Por: Redacción
México será uno de los países de América Latina y el Caribe que registrará un mayor aumento en sus niveles de pobreza derivado del impacto económico del COVID-19, advirtió la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.
“En México sí habrá un crecimiento importante de la pobreza como de la caída del PIB (…) pero habrá que esperar a ver el resultado de las medidas que está tomando el gobierno para proteger a la población más vulnerable, los indígenas y adultos mayores”, explicó la funcionaria.
La CEPAL propone la entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020.
El debate sobre un ingreso ciudadano universal ha adquirido una mayor presencia ante la crisis sanitaria. Para su puesta en marcha es preciso determinar un monto por persona congruente con el objetivo de erradicar la pobreza y mejorar la distribución del ingreso, de acuerdo con informe especial COVID-19, titulado El desafío social en tiempos del COVID-19, presentado por la CEPAL.
En el caso de México, se han considerado dos opciones: otorgar un salario mínimo general o dar un monto equivalente a la línea de bienestar urbana o a la línea de bienestar mínimo urbana, que estima el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Si se otorgara una línea de bienestar mínima, equivalente al costo de la canasta alimentaria de las zonas urbanas, sería necesario un desembolso equivalente al 10,3% del PIB estimado para 2020. Un programa más cercano a los objetivos del ingreso básico universal y que otorgara un salario mínimo (unos 167 dólares mensuales) o un monto equivalente a la canasta alimentaria y no alimentaria (unos 144 dólares mensuales), elevaría el monto requerido al 23,5% del PIB en el primer caso y al 20,2% del PIB en el segundo.
Considerando estos montos, la implementación de un ingreso ciudadano universal se realizaría como un proceso de avance gradual de largo plazo
Según el reporte, los grupos especialmente vulnerables a la crisis socioeconómica serían las mujeres, las personas de estratos de ingresos bajos y medios-bajos, los trabajadores informales, las trabajadoras domésticas remuneradas, los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes, las personas mayores, la población rural, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes, y las personas en situación de calle.
Con información de: Cronica
