El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco
A pesar de una andanada declarativa, cuyo eje central era la petición de la Presidencia de la República para que se respetará la decisión del Poder Legislativo en torno al llamado “Plan B” electoral, la Suprema Corte de Justicia no se dejó intimidar y con una votación de 9-2 borró el adefesio que aprobaron las cámaras de diputados y senadores.
Por supuesto que la Corte no invadió, ni tampoco se impuso al otro poder; lo que sucedió en realidad es que estableció con mucha precisión que no solamente se trata de validar el contenido de las leyes, sino también los procesos para elaborarlas y en el caso del Plan B, ese proceso no se cumplimentó acorde como lo establecen las normas y procesos legislativas.
El llamado “Plan B” que presentó el presidente López Obrador al poder legislativo y que fue aprobado sin mayores modificaciones, se hizo en dos partes en las cuales se modificaron seis ordenamientos secundarios ante la imposibilidad de realizar cambios constitucionales.
La primera parte del “Plan B” fue aprobada en diciembre del 2022 y consta de dos leyes: la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Son estas dos las que echó abajó la Suprema Corte en su sesión de ayer, bajo un proyecto que presentó el ministro Alberto Pérez Dayán.
Desde un principio se advirtió que ambas leyes tenían una tendencia presupuestal, donde se estableció una fundamentación tendenciosa, ahí se decía que la propaganda de los entes públicas que no fuera etiquetada no sería considerada propaganda, todo ello a pesar de que implicaba el uso de recursos públicos y era obligación de las autoridades suspender ese tipo de acciones en tiempos electorales.
Al mismo tiempo se daba manga ancha para que servidores públicos pudieran realizar manifestaciones públicas en torno a temas electorales –algo a lo que es muy afecto el presidente López Obrador–, bajo el amparo de que estaban ejerciendo su derecho a la libertad de expresión o, en su defecto, de que estaban en pleno uso del ejercicio de sus funciones públicas.
Esto abrió la puerta para que “las Corcholatas” pudieran realizar acciones proselitistas, realizar giras de promoción personal, se contrataran carteleras y bardas alusivas a sus aspiraciones, organizaran informes de trabajo y hasta programas y todo sin que se les sancione ni se les fiscalizara la procedencia de los recursos utilizados para tales acciones.
Ahora bien, esta primera parte del Plan B fue demandado ante la corte por inconstitucional, pero la corte consideró que el hecho de que se aprobara una reforma sin que hubiera deliberación de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión y sin que estas conocieran el contenido de lo que se avaló, era una violación a los procedimientos parlamentarios.
Entonces, cuando la Suprema Corte estableció que el Congreso incurrió en violaciones al procedimiento legislativo al aprobar el llamado “Plan B” y lo echó abajo, ya ni siquiera fue necesario que se entrara a la discusión de fondo respecto a si era acorde a la Constitución o si era inconstitucional.
Por supuesto que esta derrota legal que infringe la SCJN a las modificaciones electorales que planteó el presidente López Obrador al INE, derivarán en nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y Legislativo en contra del Poder Judicial.
Pero, además, esto también deja abierta la posibilidad de que la segunda parte del “Plan B”, esa que se aprobó este 2023 y que se publicó en marzo pasado, también pueda derrumbarse porque el principio de violación de procedimiento legislativo también aplica.
Esta segunda parte de modificación contiene: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial, además, se expidió la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.
Todas estas modificaciones se analizarán en una posterior sesión y corresponde al ministro Javier Laynez Potisek, elaborar el proyecto que se presentará al Pleno de la SCJN, de hecho todavía se están recibiendo demandas de inconstitucionalidad en contra de esa norma. Si la primera parte del Plan B que derrumbó la SCJN, dolió en la Presidencia de la República; que les echen abajo esta segunda parte, marcará una gran derrota legal para López Obrador.
Pero también hay que decirlo, es mantener vigente, al menos en una parte, el sistema democrático: pero más importante es el mensaje de independencia y autonomía en sus decisión que manda la Suprema Corte, el único poder que hace contrapeso al Ejecutivo y al Legislativo, este último sometido al primero.
