Por Redacción
La Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense (UEIAF) de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) empezó oficialmente a investigar a las autoridades de la UNAM por supuestas irregularidades administrativas relacionadas con el proceso de contratación y selección de una plataforma digital para los exámenes de ingreso 2026.
El órgano fiscalizador ha notificado el comienzo del expediente presuntamente administrativo 055/2026 mediante el oficio UE-IAF/DGI-C/DIC/0109/2026, dirigido a Javier de la Fuente Hernández, secretario general de la Universidad.
Las autoridades de la universidad tienen un tiempo fijo de 10 días hábiles para contestar a un detallado pliego que contiene 128 demandas de información en términos financieros, técnicos e institucionales. La investigación, la cual fue comenzada por oficio y también solicitada por la Universidad, está enfocada en el contrato que le fue otorgado a Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., compañía responsable de suministrar el software para supervisar y administrar exámenes en línea.
La ASF pretende esclarecer los motivos de mercado y metodológicos que subyacen a esta adjudicación, además de analizar su repercusión en términos financieros. Como se explica en el documento, estos errores produjeron resultados inusuales desde el punto de vista estadístico, lo que llevó a la Máxima Casa de Estudios a poner en marcha un «examen de control» excepcional. Esto aumentó los costos presupuestarios inicialmente planificados.
Entre las exigencias de la solicitud, sobresale que se entreguen sin excepción todos los archivos multimedia de respaldo. Estos comprenden registros de reconocimiento facial, audios del entorno y capturas de pantalla de cada uno de los candidatos evaluados.
Asimismo, se pidieron los estudios institucionales, las indagaciones de mercado y los informes técnicos que se utilizaron para seleccionar a Territorium Life como la única opción factible. También se solicitó el registro de aquellos que tomaron el examen.
La Universidad Nacional deberá entregar 100% de los registros multimedia (fotografías, audios ambientales y videos de pantalla de todos los aspirantes), así como bitácoras del navegador seguro (Lockdown Browser) y bases de datos transaccionales.
Además, se solicita el desglose de costos, transferencias bancarias, facturas, conciliaciones de servicios y el impacto económico extra que representó repetir o modificar las evaluaciones.
Con información de: El Universal
