Por Redacción
Desde 2018, se han mantenido irregularidades debido al mal uso de recursos que el gobierno federal destina a las entidades para la nómina y funcionamiento de las escuelas bajo la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha encontrado que los daños al erario son aproximadamente mil millones de pesos, resultado de supuestas estafas tales como abonar a maestros que no están presentes en las aulas, financiar a empleados cuyo nombre no se conoce en sus respectivos lugares de trabajo y pagar a personal que ya ha muerto.
Esto tiene un mayor impacto en los estados donde la CNTE tiene presencia y mantiene un control histórico, como Guerrero, Chiapas, Michoacán y Oaxaca.
Se han encontrado incongruencias presupuestarias en la administración del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que siguen un patrón sistemático año tras año.
La ASF encontró que, en los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, 21 gobiernos estatales utilizaron más de 156.4 millones de pesos provenientes del gobierno federal solo para abonar las nóminas de educadores y empleados del sector educativo que ya habían muerto.
La supervisión verificó que las administraciones locales efectuaron 27,854 pagos ilegales a favor de 4,160 trabajadores fallecidos en todo el país. En 2020, la cantidad desembolsada a personas que habían fallecido llegó a 107.9 millones de dólares.
Michoacán y Oaxaca se distinguieron entre los estados que no quisieron verificar o resolver la asignación de estos recursos, lo que dejó un monto sin aclarar en ese campo de 7.2 millones de pesos.
En 2022, el panorama crítico se movió a Oaxaca, controlado por la Sección 22 de la CNTE. El daño total a nivel nacional del FONE alcanzó 180 millones 815 mil 500 pesos en ese tiempo.
Oaxaca captó prácticamente la totalidad de este agujero financiero al reportar 157 millones 530 mil 600 pesos, que corresponde al 87% del total de las entidades mencionadas en ese año.
La entidad encargada de la fiscalización encontró nóminas ordinarias federales inapropiadas, personal que no pudo ser ubicado en las escuelas y distribución de recursos a maestros muertos.
El gobierno de Oaxaca solamente devolvió 530 mil 500 pesos, y aún tiene una deuda con el Estado de 157 millones 530 mil 600 pesos.
Con información de: El Universal
