Por Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) constató que los trabajadores públicos y exfuncionarios municipales arrestados en Morelos tienen vínculos con el Cártel de Sinaloa, que se infiltró en la estructura municipal a través del financiamiento de las campañas a los alcaldes y mediante la coacción de actores políticos opositores.
Ulises Lara López, portavoz de esta Fiscalía, comunicó que las pesquisas del caso revelaron la presencia del crimen organizado en al menos ocho municipalidades de Morelos; entre ellas, Yecapixtla, Atlatlahucan y Cuautla, las cuales están bajo el control del PAN, PRI y PRD.
En un mensaje en redes sociales, el también fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes indicó que se cumplimentó orden de captura contra:
-Agustín «N», alcalde de Atlatlahucan
-Horacio «N», secretario del Ayuntamiento de Cuautla
-Jonathan «N», tesorero de Cuautla
-Pablo «N», empresario y Oficial Mayor de Cuautla
-Irving «N», expresidente municipal de Yecapixtla
-Arisbel «N», alias «La Jefa», excandidata a la presidencia municipal de Atlatlahucan
Según Lara López, dichos apresados se encontraron con Júpiter Araujo Bernard, también conocido como «El Barbas», quien es el encargado regional del Cártel de Sinaloa en la parte oriental de esta entidad y que, según se informa, ha cooptado e impuesto a alcaldes y funcionarios municipales para actuar con impunidad y libertad.
«Es muy importante mencionar que, en 2024, a consecuencia de dichas infiltraciones a estructuras municipales, que tenían el objetivo de obtener permisividad y libertad para cometer actividades delictivas, el estado de Morelos enfrentó diversas situaciones de violencia, en las que se presentaron delitos como extorsión, tal cual lo ha mencionado el Secretario Omar García Harfuch, así como homicidio, narcomenudeo, robo y secuestro, de acuerdo con nuestras investigaciones, además de la disputa entre grupos delictivos», afirmó Lara López.
Indicó que lo anterior causó que exalcaldes de Morelos murieran, una en el año 2022 y otra en el 2023, así como ataques contra candidatos o aspirantes a puestos de elección popular a lo largo del proceso electoral 2023-2024.
«Estas actividades delictivas generaron que el Ministerio Público Federal iniciara investigaciones conforme a la Ley, que resultaron en la obtención de diversos datos de prueba con los que se pudo confirmar, como ya se ha comentado, la presencia de grupos delictivos dentro de esquemas del orden municipal», expuso.
Además, añadió que, conforme a lo dicho, se realizaron diversas diligencias y tareas de seguimiento y de campo. Esto permitió tener líneas de investigación firmes y fuertes para intervenir con los seis detenidos dentro de la estrategia nacional contra la extorsión.
Con información de: El Universal
