Por Redacción
El descubrimiento de 383 restos mortales apilados y sin cremar en un cementerio de Ciudad Juárez ha provocado una crisis de confianza en cientos de familias que actualmente se cuestionan si las urnas que obtuvieron realmente contenían los restos de sus seres queridos. El caso implica a seis empresas de funerales que supuestamente cobraron por servicios de cremación que nunca llevaron a cabo.
Desde el comunicado oficial, numerosas personas han presentado su solicitud ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para demandar transparencia. El escándalo ha intensificado el sufrimiento de familias que habían liquidado pérdidas sin pensar que podrían haber sido víctimas de un fraude.
Las reclamaciones y el descontento no solo se originan en los familiares. Silvia Méndez, activista y directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, demandó un análisis exhaustivo, destacando la falta de vigilancia institucional en un estado con más de 4.000 individuos desaparecidos, 1.300 de los cuales se encuentran en Ciudad Juárez.
“La Fiscalía debe agotar todas las líneas de investigación. Estas 383 personas tienen identidad y no deben ser revictimizadas”, reclamó.
Con información de: La Crónica
