El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco
Hay una regla de imagen que siempre es importante recordar, particularmente cuando de funcionarios públicos o electos se trata, dice: “la imagen de la institución permea a las personas y la imagen de las personas permea a la institución”.
Esto quiere decir que, en el caso de un gobierno, no basta con hacer bien las cosas, también es necesario que quienes estén al frente tengan una buena imagen para que todo marche en armonía.
Viene al caso por tres situaciones que se presentaron el fin de semana y que deben alertar al gobernador Alfonso Durazo respecto del comportamiento de sus colaboradores o de la imagen que estos pretenden proyectar hacia el exterior.
En primera instancia está la acusación que hizo el abogado Francisco de Asís López Encinas, en contra del arquitecto Armando Villa Orduño, Secretario de Economía a quien, en sus cuentas de redes sociales, señaló como el autor intelectual del crimen de Ricardo López Campillo, acaecido hace nueve años.
El abogado López Encinas no se anduvo por las ramas y fue muy claro en la acusación contra el funcionario público. El Secretario de Economía hizo mutis y no emitió comentario alguno referente a esa acusación.
Este tipo de acusaciones no forman parte de lo que comúnmente se conoce como “grilla”, se trata de señalamientos muy directos y donde quien los hace no se esconde ni busca el anonimato, por el contrario, desea que el señalamiento tenga peso y por ello firma la acusación.
Lo importante es que el funcionario Villa Orduño ataje de inmediato esos señalamientos y defina su situación; no es un asunto de inocente o culpable, eso correspondería a los juzgados; se trata de un asunto de imagen personal que puede afectar, no solamente su incipiente carrera política, también el gobierno al que pertenece.
El otro tema es esa denuncia que apareció en la página de Facebook “Hermosillo Too” donde mujeres pueden denunciar situaciones de acoso o violencia de género en completo anonimato. Pues resulta que ahí “colgaron” una denuncia en contra de Edgar Hiram Sallar, director de Comunicación Social del gobierno de Sonora.
La reacción de Sallar fue la correcta, no solamente negó los señalamientos contra su persona, también ofreció colaborar en cualquier investigación que se decida iniciar. Sin esgrimirnos como defensores del funcionario a su favor se debe señalar que en su paso por los gobiernos de Guillermo Padrés, en la SEC; de Célida López en el Ayuntamiento y ahora en el gobierno de Alfonso Durazo, no se le conocen actitudes de violencia de género y tampoco de ser un acosador sexual.
Pero además, a diferencia de la acusación en contra de Villa Orduño, en el caso de Edgar Hiram Sallard la denuncia fue anónima y si bien se entiende lo correspondiente a la revictimización, también es imposible soslayar que las denuncias anónimas se pueden o no creer, incluso pueden entrar en ese campo de lo que se conoce como “grilla”.
Pero insistimos, el director de Comunicación Social tuvo el tino de responder de inmediato, no dejó espacio para la especulación y de inmediato sentó su propia versión, que es la de negar las acusaciones.
Una tercera situación es lo que se vive en la Secretaría de Seguridad Pública, ahí la titular María Dolores del Río simplemente sigue deshojando las margaritas. Lo sucedido en Cajeme y en Pitiquito es solamente una muestra de la inseguridad pública y la impunidad que priva en Sonora.
De poco sirven los anuncios de inversiones millonarias, si la imagen del gobierno de Sonora es cuestionada por la incapacidad para garantizar seguridad pública.
El saldo del fin de semana en Cajeme fue de siete personas ejecutadas, entre ellos unos jóvenes que fueron balaceados de carro a carro; mientras que en Pitiquito, un grupo del crimen organizado se dio el lujo de utilizar un trascabo para destruir una construcción que pertenecía a otro grupo, sin que nadie los molestara.
La secretaria Del Río Sánchez, que llegó con una imagen de política eficiente, es ahora una de las figuras más cuestionadas dentro del gabinete y se convirtió en el eslabón más débil en un gabinete inexperto y muy poco capaz.
Todo esto, guste o no, termina por permear en la imagen del gobierno, del gobernador y del resto del gabinete.
Problema que se resuelve con dinero…
Algunos compañeros me han cuestionado respecto a la decisión del comunicador Aarón Tapia de dar a conocer los montos de los contratos que logró firmar con el Gobierno de Sonora y con el Congreso del Estado, ambos por un monto total de 60 mil pesos, señalando que se trata de un acto de trasparencia de su parte.
Aarón Tapia ha sido constante en señalar que ese tipo de convenios son un “chayote” disfrazado; ahora dice que en su caso eso no es así y que la línea editorial que maneja –la cual no es contraria a Morena—no va a variar.
Todos los medios de comunicación y los periodistas requieren dinero para subsistir, el propio Aarón Tapia lo sabe ya que en alguna ocasión le suspendieron su programa de una radio al no lograr los acuerdos comerciales que permitieran mantenerlo al aire; de lo anterior podemos señalar que no cometió ningún delito al aceptar esos convenios.
Ahora, si de trasparencia hablamos, no es al comunicador al que corresponda el tema, eso atañe y por ley a los funcionarios públicos.
Son Edgar Sallard, como titular de Comunicación Social del gobierno de Sonora y Jesús Olivas, como director de Comunicación Social del Congreso del Estado a los que corresponde hacer trasparentes todos los convenios, no solamente con Aarón Tapia, sino con todos los medios de comunicación y periodistas con quienes han llegado a acuerdos y convenios.
Esos acuerdos deben estar sustentados en las políticas de contratación que ellos mismos han establecido: rating de audiencia, popularidad, credibilidad, experiencia del comunicador, su trayectoria y cobertura.
Pero por lo que se ve, esos parámetros, que ellos mismos definieron, son solamente para cerrarle las puertas a algunos a quienes ven como enemigos; pero para quienes consideran “aliados”, esos parámetros no existen.
Pero eso no es problema de Aarón Tapia ni para los periodistas o medios que han logrado obtener algún convenio, es un tema que corresponde aclarar a Edgar Sallard y Jesús Olivas, porque son ellos quienes tienen el usufructo de esos recursos públicos y por tanto son los responsables directos de trasparentar a quienes contratan y los argumentos para hacerlo; pero igual deben explicar porque no contratan a otros, que pueden estar mejor posicionados o con mejores ratings y sin embargo los ignoran.
Porque si a trasparencia vamos, este gobierno y el Congreso están resultando muy opacos respecto a los contratos o convenios de publicidad que asignan.
Otros Juglares:
–“Los crímenes no son perfectos hace 9 años asesinaron a mi hijo Lic. Ricardo López Campillo, es responsable intelectual el actual Secretario de Economía en Sonora, Armando Villa Orduño. ATTE su PAPÁ Francisco de Asís López Encinas”.
Mensaje del abogado López Encinas, publicado en su cuenta personal de Facebook donde lanza una acusación en contra del Secretario de Economía y quien no ha emitido una postura al respecto.
Gracias por su atención, hasta el martes si Dios quiere. ¡¡Salud!!
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