El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco
La semana pasada, el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, emitió un documento donde señala severas deficiencias del gobierno mexicano en materia de seguridad pública, respeto a la libertad de expresión, respeto a los derechos humanos y pérdida de control de territorios a manos de grupos criminales.
El documento causó indignación en Palacio Nacional y el presidente Andrés Manuel López Obrador negó los señalamientos y fue más allá al demeritar el origen del reporte, llamando “departamentito” a la oficina donde se elaboró ese informe.
Desde su conferencia “mañanera” López Obrador se enfrascó en una serie de dimes y diretes con Anthony Blinken, el Jefe del Departamento de Estado, Desde México negando y descalificando el documento mientras que Estados Unidos se limitó a declarar que todo lo ahí plasmado era una realidad en México.
Los hechos y los datos le dan la razón al Departamento de Estado.
En México, cada 13 horas se registra una agresión contra un periodista; en lo que va de este sexenio solamente se han asesinado a 66 periodistas; nuestro país esta considerado como el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo; más de la mitad de las agresiones contra los comunicadores provienen de las autoridades y en buena medida esto tiene como motivación el discurso de odio que emana desde lo más alto del poder en nuestro país.
Respecto a la lucha territorial de los cárteles de la droga, es evidente que existen regiones en México donde la autoridad no existe, está infiltrada o forma parte íntegra de los grupos criminales y opera para ellos.
Zonas de Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Sonora, Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua son territorios en disputa y las autoridades no los enfrentan por carecer de una estrategia eficaz o por complicidad.
En el top 10 de las ciudades más violentas del mundo, México aporta las primeras nueva y otras 27 se ubican dentro del top 50; ese dato es indicativo de que la inseguridad pública y la lucha de los cárteles de las drogas no han sido frenadas y la ansiada paz social solamente existe en el discurso gubernamental.
En cuanto al respeto a los derechos humanos, el recién evento sucedido en Ciudad Juárez vuelve a desmentir al gobierno de México y deja en claro que más allá del discurso y de la narrativa, no existe un ´protocolo que garantice un trato digno y humano para los migrantes que son deportados de Estados Unidos y que México aceptó recibirlos.
A pesar de no estar preparado, de no tener previsión presupuestal y sin contar con instalaciones dignas y adecuadas, el gobierno mexicano cedió a la presión de Estados Unidos y aceptó recibir 30 mil indocumentados mensuales que buscan ingresar al vecino país del norte.
Mientras ellos hacen los trámites para obtener su visado e ingresar legalmente a Estados Unidos, México los contiene y los debe atender con alimentación, albergue, todo eso se le encargó al Instituto Nacional de Migración (INAMI).
Lo sucedido en Ciudad Juárez desnudó la realidad que viven los migrantes en nuestro país: condiciones insalubres, carencia de seguridad y un trato indigno a su condición de personas, eso y la falta de previsión, la negligencia y la indolencia fueron los factores que terminaron en la tragedia donde perdieron la vida 39 migrantes venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos y hondureños que solamente buscaban mejorar su condición de vida y la de sus familias.
Es lamentable, pero en menos de una semana se demostró que “el departamentito” tenía razón.
PRI, PAN y MC por inconstitucionalidad
Primero fue el PRI quien acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antier fue el PAN el que presentó un recurso de inconstitucionalidad y ayer, Movimiento Ciudadano se sumó a todos ellos para tratar de dar reversa a la reforma que vuelve concurrente los procesos electorales en Sonora y que acorta a tres años la gubernatura de quien sea electo el 2027.
El PAN dice que tratan de evitar un “bonillazo”, es decir el intento de reelección simulado que planteó el ex gobernador de Baja California y que fue evitado en la SCJN. También alegan que la iniciativa se aprobó por parte de la bancada de Morena y sus aliados en el Congreso de Sonora, sin someterla al Parlamento abierto, como mandata la Constitución y se hizo de forma apurada sin consultar la opinión ciudadana.
Movimiento Ciudadano, también presentó su argumentación, muy similar a lo expuesto por los otros dos partidos, señalando que la intención es “torcer la voluntad popular” e “imponer gobernadores a modo”, es decir acusan a Alfonso Durazo de querer prolongar su sexenio a través de un gobernante que le sea afín.
Además de Sonora, otras siete entidades han modificado su legislación, en todas ellas era necesaria la concurrencia electoral, pero en el caso de Sonora eso ya se daba, sin que las elecciones de Presidente de la República y Gobernador fueran necesariamente en la misma elección, algo a lo que no obliga ninguna legislación.
Los argumentos utilizados por el gobernador Durazo Montaño para justificar su iniciativa, también son frágiles. Precisa que se va a ahorrar dinero del presupuesto, pero ni indica montos ni establece cómo es que eso va a suceder; también argumenta que eso favorecerá una mayor participación electoral, algo que no es necesariamente verdadero.
El asunto es que estos tres partidos, cada uno por su lado, decidieron argumentar en contra y se fueron a la SCJN para buscar la declaración de inconstitucionalidad.
Otros Juglares:
–“Mienten al decir que mejorará la participación ciudadana. En Sonora, el porcentaje de participación entre elección Presidencial y Gubernatura son muy similares, no existe una variación significativa. Lo único que se estará fomentando será un alto índice de abstenciones en las elecciones intermedias donde únicamente se elegirán Ayuntamientos y Diputados tanto locales como federales”.
Uno de los puntos que rebate Movimiento Ciudadano en su solicitud de inconstitucionalidad ante la SCJN de la reforma aprobada en el Congreso de Sonora, propuesta por Alfonso Durazo, para homologar los procesos electorales en la entidad y reducir a tres años la gubernatura a elegirse el 2027.
Gracias por su atención, hasta el jueves si Dios quiere. ¡Salud!
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