Por: Redacción
La Fiscalía del Tribunal Supremo español acordó este lunes investigar la construcción del tren de alta velocidad (AVE) que une las ciudades saudíes de Medina y La Meca, liderada por empresas españolas, al comprobar que una de las personas involucradas en posibles actos de corrupción sería el rey emérito Juan Carlos I. En concreto, podría ser investigado por blanqueo de capitales y fraude fiscal, ambos delitos penados con seis años de cárcel cada uno.
Con esta decisión, la Fiscalía del Tribunal Supremo (que sólo investiga a aforados, como los miembros del Gobierno o los diputados y senadores) asume la investigación que dirigía la Fiscalía Anticorrupción y se centrará en «delimitar o descartar» la relevancia penal de los hechos ocurridos a partir del 14 de junio de 2014, cuando Juan Carlos de Borbón, en la actualidad de 82 años, abdicó y dejó de ser jefe del Estado en España. Aunque perdió la inviolabilidad al abdicar, el Congreso le concedió la condición de aforado por la que solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo (máxima instancia judicial española).
La Fiscalía del Supremo tratará a partir de ahora de confirmar si esos indicios de delito de blanqueo de capitales y fraude fiscal, durante la adjudicación a empresas españolas del tren de alta velocidad saudí, se extienden a la etapa posterior a la abdicación del padre de Felipe VI. A Juan Carlos I no se le podrían atribuir el supuesto cobro de comisiones, porque la investigación lo sitúa en 2008, cuando todavía era el jefe de Estado, pero sí se podría investigar cómo se ha movido ese dinero desde que abdicó en 2014.
Según la Fiscalía, «resulta precisa la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al rey emérito», que está aforado ante el Tribunal Supremo, por lo que solo esa instancia puede investigarlo y eventualmente juzgarlo.
Si la Fiscalía considera probados los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, presentaría cargos contra Juan Carlos I, que se convertiría así en el primer monarca español de la historia que iría a juicio. La pena por blanqueo de capitales contempla desde seis meses a seis años de prisión y multa. Y el de fraude fiscal desde un año a seis de cárcel, en función de la gravedad.
La investigación parte de unas diligencias abiertas en la Fiscalía Anticorrupción a finales de 2018 para descubrir supuestas mordidas pagadas en la adjudicación del AVE a un consorcio de empresas españolas en 2011 -entre ellas OHL-, tras hallar una grabación de un encuentro entre la antigua amiga del rey Juan Carlos Corinna Larsen y el exjefe policial español José Villarejo, celebrado en Londres en 2015.
En esa conversación, Larsen decía que el rey habría tenido cuentas en Suiza en las que habría recibido comisiones por la adjudicación de la construcción del tren de alta velocidad saudí.
Hace unos meses la Fiscalía Anticorrupción envió una comisión rogatoria a Suiza para acceder a los datos sobre una presunta donación de 65 millones de euros desde una fundación panameña – llamada Lucum y supuestamente vinculada a Juan Carlos I – a una cuenta de Larsen.
Las diligencias en España discurren en paralelo a las pesquisas de la Fiscalía de Ginebra contra presuntos testaferros en cuentas bancarias de ese país.
Según publicó en marzo del año pasado el diario “Tribune de Genève”, la Fiscalía helvética halló supuestas evidencias del movimiento de 100 millones de dólares por parte de varios gestores de cuentas en Suiza y sospecha que dicho dinero, que llegó a una cuenta en Panamá de la fundación Lucum, procedería del rey saudí Abdul Aziz Al Saud, y que el beneficiario único de dicha fundación sería Juan Carlos I.
En 2012, según dicho diario, el dinero salió hacia una cuenta de Corinna Larsen en otro banco suizo con sede en Bahamas, si bien el rey se habría reservado un millón.
A raíz de esta información, los abogados de Larsen explicaron en un comunicado que en 2012 su cliente recibió un regalo «no solicitado» del rey Juan Carlos y lo describió como “una forma de donación”.
La Fiscalía Anticorrupción española ya interrogó en septiembre del año pasado a la antigua amiga del rey Juan Carlos.
Tras conocerse la investigación de Tribunal Supremo, la Casa Real no se ha pronunciado sobre esa decisión.
El 16 de marzo de 2020, el rey Felipe VI anunció públicamente su renuncia a la herencia de su padre y le retiró su paga anual de 192 mil 342 euros (unos 200 mil dólares), después de que varios medios publicaran que era beneficiario de una de las cuentas en suiza en la que se ingresó parte de los 100 millones de dólares presuntamente obtenidos por la “mordida saudí”.
Con información de: Cronica
