Por Redacción
Luisa María Alcalde, la asesora jurídica de la Presidencia, declaró que el Gobierno federal ha conseguido un ahorro cercano a 5 mil millones de pesos debido a la supresión de lo que se conoce como «pensiones doradas». También negó que la gestión encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo haya retrocedido en cuanto a los límites fijados para las jubilaciones de exfuncionarios.
En la conferencia matutina en el Palacio Nacional, Alcalde aclaró que la Consejería Jurídica emitió un dictamen después de recibir consultas de varias entidades públicas acerca de la implementación de una reforma constitucional que establece un límite a las pensiones.
Explicó que la Constitución tiene dos menciones que podrían considerarse contradictorias: una que determinaba como límite el 50% del sueldo de la Presidenta de la República y otra que establecía como máximo el salario completo de la jefa del Ejecutivo.
En respuesta a eso, indicó que la Consejería decidió implementar el criterio más beneficioso para los jubilados, por lo que el límite máximo se fijó en la cantidad equivalente al salario de la Presidenta.
«Las instituciones debían aplicar lo más benéfico. Quienes estaban recibiendo la mitad del salario de la presidenta pasaron a recibir como tope máximo el salario de la presidenta», explicó.
Sin embargo, subrayó que eso no implica el regreso de las llamadas pensiones doradas, porque sigue en vigor la prohibición de que un individuo obtenga una pensión mayor a la remuneración de la titular del Ejecutivo federal.
«Es falso decir que nos echamos para atrás sobre las pensiones doradas. Las pensiones doradas ya no existen en nuestro país, porque ya nadie puede obtener un millón de pesos, medio millón de pesos mensuales», afirmó.
Hizo memoria de que antes de la reforma había exservidores públicos con pensiones mensuales que oscilaban entre 400 mil y un millón y medio de pesos, a pesar de haber desempeñado cargos por periodos breves, lo cual consideró un abuso.
Alcalde calculó que la suma de recursos ahorrados con esta medida es aproximadamente de 5 mil millones de pesos, cuando se le preguntó acerca del monto.
«Como 5 mil millones, más o menos. Que quede bien claro, porque todavía hay quienes quisieran regresar al pasado; es decir, es mi derecho recibir un millón de pesos. No, la Constitución es clara en establecer este tope», sostuvo.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que la redacción de la reforma constitucional generó interpretaciones distintas y adelantó que enviarán una modificación al Congreso para eliminar cualquier ambigüedad.
Explicó que la orientación emitida por la Consejería Jurídica fija como límite el salario de la Presidenta y que ese criterio será incorporado de manera expresa en la Constitución durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
«Sí lo vamos a hacer, porque sí quedaba claro que era contradictorio. La orientación de la Consejería Jurídica es poner el límite del salario de la presidenta y ahora que venga la nueva sesión del Congreso hacer el equivalente para que quede claro», señaló.
Con información de: El Universal
