Con motivo del segundo año ocurrido el derrame de 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora, provocado por la empresa minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, los habitantes afectados realizarán una caravana de protesta por la falta de remediación por parte de la empresa y del Gobierno Federal.
Por ello, los Comités de Cuenca Río Sonora solicitaron el apoyo de la sociedad civil y de los más de 22 mil afectados habitantes del Río Sonora para realizar una caravana hacia el ejido de Bacánuchi, misma que saldrá de Hermosillo a primera hora de este sábado 6 de agosto.
Este ejido es la zona más cercana a Buenavista del Cobre, donde después de la caravana expondrán un manifiesto en las instalaciones del proyecto de expansión de la mina y acordarán emprender las nuevas acciones legales para buscar una resolución efectiva de los impactos del derrame y una atención adecuada de sus necesidades.
Los integrantes del CCRS detallaron que a través de solicitudes de información se descubrió que el derrame fue causado por la falta de cumplimiento por parte de la mina de la normatividad ambiental para el manejo de lixiviados, y por utilizar instalaciones que estaban en construcción, sin permisos para operar y que además no contaban con sistemas de detección y control de derrames.
La empresa de Germán no se ha hecho cargo de la remediación ambiental provocado por el derrame, ha ocultado información asegurando que el caso está cerrado, el río Sonora y Bacánuchi se encuentra limpio y se niega a entregar más recursos al fideicomiso creado por la empresa y el Gobierno Federal para dar atención a afectados.
Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) es una organización de habitantes de los municipios más afectados: Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, juntos exigirán a Grupo México sus acuerdos pactados.
Unidos los comités de cada municipio demanda atención médica, remediación de daños, reparación de tierras, de flora y fauna, las plantas potabilizadoras de agua, estudios médicos y ambientales, así como el pago acordado por el Fideicomiso del Río Sonora entre la empresa y el Gobierno Federal.
Demandan también participar en la toma de decisiones sobre la remediación y el futuro de las comunidades del Río. La Semarnat no consultó adecuadamente a los pobladores aledaños antes de proporcionarle a la empresa 21 autorizaciones de tipo ambiental.
