Por Redacción
Leonardo Lomelí Vanegas, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que examinara el procedimiento mediante el cual Territorium Life fue contratada para administrar el examen de ingreso a licenciatura 2026.
La Universidad, además de esta revisión, comunicó ayer sobre otras dos auditorías a la compañía. Dichas auditorías fueron efectuadas por la Contraloría de la Universidad y una empresa especializada cuya identidad aún no se ha determinado.
«Esta solicitud tiene como finalidad evaluar la congruencia entre el contrato y la prestación del servicio, a fin de verificar la correcta aplicación de la normatividad en la materia, deslindar responsabilidades, si las hubiera, e identificar áreas de mejora», puntualizó el rector a través de un oficio con fecha del 4 de agosto de 2025 y dirigido a Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la ASF.
El abogado general de la Universidad, Hugo Alejandro Concha Cantú, y el secretario administrativo de la misma, Tomás Humberto Rubio Pérez, comunicaron en una reunión con medios el miércoles pasado que se llevarán a cabo tres auditorías en total: además de la que pidió el rector, se realizarán dos más; entre ellas, una a la plataforma utilizada para aplicar el examen.
A tal efecto, se nombrará, de manera consensuada entre la UNAM y Territorium Life, a una compañía especializada que revisará el método aplicado y el sistema utilizado. La empresa en cuestión aún no ha sido identificada.
Concha Cantú y Rubio Pérez hicieron pública la finalización anticipada del contrato con Territorium Life para iniciar el deslinde de responsabilidades, luego de que se encontraron irregularidades en el examen de admisión a licenciatura 2026.
La terminación implica finalizar con las obligaciones que establecieron la empresa y la Universidad en el contrato firmado en febrero de este año, lo que significa la entrega de todas las bases de datos de los exámenes, «para las revisiones posteriores, y en algunos casos acciones legales que la Universidad ha llevado a cabo», precisó Alejandro Concha.
«No se tiene ningún interés en proteger a la empresa», informó el abogado general, «pero tampoco tenemos ningún interés de acusar sin ninguna evidencia», puntualizó Concha Cantú.
Además, informó que la Universidad ha presentado cinco denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de entidades que hayan realizado servicios fraudulentos relacionados con el examen, y contemplan una más.
Con información de: El Universal
