Por El Universal
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para bloquear, sin orden judicial previa, cuentas bancarias a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), siempre que haya indicios de «lavado» de dinero o financiamiento al terrorismo.
El proyecto, bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, declara constitucional el cambio legislativo del pasado 11 de marzo de 2022 al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El congelamiento de cuentas es una medida cautelar, orientada exclusivamente a la protección del sistema financiero y no a la persecución penal.
Esta acción no implica determinación de responsabilidad ni sustituye las facultades del Ministerio Público, sino que opera en un «plano preventivo», bajo parámetros de seguridad financiera y en cumplimiento de estándares internacionales.
La ministra descartó que esta atribución de la UIF vulnere la presunción de inocencia, debido a que no se resuelve sobre la culpabilidad de una persona ni se le imponen penas, sino que se establece una inmovilización patrimonial temporal.