Tips cortitos pa´no enfadar:
1.- En la columna de ayer hablábamos de la agenda de riesgos que enfrenta el gobierno de Sonora y hubo voces que de inmediato opinaron en torno al tema, en la mayoría de los casos—y coincido con ellos—se trata de problemas que emanan del gobierno federal.
De eso no hay duda, el problema aquí es que el gobierno de Alfonso Durazo, junto con otros gobernadores y gobernadoras de Morena, luego saltan con desplegados políticos donde festinan y ponderan de manera positiva las medidas o leyes que impulsa el presidente López Obrador y se indignan cuando vienen reveses a esas mismas iniciativas.
Con esto, el gobernador Durazo Montaño y el resto de sus colegas mandatarios estatales, asumen parte de la responsabilidad y los ubica en el lado de esas iniciativas que luego resultan lesivas y dañinas para sectores de vital importancia económica.
Y si no me creen, en 3, 2, 1…viene el desplegado firmado por gobernadores de Morena para fustigar a la Suprema Corte de Justicia por echar abajo la primera parte del “Plan B” electoral que se aprobó en diciembre a propuesta de López Obrador.
2.- La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez anunció que en los próximos días se va a publicar en el Diario Oficial la nueva disposición donde se establece que no se darán más concesiones en zonas de escasez de agua, a menos que tengan la autorización del presidente de la República.
Esto es consecuencia de lo sucedido con Tesla y también es una manifestación del centralismo que ahora impera en México, pues ahora resulta que bajo el pretexto de la falta de agua, inversiones empresariales que pretendan asentarse en zonas desérticas o con problemas hidráulicos, no se les autorizará su instalación.
Por supuesto que esto también tiene implicaciones políticas porque dependerá de las buenas relaciones que tenga un mandatario estatal con el presidente de la República en turno para que le apruebe o no este tipo de proyectos.
Esto afecta al sector minero, pero en particular a las empresas cerveceras –recordar que una fabrica de Constelletion Brand que se edificaba en Mexicali fue suspendida precisamente por falta de agua—y también a la industria automotriz que se instaló en diversas entidades del norte (Coahuila, Sonora, Chihuahua y Nuevo León) y en la zona del Bajío (Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes), zonas con problemas hidráulicos.
Todo indica que el presidente López Obrador desea forzar la instalación de este tipo de industrias en las entidades del sureste del país, donde el agua es abundante.
3.- La Universidad de Sonora envió una nueva propuesta al STAUS donde hace una serie de concesiones en torno al tema de vivienda y plantea un resolutivo parcial en referencia al pago del Impuesto sobre la Renta (ISR), con la esperanza de poder satisfacer así las demandas sindicales y con ello poner fin a la huelga que hoy cumplirá 11 días paralizada.
Se espera que esa propuesta sí sea analizada por el STAUS y que en la votación correspondiente se determina aceptar las propuestas para dar paso a la apertura de las instalaciones universitarias y con ello retomar las clases que están suspendidas y con ello ponen en riesgo el fin del semestre.
Y en relación a este tema, llama la atención que el posicionamiento emitido por el gobernador Alfonso Durazo no tuviera acompañamiento de otros actores políticos, sociales y empresariales; como si su postura no la compartiera nadie y no tuviera aliados.
Esta es una situación que constantemente se repite, el gobernador sale solo y no hay voces que respalden sus posturas, que las avalen o las ponderen como positivas. Eso habla de una gran soledad y un aislamiento gubernamental, amén de que falta operatividad en materia de comunicación política.
Otros juglares
–“No se llevó a cabo un auténtico procedimiento legislativo de orden constitucional. El Conjunto de vicios y yerros en la función legislativa son de tal magnitud que acarrean como consecuencia lo que yo llamaría una perversión de las reglas democráticas. Avalar un procedimiento legislativo con estos rasgos equivaldría a asumir que la mayoría parlamentaria, por el simple hecho de serlo, está por encima de las reglas constitucionales, lo que parece inadmisible”.
Postura emitida por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, al emitir su voto para echar abajo la primera parte del “Plan B” que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso, donde se aprobó sin cumplir los procesos legislativos establecidos y razón por la cual le dieron palo en el Poder Judicial.
Gracias por su atención, hasta el miércoles si Dios quiere. ¡Salud!
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