El gobierno federal destinará recursos, junto con estados y municipios, con la finalidad de construir más refugios para mujeres víctimas de violencia, dio a conocer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al afirmar que estos espacios permanecerán, ya que son necesarios.

Sánchez Cordero destacó no sólo el hecho de que se mantengan estos espacios, «sino que se promueva la creación de los refugios a nivel municipal y que se cuente con las suficientes políticas públicas para poder atender el tema de la violencia contra las mujeres, que es sumamente importante y prioritario para este gobierno».

Detalló que con la estrategia que se presentó se busca revertir la violencia que sufren las mujeres en el ámbito familiar, la agresión sexual, y los feminicidios, «y estos tipos de violencia que sufren 66 de cada 100 mujeres en nuestro país».

Este es un plan de intervención en donde se incluye la participación de los tres ordenes de gobierno y de distintas autoridades en diferentes ámbitos que actuarán de manera coordinada e inmediata contra estos casos, dijo.

Reconoció que «la grave crisis de derechos humanos por las que ha atravesado nuestro país ha afectado en mayor medida y fuerza a las niñas y a las mujeres, pues en los últimos años tanto la violencia común como la ejercida por la delincuencia organizada se ha ensañado en contra de ellas».

Precisó que en 17 estados se ha declarado ya la alerta de violencia de género, «la emergencia nos merece una intervención decidida, pronta y coordinada de manera inmediata».

Enfatizó que ante este panorama no es posible continuar «normalizando la violencia contra las mujeres, no podemos aceptar ni como gobierno ni como sociedad que las cifras de, por ejemplo, feminicidio infantil, hayan aumentado».

En otro tema consideró que se ha llegado a confundir por parte de algunas organizaciones «de provida» el tema respecto a otras organizaciones a las que denominan «proaborto», lo cual es absolutamente erróneo.

Ya que lo que se busca «es no criminalizar a una mujer», lo que se pretende es no llevarla y sujetarla a un proceso penal y a privarla de su libertad; se intenta que esto no sea un tipo de revictimización a la mujer y, por supuesto, evitar una política altamente discriminatoria.

La funcionaria sostuvo: «Yo he tenido esta posición desde hace muchísimos años, porque yo no podría ver criminalizando a una mujer por una situación de esta naturaleza».

Fuente: Notimex

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