El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco
Un viejo dicho mexicano establece: “quien nada debe, nada teme” y esto deberían aprender las diputadas Ernestina Castro, de Morena, y Diana Karina Barreras –hoy no me equivoqué–, del Partido del Trabajo; ambas dan muestra de una enorme intransigencia, de mucho apego a la opacidad y poco gusto por los señalamientos que se hacen a sus actividades legislativas.
Al parecer a estas legisladoras que cobran en el Congreso de Sonora, solamente les gusta “lo bonito” de su trabajo: el poder, los viajes con cargo al presupuesto del legislativo, que su imagen sea reconocida.
Pero son extremadamente sensibles a las críticas, a la investigación de sus actividades legislativas y todo aquello que tiene que ver con el cargo que ostentan; les desagrada la vigilancia social, se dicen perseguidas y acosadas cuando con la lupa del periodismo se observa y hurga en su quehacer.
La diputada Ernestina Castro Valenzuela, como coordinadora de la bancada de Morena y con importantes aliados al interior del Poder Legislativo de pronto se convirtió en una censora de los medios de comunicación.
Desde su cargo de coordinadora legislativa de la bancada más poderosa en el Congreso de Sonora, la diputada Castro Valenzuela anunció que estaría presentando una iniciativa para sumarla al concepto de “violencia política en razón de género” y cuya intención es sancionar lo que ella denomina “violencia mediática contra la mujer”.
La legisladora establece que esta ley va a castigar al funcionario público o medio de comunicación –aquí van los periodistas—que critiquen o señalen por la simple razón de que se trata de una mujer.
Este tipo de leyes, por su ambigüedad y la vaguedad con la cual se aprueban, lo que fomentan es la censura y representan un ataque directo a la libertad de expresión, legislaciones como esta, esconden una innegable afición por la opacidad y una aspiración a no ser vigiladas en su trabajo legislativa.
La diputada Diana Karina Barreras, por su parte, anunció que va a presentar una iniciativa para que el acecho en redes sociales, o como comúnmente se conoce “stalkeo” sea considerado un delito y se castigue. La legisladora petista dice sentirse vigilada en todas partes y deduce que eso la pone en peligro.
Curioso que a una diputada como Karina Barreras que pagó anuncios en Facebook para hacer visible las actividades que realizó durante el periodo que permaneció en la presidencia del Congreso del Estado y que es afecta a publicar en Twitter sus actividades y viajes, ahora diga que se siente acechada y en peligro.
Lo que sucede es que a la diputada Diana Karina Barreras se molestó luego de que ella misma promocionara en su cuenta de Twitter un viaje que realizó a Japón en compañía de su esposo; en su comunicación en redes sociales presumió reunirse con directivos de la empresa Mitsubishi Motors y aseguró que ante ellos habló del potencial de crecimiento que tiene Sonora y con la representación del gobernador Alfonso Durazo los invitó a visitar Sonora.
Ante eso que ella misma promovió en sus cuentas de redes sociales, surgieron los señalamientos en torno a que la citada promoción económica de Sonora era solamente una cortina de humo para encubrir lo que se conoce como “turismo legislativo”. Y regresó del viaje con la idea de la iniciativa que anunció.
Las señoras diputadas, Ernestina Castro y Diana Karina Barreras, deben entender que al ser figuras públicas, que tienen bajo su responsabilidad el uso adecuado de los recursos públicos, van a estar sometidas a un escrutinio público permanente y eso ni es acecho y menos violencia mediática en su contra, menos se les cuestiona por ser mujeres, en cualquier caso se les observa porque son funcionarias que ocupan un cargo de relevancia, lo del género es un accidente natural que en nada incide en las críticas, señalamientos o aprobación a su labor.
Tips cortitos pa´no enfadar:
1.- Durante los últimos tres años de Claudia Pavlovich como gobernadora, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) siempre la distinguió como una de las mejores en el manejo de los recursos federales, llegando a ubicar a su gobierno como uno de los tres mejores en cuanto a las observaciones emitidas y solventadas.
Por eso resulta extraño que el año pasado, esa misma institución ubico a Sonora como una de las tres peores en cuanto al número de observaciones no solventadas. Parecería que se pasó del día a la noche y que el gobierno de Alfonso Durazo no tiene el rigor suficiente para vigilar la aplicación de recursos.
En este rubro no es poca cosa que más de 850 millones de pesos anden “perdidos”, como lo denuncio el diputado Ernesto de Lucas, y no existe una explicación, convincente o no, por parte de la Secretaría de la Contraloría para aclarar el destino de esos recursos.
2.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano salió a defender su trabajo en el tema de seguridad pública y ante medios de comunicación declaró que en comparación con el 2021 para el 2022 los crímenes dolosos se redujeron un 28 por ciento.
Veamos si eso que dice es cierto: el 2021 los crímenes dolosos sumaron 478, para el año siguiente esa cifra fue de 454, es decir que sí se presentó una reducción pues el 2022 fueron 24 homicidios menos que el anterior.
Pero eso no se acerca para nada a la cifra de 28 por ciento de reducción que aseguró. En todo caso es del 5 por ciento, que no es malo sin considerarlo lo óptimo, pero está muy lejos de lo que presume el Presidente Municipal de Cajeme.
Y esto es precisamente lo que se critica, que se desborde el optimismo al grado de que se alteren las matemáticas.
3.- El carnaval de Guaymas 2023 tuvo un costo de 14 millones de pesos, que fueron financiados con recursos del Ayuntamiento del puerto; con ese dinero se contrataron grupos musicales y se le pagó a la madrina Karely Ruiz para que fueran el centro de las actividades carnestolendas.
Se acaba de informar que la afluencia a los eventos, que fueron totalmente gratuitos para la población, fue de 60 mil personas, eso indicaría que por cada asistente se registró un costo individual de 233 pesos, muy accesible y relativamente barato.
El cuestionamiento es si a los guaymenses les parece correcta una erogación millonaria como esa, cuando es evidente que en Guaymas se tienen carencias en materia de servicios públicos, malas vialidades y un clima de inseguridad que no cesó durante las festividades carnavalescas.
Todo indicaría que deberían sentirse indignados, pero al parecer están muy conformes y si esto es así, entonces que el resto del año “coman carnaval”.
Otros Juglares:
–“Desde ahora, en un entorno de polarización y hostigamiento, la decisión está siendo ya usada políticamente para atacarme, especialmente por quienes cuestionaron la decisión de mi gobierno de actuar contra la delincuencia.
“Como Presidente de México luché con toda determinación en contra de la delincuencia, con la ley en la mano, sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos. Jamás negocié ni pacté con criminales. Jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses”.
Extracto de un posicionamiento emitido por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa tras conocerse el veredicto de culpabilidad en contra de Genaro García Luna donde dice que los testigos que se presentaron en el juicio fueron detenidos en su sexenio.
Gracias por su atención, hasta el viernes si Dios quiere. ¡¡Salud!!
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