Por Redacción
La Fiscalía General de Chiapas comunicó que fueron arrestados diez funcionarios supuestamente implicados en tortura a dos hombres, tras la divulgación de un video en el que se observa a agentes ministeriales y policías estatales asfixiándolos con bolsas plásticas durante una operación efectuada en Tuxtla Gutiérrez.
Jorge Luis Llaven Abarca, el fiscal estatal, aclaró que las imágenes son auténticas y especificó que entre los arrestados se encuentran tres funcionarios del Ministerio Público, un subdirector, cinco policías y un secretario. Todos ellos estuvieron involucrados en los sucesos del 14 de marzo pasado en la capital de Chiapas.
La Fiscalía Región Metropolitana y la División de Investigación e Inteligencia Ministerial aparecen en los vídeos, que duran solo 19 segundos. En ellos, se ve a un hombre sentado en una silla al que le ponen una bolsa de plástico en la cabeza mientras lo interrogan y le bloquean el aire.
En otra escena, un segundo hombre es sometido con una bolsa negra en la cabeza, mientras que los miembros de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y los policías del estado miran y se ríen durante el ataque.
Los sucesos habrían tenido lugar en una propiedad ubicada en la colonia Loma Bonita, en Tuxtla Gutiérrez, un área que se caracteriza por presentar elevados índices de asaltos y robos de autos.
Según la Fiscalía, los diez arrestados han sido entregados al Ministerio Público y las indagaciones seguirán para establecer si hay otros funcionarios implicados.
«Seguiremos abundando en las investigaciones para determinar si existe la responsabilidad de más personas que hayan participado en estos lamentables y reprobables sucesos», declaró Llaven Abarca.
No obstante, parientes de algunos apresados denunciaron que el coronel regional de la Policía de Investigación, Pablo Enrique Reyes Custodio, quien es considerado como el supuesto autor de las agresiones y aparece en el video, sigue en libertad.
El caso provocó críticas intensas de organizaciones que defienden los derechos humanos. El Comité Digna Ochoa afirmó que la tortura ha llegado a ser una práctica sistemática en las operaciones realizadas en Chiapas y denunció a las corporaciones estatales por actuar «al límite de la legalidad».
La organización solicitó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tomara parte en la pesquisa y sancionara a todos los culpables.
Asimismo, rememoró que a partir de diciembre de 2024, más de 60 entidades civiles impugnaron el nombramiento de Llaven Abarca como fiscal estatal, al acusarlo por supuestos abusos contra los derechos humanos y antecedentes vinculados con tortura, uso desmesurado de la fuerza y arrestos arbitrarios en gestiones previas.
Con información de: pulsoslp
