Ciudad de México. Tras lamentar el “bloqueo” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la actividad periodística de La Jornada, defensores de derechos humanos destacaron que ningún organismo público, incluyendo a las Fuerzas Armadas, puede vetar o desinvitar a ningún medio. Incluso, dijeron, todos los organismos y dependencias están obligados por ley a la máxima transparencia y publicidad.
“Me parece un mal signo, pero al mismo tiempo es un signo que reitera como las instituciones, particularmente la Sedena, han despreciado el Estado democrático y el Estado de derecho. No es la primera vez, pero este signo agrava más, porque el agravio a periodistas es también un agravio a la sociedad en su conjunto”, dijo Michael Chamberlain, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, y exintegrante del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
Este tipo de conductas de bloqueo, sin duda, “deberían eliminarse y evidentemente la Sedena tendría que rectificar y ofrecer una disculpa a La Jornada, porque están obligados a esa transparencia”.
En tanto, Edgar Cortez, coordinador del área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD), aseguró que esta acción de la Sedena es “sumamente grave” porque no sólo obstaculiza la labor de un reportero de un medio de comunicación, sino atenta contra la libertad de expresión donde la sociedad en su conjunto es agraviada.
Además, añadió, todas las instituciones públicas están obligadas por diversas leyes y la Constitución a la transparencia y a un máximo de publicidad. “Me parece que está acción de la Sedena contraviene el marco constitucional y las reglas básicas de un estado de derecho”, dijo Edgar Cortez, quien también formó parte, entre 2012 a 2016, de la Junta de Gobierno del mecanismo de protección a periodistas.
“Es necesario insistir en que la Sedena, y ninguna otra institución, puede estar por encima de nuestro marco jurídico; me parece que el riesgo de mensajes como el del presidente Enrique Peña Nieto cuando llamó a las Fuerzas Armadas de que eran la institución de las instituciones, es un mal mensaje, porque podría dar pie a muy malas prácticas contrarias, e incluso abiertamente confrontadas con la ley”.
Ambos defensores de derechos humanos, entrevistados por separado, coincidieron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe actuar con celeridad ante la queja que el diario ya presentó ante ese organismo, pero no sólo desde la perspectiva de los derechos del periodista al que la Sedena le impidió cubrir un evento público, sino enfocado esencialmente a la afectación de la libertad de expresión.
La Jornada
