Por AFP y Europa Press
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles la imposición de sanciones contra once personas, todas de nacionalidad mexicana, y dos entidades por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, acusadas de ser las encargadas del lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.
Los dos principales sancionados son Armando Ojeda Avilés, acusado de ser el principal responsable del lavado de dinero, y el capo Jesús «Chuy» González Peñuela, sobre el que ya hay una recompensa de 5 millones de dólares desde enero de 2024.
La lista de sancionados distribuida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés) también incluye al que es considerado el jefe financiero de la red, Jesús Alonso Aispuro, y a Rodrigo Alarcón Palomares, quien se encargaría de toda una red de recolección de dinero en Estados Unidos.
Asimismo, fueron sancionados por el Tesoro, Alfredo Orozco Romero, descrito como «empresario», «asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas por envíos de cocaína», y dos mujeres identificadas como Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, quienes se desempeñan como testaferros de este hombre de negocios a través de dos entidades incluidas en este paquete de sanciones estadounidenses: la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV y el restaurante con sede en Chihuahua, Gorditas Chiwas.
El Tesoro ha impuesto estas medidas contra otros seis hombres por tráfico de drogas hacia Estados Unidos y blanqueo de capitales, dirigidos por Jesús González Peñuelas, prófugo de la Justicia y descrito por el Departamento como un «líder de célula del Cártel de Sinaloa (que) opera principalmente en Sinaloa, México, con células de distribución en Estados Unidos ubicadas en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada».
«Esta Administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno. El Departamento del Tesoro seguirá persiguiendo a los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener a Estados Unidos a salvo», aseguró en un comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El Cártel de Sinaloa fue declarado organización narcoterrorista por orden presidencial de Donald Trump el año pasado, y se ha convertido en uno de los principales objetivos de la justicia estadounidense.
Hace dos semanas, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otras nueve personas de su entorno, de trabajar para el cártel, lo que provocó tensión con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El gobernador dejó el cargo, mientras que dos de sus colaboradores, el secretario de Finanzas y el de Seguridad, se entregaron a las autoridades estadounidenses.
