El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco
Desde la parte gubernamental se hacen intentos desesperados para tratar de cambiar la realidad con respecto a la inseguridad pública que se vive en Sonora; el gobernador Alfonso Durazo y la titular de Seguridad Pública, María Dolores del Río no cesan de repetir que hay indicadores donde se manifiesta una mejoría.
Pero tanto el Gobernador como su secretaria de Seguridad nos piden dar un salto de fe, creerles a pie juntillas e ignorar lo que sucede en una realidad cotidiana que no deja de ser violenta.
Los números son fríos y no conocen de ideología o de conveniencia política, por ello son los mejores indicadores y si a ellos nos vamos a sumar podemos establecer varias consideraciones que van en sentido contrario a lo que afirma el Gobernador y doña Lola del Río.
En lo que va de este año, en Sonora se han cometido mil asesinatos dolosos, una cifra muy alta y que va camino a superar a la del año pasado; el promedio de asesinato doloso diario es casi de poco más de tres y la mitad de ellos se focalizan en Ciudad Obregón.
La región del desierto, desde Santa Ana hasta San Luis Río Colorado, incluyendo Caborca y su valle agrícola, son una zona de guerra permanente y existen evidencias de que hay comunidades prácticamente tomadas por grupos criminales. En esa zona se libra una guerra abierta entre grupos criminales y en no pocas ocasiones la población civil termina siendo víctima de los enfrentamientos.
Otro dato que va en contra de las aseveraciones que salen del gobierno intentando convencer de que existe mejoría en el tema de la seguridad es la encuesta que recién acaba de dar a conocer el INEGI, en ella se establece que dentro del top 5 de ciudadanes donde mayor percepción de inseguridad siente la población, está Ciudad Obregón.
En el corazón del Valle del Yaqui, el 90.1 por ciento de sus habitantes tienen miedo y eso no es casualidad; Ciudad Obregón es el epicentro de la violencia en Sonora, cada mes el número de asesinatos supera los días del calendario mensual. En octubre ya suman 28 y ni las Jornadas por la Paz ni las mesas de seguridad han dado resultados.
Es más, hasta decir que en Hermosillo se mejora porque la percepción de inseguridad es apenas superior al 50 por ciento, es negativo. Cierto que la cifra se redujo, en comparación a cinco o tres años atrás; pero no se puede festinar nada cuando la mitad de la población sigue teniendo miedo.
En Guaymas-Empalme constantemente hay hechos de violencia, el valle agrícola de esa región también está tomado, los ciudadanos no tienen respaldo y constantemente lanzan llamadas de auxilio por las redes sociales debido a que grupos criminales se enfrentan en sus centros poblacionales sin que exista autoridad alguna que se los impida o que los detenga.
No solamente se trata de los asesinatos dolosos, también los feminicidios se han incrementado y la mayoría continúa sin resolverse y por si esto fuero poco están las personas desaparecidas, que no se suman como asesinatos, pero que siembran terror y generalmente son encontradas semi enterradas en fosas clandestinas dentro de viviendas abandonadas o en predios rurales.
No se puede entender cómo las autoridades estatales pretenden tapar el sol con un dedo y establecer que Sonora mejora en materia de seguridad pública, eso es imposible de creer y más que una percepción, todo está en los números que dicen lo contrario al pregón gubernamental.
Sería muy interesante que quienes ahora dicen que la entidad mejora en los temas de seguridad tomaran una carretera por la noche, solos, sin escoltas ni guardias y que luego narraran su experiencias, a lo mejor ahí es cuando entienden el miedo de los ciudadanos.
¿Dónde vivirán los trabajadores?
El dirigente de la CTM en Sonora, Javier Villarreal Gámez denunció que en la entidad hay un aproximado de 180 mil trabajadores que tienen acceso a un crédito de vivienda, pero no pueden ejercerlo porque no se construyen viviendas nuevas y de precio accesible para la clase obrera.
El problema es grave y amenaza la estabilidad laboral de la entidad, pues este no es un problema que venga de hace unos meses, en realidad es una situación que se originó desde el 2019 por decisiones gubernamentales tomadas en el centro del país por el presidente López Obrador.
En enero de 2019, el Gobierno Federal canceló el subsidio de 85 mil pesos que se daba a las empresas constructoras por cada casa nueva edificada, derivado de esa falta de incentivos las empresas desarrolladoras dejaron de construir vivienda popular y los trabajadores se quedaron los créditos, pero sin casas para adquirir.
Para Villarreal Gámez esta es una situación injusta pues resulta que ahora son los trabajadores de menos ingresos, quienes con sus aportaciones financian a los de mayores ingresos, estos últimos son quienes obtienen los créditos del Infonavit porque sus salarios son mayores y los califica como merecedores de una casa media o residencial, pero en el proceso los que se quedan chiflando en la loma, son los que ganan entre uno y dos salarios mínimos.
El líder cetemista, explicó que este problema lo han expuesto en más de 15 reuniones que han sostenido con el gobernador Alfonso Durazo, solamente en este primer año de gobierno; incluso recordó que en el primer Informe de Gobierno, el Gobernador mencionó a la vivienda como una de sus prioridades, pero no mencionó lo referente a la disposición de terrenos.
El asunto es tan grave que solamente en Nogales hay una oferta de empleo para 6 mil trabajadores, pero no van a esa frontera porque no hay vivienda popular para asentarse con sus familias.
Ante esta situación, la CTM estableció cuatro alternativas para atender el problema: la primera es que se otorgue de nuevo el subsidio federal a la vivienda popular; la segunda, que el gobierno federal, por conducto de SEDATU aporte lotes con servicios para los trabajadores de bajos salarios que tengan derecho a un crédito de Infonavit y que lo utilicen en construir su casa en esos predios bajo la supervisión del propio Infonavit.
Una tercera alternativa es que el propio Infonavit disponga de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda para comprar terrenos al menor costo posible, mediante convenio, sea con gobierno del Estado o con municipios, a fin de que se entreguen a esos trabajadores de bajos ingresos y que con el crédito al que tienen derecho puedan construir la casa en un terreno propio.
La cuarta alternativa involucra al gobierno del Estado para que adquiera reserva territorial y done lotes con servicios a los trabajadores de bajos ingresos para que con su crédito puedan construir una vivienda digna.
El asunto aquí es que el problema tiende a agravarse porque cada vez se suman más trabajadores y la vivienda popular simplemente dejó de construirse.
Otros Juglares:
–“Ya tenemos cuatro años en los que no se ha construido vivienda popular nueva y las viviendas usadas de bajo precio se han agotado, mientras en este tiempo se han sumado 80 mil trabajadores más con derecho a un crédito de vivienda y no pueden ejercerlo porque sin el subsidio federal, no hay vivienda nueva y tampoco hay vivienda usada”.
Lo dijo el dirigente de la CTM en Sonora, Javier Villarreal Gámez al denunciar que 180 mil trabajadores que tienen derecho a un crédito de Infonavit para adquirir vivienda popular, no pueden concretar el adquirir su casa porque las empresas desarrolladoras dejaron de edificar ese tipo de vivienda ante la cancelación que hizo el gobierno federal de los estímulos que les daba por cada vivienda construida.
Gracias por su atención, hasta el viernes si Dios quiere. ¡¡Salud!!
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