Por Redacción
La falta de acuerdos entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal pone en peligro que un millón 390 mil 673 alumnos de educación básica terminen sus cursos por el paro indefinido y las movilizaciones que los maestros disidentes han sostenido desde el 1 de junio pasado, cuando queda menos de un mes para finalizar el ciclo escolar 2025-2026.
Conforme a datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) hasta el 5 de junio, Oaxaca es el estado que tiene más colegios afectados con mil 653 escuelas cerradas, lo que representa el 80.61% del total de sus centros educativos públicos. Chiapas, con 2392 escuelas; Zacatecas, con 2081; Guerrero, con 1380; y Michoacán, con 767 son los que siguen.
Además, las cifras oficiales señalan que 88 mil 106 maestros se involucran en las movilizaciones en la Ciudad de México y también en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Zacatecas, lugares en los que la CNTE tiene su mayor presencia organizativa.
En lo que concierne a la matrícula, el estado de Oaxaca es el más impactado, con 734 mil 54 estudiantes sin clases. Después se encuentran Chiapas, con 261 mil 414; Zacatecas, con 217 mil 375; Guerrero, con 117 mil 495; y Michoacán, con 54 mil 106.
El paro nacional afecta al 8.49% de los colegios públicos del país, a escasas semanas de que termine el ciclo escolar.
Horacio Martínez, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, sostiene que la cuestión no se reduce a un conflicto laboral entre el gobierno y los maestros; tiene que ver directamente con la protección del derecho a la educación de cientos de miles de niños y adolescentes.
El experto afirma que el cierre del ciclo escolar sigue siendo incierto debido a la falta de voluntad política entre las partes para llegar a una solución negociada y a los desacuerdos. Esto es especialmente cierto porque no hay una estrategia pública para abordar el aprendizaje perdido durante el conflicto.
«Hasta ahora ni la autoridad educativa ni la CNTE han explicado cómo se va a enfrentar el impacto pedagógico de varias semanas sin clases. Ese tema necesariamente tendrá que formar parte de las negociaciones», advierte el especialista.
Martínez rememora que, según el marco regulador tanto a nivel nacional como internacional, la responsabilidad primordial de asegurar el acceso a la educación recae en el gobierno de México.
Con información de: El Universal
