrado del primer tribunal unitario en Hermosillo, Edmundo Páez Alcalá que actúe con celeridad y justicia. Le recordamos que se ha cumplido un año desde que está a cargo del expediente y obligado a resolver en segunda instancia las sentencias dictadas por el juez primero de distrito. Esperamos que no dilate la resolución, que dé el ejemplo y siente un precedente en impartición de justicia en un país donde la impunidad es la salida constante cuando hay un clara responsabilidad del mismo Estado”.

La Jornada

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