Por Cristina Gómez Lima

Hermosillo, Sonora a 9 de marzo.- El ex mandatario panista Guillermo Padrés Elías, preso por incurrir en actos de corrupción, dispuso del mismo bufete de abogados de su defensa para que representen a los ex funcionarios del Gobierno de Sonora acusados de torturar a Gisela Peraza Villa, su ex empleada domestica.

Juan Antonio Ortega, abogado de la víctima quien fue encarcelada injustamente por cuatro años inculpada de un robo millonario ocurrido en la casa de Gobierno de Sonora durante el pasado sexenio, aseguró que el ex Gobernador Padrés pretende proteger a sus ex colaboradores para que no declaren en su contra y lo refundan aún más en la cárcel.

El grupo de abogados liderados por el ex procurador de la República, Antonio Lozano Gracia –implicado en el escandalo de “la Paca” en el caso Ruiz Manssieu- quien lleva la defensa legal de Guillermo Padrés incumplió este jueves una audiencia judicial citada por el Juez, con el fin de representar a dos ex agentes de la Policía Estatal acusadas por torturar a Gisela Peraza Villa, el ama de llaves de la familia Padrés Dagnino.

El abogado de Peraza Villa, Juan Antonio Ortega detalló que dicha audiencia se programó para que el bufete jurídico de Antonio Lozano Gracía y Asociados S.C. exigiera a las autoridades que ambas ex policías continúen cobrando su salario aún estando presas en el Centro de Readaptación Social No 1 en Hermosillo.

“Los delincuentes se apoyan entre ellos mismos, y es evidente que Guillermo Padrés los está protegiendo para que no declaren en su contra, es claro que ningún ex policía y ninguno de sus ex colaboradores tiene pagar las cantidades millonarias que cobra el despacho de Lozano”, declaró Antonio Ortega.

Públicamente la defensa de Gisela Peraza cuestionó cómo dos ex policías pueden pagar los honorarios del Buffet de Lozano con domicilio en la Ciudad de México; así como el resto de ex funcionarios demandados por la víctima por delitos de tortura y privación ilegal de la libertad durante más de cuatro años.

Ahí mismo, Antonio Ortega señaló que el despacho de Lozano ha tramitado más de 60 amparos para que los ex funcionarios demandados por Gisela Peraza no sean interrogados, ni arrestados; ocho de éstos tramitados a favor del ex gobernador, Guillermo Padrés Elías.

La audiencia estaba programada para las once horas de éste jueves, misma que fue cancelada porque ninguno de los doce abogados integrantes a la firma de Lozano no presentaron al Juzgado de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Cabe recordar que las dos ex agentes de la Policía Estatal Investigadora fueron recluidas el pasado 14 de febrero, por supuesta tortura a Gisela Peraza, quien a ordenes del ex Mandatario Panista le exigieron declarar su culpabilidad en el robo de la Casa de Gobierno en marzo de 2011.

Entre los ex funcionarios implicados en los delitos contra la empleada domestica se encuentran, el actual diputado federal, Agustín Rodríguez Torres; al ex director de Ceresos en Sonora, Ricardo Órnelas Saavedra; Ernesto Fernández Portillo, ex jefe de seguridad de la Casa de Gobierno y ex Director de Seguridad Pública Municipal en Nogales; y Víctor Bonilla Murrieta, ex subsecretario de Seguridad Pública en Sonora.

Según estableció la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el ama de llaves fue torturada en la propia Casa de Gobierno y privada de su libertad ilegalmente.
En caso de ser encontrados culpables, el ex mandatario panista y sus cómplices podrían pasar más de 20 años en prisión debido a que los delitos por los que son acusados se consideran graves y no alcanzarían fianza, además que fueron cometidos cuando ostentaban un cargo público, lo que se considera un agravante.

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