Por: Redacción
Investigaciones de organismos internacionales, y en conjunto con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C., revelan que al menos 18 escuelas ubicadas en siete estados de la República mexicana repiten patrones de violencia extrema en contra niños y niñas en edad preescolar.
La documentación evidencia que las víctimas son sacados de los institutos educativos para ser sedados y posteriormente, cometer diversos actos de abuso sexual en su contra.
Así lo revelan los testimonios de múltiples niños y niñas, quienes describen también la presencia de cámaras de video usadas durante los abusos. De acuerdo con las víctimas, se trata de un tipo de violencia severa e inusual que incluye rituales, escenificaciones y hasta el uso de excremento u orina y otras acciones extremas que han sido documentadas, como parte de la violencia sexual ejercida contra niños y niñas.
Los abusos han sido denunciados durante años por un grupo de académicos y activistas, quienes vienen exigiendo una investigación ante los organismo de justicia. Sin embargo, en 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) cerró la investigación con tan solo cuatro oficios en los que negó reconocer a los denunciantes como víctimas y también su posibilidad de impugnar la falta de investigación.
Los co-denunciantes en el caso son Karina Ansolabehre, Manuel Gil Antón, Maite Azuela, Lydia Cacho, Denise Dresser, José Guevara, Lorenzo Meyer, Juan Martín Pérez y Luis Daniel Vázquez junto con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C.
Antecedentes
Desde el 2008 la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. conoció del primer caso de explotación sexual infantil en escuelas. La violencia narrada por las víctimas, en edades de 3 y 4 años de edad, describen actos monstruosos a manos de adultos entre los que se incluyen autoridades educativas. Desde entonces, la oficina ha conocido de múltiples casos que involucra a maestros, personal de intendencia y hasta la directora de instituciones, quienes han realizado, de manera conjunta, abusos de diversos tipos en contra de niños y niñas.
La magnitud de estos actos reportan que las víctimas también fueron atadas, amagadas y penetradas de diversas formas denigrantes y humillantes que incluyeron el uso de papel sucio con excremento. Las víctimas describen, además, que fueron sacados de la escuela, sedados y posteriormente, amenazados con la exigencia de que guardaran silencio.
El escenario de abusos ocurrido en diversas escuelas públicas y privadas en México forma parte de una serie de patrones aberrantes de abusos sexuales realizados en contra de niñas y niños indefensos que se repiten de igual magnitud en países como Israel.
Así se evidencia en los testimonios de mas de 200 niños y niñas, quienes denuncian abusos muy similares en escuelas ortodoxas en Jerusalén, de acuerdo con investigaciones de Interpol y Homeland Security, quienes facilitaron el contacto con una serie de casos documentados en esa nación y ampliaron la investigación a México para conocer más sobre la magnitud de este patrón delictivo.
A través de información pública se documentan, hasta el momento, al menos 18 escuelas en siete estados de la República que reportan los mismos patrones.
Por su parte, la justicia mexicana mediante la Fiscalía General de la República (FGR) ha tenido conocimiento de estos casos desde hace años.
No obstante, cada uno se investiga de manera aislada como simples casos de abuso sexual que coinciden en una escuela.
En las investigaciones del organismo nunca se ha accedido a indagar el patrón delictivo más ampliamente como lo han denunciado la víctimas.
La Defensoría de los Derechos de la Infancia resalta que cuando los co-denunciantes exigen hacerlo, la FGR determina excluirlos de la investigación, bajo el argumento de que no son víctimas directas.
En consecuencia, al no tener vigilancia sobre su actuar, el organismo ha determinado el cierre de la investigación con base en cuatro oficios.
De igual manera, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha tenido conocimiento desde hace años de estos casos.
La respuesta del organismo ha sido no informar ante la policía o la fiscalía cada vez que recibe una denuncia sobre presuntos delitos graves en una escuela cometidos contra niñas y niños.
En su lugar, la SEP se investiga a sí misma, por lo que ante este procedimiento institucional es imposible distinguir la incompetencia del encubrimiento.
Debido al escenario de impunidad que ha dejado sin protección y acceso a la justicia a niños y niñas, tal como lo garantiza nuestro orden jurídico e internacional, quienes han sido víctimas de abuso, violencia extrema y tratos humillantes y denigrantes, los co-denunciantes sostienen cuatro peticiones a la justicia de la República mexicana:
1. Que se investigue debidamente y que se reconozca a los denunciantes como
víctimas con derechos para participar en la investigación.
2. Que se garanticen métodos especializados para escuchar las testimoniales de niños
y niñas.
3. Que se modifiquen los procedimientos administrativos de la SEP y se avise a la
policía de manera obligada ante cualquier denuncia de abuso sexual.
4. Que se garanticen escuelas transparentes, sin casas privadas dentro de la escuela, cuartos obscuros o salones ocultos.
Con información de: Cronica
