El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco
La gobernadora Claudia Pavlovich propuso una tarifa al transporte público de 9 pesos; con eso se niega lo que pedían los concesionarios que eran 13 pesos sin ninguna condición de mejora y también se lleva a la baja la propuesta del Consejo Consultivo del Transporte, que insensiblemente propuso 11.50 como tarifa real.
Si bien es cierto que en Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa se agradece esa intervención, también lo es que el subsidio es millonario y al final de cuentas sale del bolsillo de los ciudadanos, quienes anualmente deberemos desembolsar la friolera de 180 millones de pesos para seguir manteniendo un trasporte público de mala calidad.
La propuesta de Claudia Pavlovich consideró mantener el subsidio para los estudiantes, el que se otorga a adultos mayores y el de las personas con alguna discapacidad, sectores ciertamente vulnerables y muy lastimados económicamente, que seguirán en los mismos malos camiones, esperaran una eternidad en las paradas y tendrán que vérselas por ellos mismos cuando a las 10 de la noche ya no haya servicio.
En la propuesta de Claudia Pavlovich también se habla de una tarifa diferenciada, eso significa que en la teoría aquellos camiones que no reúnan los requisitos mínimos, no podrán cobrar los 9 pesos de tarifa, esto parte del principio de que no se puede tratar igual a los desiguales.
El grave problema es que no hay los inspectores suficientes para poder vigilar que esos desiguales no quieran luego “igualarse” y nomás por sus “pistolas” hagan el ajuste llegando luego a cobrar los 9 pesos de tarifa.
Si se va a presentar una solución debe ser integral, es decir se requiere modernizar y abaratar los costos que los concesionarios presentan, presumiblemente “inflados”, porque la autoridad no tiene herramientas o al menos parece no tenerlas para mostrarle a los ciudadanos el costo real del servicio de trasporte.
Debe haber una tarifa similar para todos, pero todos los camiones deben reunir las mismas condiciones; no se puede estar a la suerte al azar de que toque al usuario un “camión bueno” o una charanga.
La exigencia de la gobernadora de que el servicio sea digno, eficiente, seguro, con aire acondicionado, debe ser supervisado a rigor por la autoridad estatal; no se puede tolerar violaciones a ese tipo de disposiciones y menos ser laxos en la aplicación de las sanciones a quienes no cumplan, una situación que es recurrente en la actualidad y eso lleva a una displicencia por parte de los concesionarios para dar un buen servicio.
Si consideramos que el salario mínimo aumento 3.9 por ciento este 2017, esos dos pesos que ahora decidieron aumentarle al trasporte representa un incremento de casi el 29 por ciento, es decir la tarifa aumentó siete veces por encima del salario; el golpe si bien no es tan fuerte, no deja de ser doloroso.
De lo anterior se deduce que un trabajador que gana 100 pesos diarios y requiere pagar cuatro camiones para trasladarse, destinará el 36 por ciento de su salario solamente en pasajes de camión, eso atomiza su sueldo y le genera una profunda lesión a su economía de sustento diario.
No es malo lo que hizo la gobernadora Claudia Pavlovich, a final de cuentas logró detener un impacto durísimo a las finanzas de las personas más desposeídas, que justamente son quienes utilizan el servicio de camiones; pero es menester precisar que aún esos dos pesos que se les aumentó representa una erosión a sus recursos y lo es porque más allá de la buena intención que pueda existir, lo cierto es que los concesionarios son especialistas en no cumplir.
El primer argumento que van esgrimir para esquivar su responsabilidad es que se requería una tarifa de 13 pesos y al no lograrla, no es negocio brindar el servicio de transporte público y por tanto volveremos a la misma cantaleta de siempre: –no puedo mejorar el servicio porque la tarifa es insuficiente.
Se lo vamos a dejar al tiempo.
La mejoría del Hospital General
La mala salud de un familiar muy cercano me llevó a estar buena parte de ayer en el Hospital General del Estado –de hecho ahí escribí buena parte de esta columna—y debo confesar que hay una diferencia enorme entre lo que antes se presenciaba ahí y lo que ahora se aprecia.
No solamente hay una atención médica de calidad, que ya es mucho decir dada la gran demanda que se tiene y que llega a saturarse en determinado momento, también hay una notable dignificación de las áreas de atención en urgencias y en el área de hospitalizados.
Por supuesto, los dramas de los familiares siguen vigentes, sobre todo cuando no cuentan con Seguro Popular y eso los obliga a desembolsar para pagar medicamentos que suelen ser muy costosos, las radiografías y los electrocardiogramas no son precisamente baratos, pero aun así el trato es de calidez y calidad.
Por supuesto se aprecian los trabajos de remodelación, las áreas perfectamente refrigeradas, espacios suficientes y dignos para atender a los enfermos; hay una gran concurrencia de personas de muy escasos recursos que llegan ahí con la esperanza de que sus familiares puedan recuperar su salud y la verdad se reconoce el esfuerzo que hace el personal para brindarles la mejor atención.
Pero además, muchos de los especialistas que ahí atienden a los pacientes, también están en las clínicas más costosas de Hermosillo, es decir por conocimientos y capacidades médicas no hay mucha diferencia.
El Consejo Consultivo del Transporte debe cambiarse
Hay voces que empiezan a señalar que lo hecho por el Consejo Consultivo del Trasporte, en realidad se puede considerar como un “cuatro” puesto a la gobernadora Claudia Pavlovich, en el entendido de que los integrantes del CCT fueron instalados ahí durante el gobierno de Guillermo Padrés.
Y eso puede tener cierto dejo de razón, toda vez que algunos Consejeros, representantes de organismos empresariales, sindicatos y de la Universidad de Sonora, se fueron por la libre y no consultaron su decisión.
Ahí tiene el caso de Agustín Bartolini, representante de la Universidad de Sonora, quien votó a favor de los 11.50 pesos de tarifa, pero resulta que la Unison se pronunció en contra de esa propuesta de incremento; eso deja mal parado a Bartolini porque simplemente no consultó con la institución que representa y actuó como “chino libre”.
El caso de Alejandro Madonia Guzmán es más claro, trabajó los seis años de Guillermo Padrés en la Oficina del Ejecutivo y ahora como representante de Canacintra no tuvo empacho en votar a favor del incremento.
Luis Arturo Duarte Segura, un personaje desconocido pero con la representación del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM) donde los estudiantes ni conocen el trasporte público, tampoco se ruborizó para darle el sí al incremento y es que seguramente este señor jamás se ha subido a un camión.
Más patético todavía el caso de Jesús Elierse Caballero Lagarda, representante de Canaco, quien aceptó que el incremento era muy doloroso para sus propios trabajadores, pero a pesar de eso no se tentó el corazón para recetar el incremento.
En fin, de lo anterior se desprende que este Consejo no tiene nada de consultivo, no es ciudadano y es un completo ignorante de aquello por lo cual se supone debe velar.
Eso sí, ninguno de sus integrantes le hace el fuchi a los 35 mil pesos mensuales que reciben por no hacer bien su trabajo; eso es lo malo de estos Consejos, que bien se puede replicar en todos los demás que existen.
Otros Juglares:
–“Paciencia, prudencia, verbal continencia…dominio de la ciencia, y presencia o ausencia, según sea conveniencia. Paciencia, prudencia, verbal contingencia. Dominio ya”; palabras expresadas por el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte al salir de una audiencia en Guatemala luego de aceptar ser extraditado a México.
Esa expresión se atribuye a un jefe policiaco de España, llamado José Luis “El Chato” Morales.
Gracias por su atención, hasta el jueves si Dios quiere. ¡¡Salud!!
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