Por Reuters
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso este viernes sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI), a las pocas horas de que una de sus antiguas juezas ganara el Premio Nobel de la Paz, lo que ha situado a Washington en una situación de conflicto diplomático con sus aliados europeos.
La administración estadounidense lleva tiempo mostrando hostilidad hacia la Corte y ya había impuesto sanciones a fiscales y jueces. La medida del viernes va mucho más allá, ya que podría castigar a las empresas que prestan servicios a la propia Corte.
«El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional juzgue a ciudadanos estadounidenses», dice el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado al que tuvo acceso Reuters antes del anuncio oficial.
«Por eso, hoy, Estados Unidos impone sanciones a la Corte Penal Internacional. Prohibiremos las transacciones con este tribunal rebelde, cortándole los recursos y paralizando su capacidad de funcionamiento».
Washington lleva mucho tiempo indignado por las órdenes de detención emitidas por la CPI contra funcionarios israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu, y por una investigación anterior sobre las acciones de soldados estadounidenses en Afganistán, que la CPI ya ha archivado.
El tribunal, fundado en 2002 para juzgar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, cuenta con 125 países como Estados miembros, incluidos todos los de la UE y todos los miembros de la OTAN, salvo Estados Unidos y Turquía.
En el pasado ha recibido un fuerte respaldo público de los países miembros, incluidos los principales aliados de Estados Unidos, como Países Bajos, donde tiene su sede.
Navi Pillay, la jurista sudafricana que el viernes ganó el Premio Nobel de la Paz por su labor en el ámbito de la justicia penal internacional, fue magistrada de la Sala de Apelaciones de la CPI entre 2003 y 2008. En su exposición de motivos, el comité del premio dijo que había pretendido «dar un recordatorio» en un momento en el que «los jueces y las instituciones del derecho internacional están siendo objeto de ataques políticos».
«Un sistema jurídico internacional en el que los criminales de guerra rindan cuentas y las víctimas de abusos vean cómo se hace justicia es una condición previa para un mundo pacífico», dijo el comité.
Rubio señaló que las sanciones se habían estructurado para dar al tribunal y a sus Estados miembros la oportunidad de abordar las preocupaciones de Estados Unidos.
No dio más detalles, pero un alto funcionario del Departamento de Estado señaló que el Tesoro emitiría una serie de licencias «para proteger los intereses estadounidenses», en lo que parece una referencia a exenciones temporales de algunas sanciones.
Las sanciones de Estados Unidos suelen prohibir a todas las empresas con sede en el país cualquier tipo de colaboración con una organización sancionada, lo que obliga a los bancos a cerrar cuentas, a las aseguradoras a rescindir las pólizas y a las empresas de software a suspender su cooperación.
Los funcionarios del Tribunal llevan meses preparándose para la posibilidad de que se impongan sanciones al propio Tribunal, cambiando el software de Microsoft de los ordenadores de las oficinas por equivalentes de código abierto y adoptando nuevas medidas en materia de banca y seguros médicos.
El secretario de la Corte, Osvaldo Zavala Giler, pidió a principios de esta semana que la UE esté preparada para utilizar el denominado «mecanismo de bloqueo», que le permite proteger a los países europeos de los efectos extraterritoriales de las sanciones.
