Por EFE
Jubilados de la extinta empresa eléctrica Luz y Fuerza del Centro (LyFC) se manifestaron este miércoles para exigir la devolución de los recortes aplicados a sus pensiones desde abril, tras una reforma impulsada por el Gobierno para limitar las llamadas «pensiones doradas» y eliminar lo que considera privilegios heredados de gobiernos anteriores.
La reforma, promovida por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, fijó en la mitad del salario presidencial el monto máximo que pueden recibir ciertos exempleados de entidades públicas, equivalente a unos 67,000 pesos mensuales. Un criterio posterior permitió duplicar el tope hasta aproximadamente 134.000 pesos, pero los jubilados de LyFC aseguran que aún no les han devuelto las cantidades descontadas.
Maximino López, presidente de la Asociación de Jubilados de LyFC, afirmó que las autoridades reconocieron el adeudo, pero atribuyeron el retraso a la falta de recursos de la Secretaría (Ministerio) de Hacienda.
Alrededor de 300 manifestantes se concentraron frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, organismo encargado de administrar y pagar las pensiones que quedaron pendientes de Luz y Fuerza, extinta desde 2009. A la protesta se sumaron jubilados de otras empresas públicas, convocados por la Alianza Nacional de Jubilados.
