El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco
Vamos a empezar considerando que la diputada Ernestina Castro tiene una buena intención al presentar una iniciativa de ley en el Congreso del Estado para proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos, le vamos a dar el beneficio de la duda en cuanto a que realmente quiere generar una legislación que atienda ese tema.
El problema es que, como dicen luego, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones.
La diputada Castro Valenzuela, quien además es la coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, presentó esa iniciativa de la cual se desconoce su contenido y eso ya habla muy mal de un proyecto de ley que ni siquiera es conocido por aquellos a los que pretende proteger.
Esto es así porque la diputada, como suelde suceder en estos casos, trata de legislar sobre un tema donde hay vacíos, pero lo hace sin consultar absolutamente a nadie y lo que presenta ni siquiera tiene el consenso de aquellos a los que busca darles protección.
Nada le costaba a la diputada Ernestina Castro socializar su propuesta, consultar a los periodistas de Sonora que se han organizado en diversas asociaciones y foros para conocer sus opiniones y darle forma a una ley que realmente atienda la problemática que padecen.
Hace una semana, allá en Navojoa, la titular del sistema estatal de Comunicación Social, Paulina Ocaña Encinas comentaba que el gobernador Alfonso Durazo le ha girado instrucciones para armar estructuras que permitan una atención ágil a las preocupaciones de periodistas y comunicadores en materia de seguridad y respeto a la libertad de expresión.
La visión del gobernador Alfonso Durazo sobre el tema, no pasa por crear leyes y estructuras burocráticas que solamente complican la atención; lo que pide es una acción eficaz, pero además consensuada con los periodistas de Sonora.
Se trata de no andar creando leyes que ahí se quedan, sino de atender problemas con eficacia y darles solución o crear protocolos que sean efectivos.
Coincidimos en todos esos puntos con la visión de Alfonso Durazo.
Por eso, cuando la diputada Ernestina Castro presentó la iniciativa, no solamente fue una sorpresa, pues va en el sentido contrario a lo que pretende el gobernador Durazo Montaño; también es un contrasentido porque nadie sabe el origen de esa ley, se desconoce su contenido, se ignora lo que tutela y no tiene el consenso del gremio periodístico.
No es que descalifiquemos la iniciativa o la consideremos negativa; de lo que hablamos es de que salvo la diputada y su redactor, nadie más conoce su articulado, sus propuestas, la justificación y los alcances que tiene.
También es importante determinar la asignación presupuestal porque ya está cantado que en el Congreso del Estado se legisla y se emiten leyes, se les asignan recursos presupuestales, pero todo queda en el imaginario porque el dinero no se puede multiplicar por arte de magia y ya lo dijo el propio Alfonso Durazo, para poder darle los recursos a todas las iniciativas que se han aprobado se requeriría triplicar el presupuesto que actualmente tiene Sonora.
En la legislatura pasada, el diputado ´panista Antonio Urbina también pretendió presentar una iniciativa de protección a periodistas, pero al igual que Ernestina Castro, lo hizo sin consultar a nadie, simplemente pretendió quedar bien y congraciarse con el medio. Al final todo quedó en un intento que no fructificó.
Si la diputada Castro Valenzuela realmente está interesada en el tema de protección a periodistas, lo primero que debió hacer fue convocar a los propios periodistas y comunicadores de Sonora, a partir de su experiencia y conocimiento, armar un proyecto que tuviera un auténtico sustento en lo que se vive en la realidad diaria de quienes trabajan en el oficio del periodismo.
Como decidió hacerlo, es la fórmula antigua, donde el legislador se siente conocedor de todo y desde su propia realidad pretende legislar sobre aquello que desconoce. Eso generalmente no sirve para nada, salvo presumir trabajo.
Tips cortitos pa´no enfadar:
1.- Ya se sabe que la empresa SEICSA, que brinda servicios de seguridad privada a diversas instancias del gobierno federal, es propiedad del cónsul de Nicaragua en México, Elías Gerardo Valdez Cabrera. Es la misma empresa que operaba en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INAMI) en Ciudad Juárez.
Bueno esta empresa se ramificó por diversas áreas del gobierno federal además del INAMI, también trabaja para la FGR, Banco del Bienestar y logró contratos por 3 mil millones de pesos (163 millones de dólares).
Esta misma empresa, que se sospecha es realmente una forma utilizada por el gobierno de México para financiar a la familia de Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, también tiene presencia en Sonora.
El colega Armando Vázquez Alegría, publicó en su red de difusión un contrato donde se establece que esa empresa brinda servicios de protección privada a la Administración del Sistema Portuario Nacional de Guaymas, el monto por sus servicios es de 56.5 millones de pesos y el contrato se firmó el 16 de agosto del 2022 y concluye el 15 de agosto de 2025.
Y aquí surge un cuestionamiento ¿Quién es el administrador del Sistema Portuario Nacional de Guaymas?
2.- Antonio Astiazarán Gutiérrez es visto por varios actores políticos como un fuerte contendiente electoral, pero no le pueden encontrar nada para atacarlo, Por eso, cualquier pequeñez es aprovechada para lanzarse en su contra.
El cambio de nomenclatura en una calle, viáticos de algunos funcionarios y ya en el colmo de la desesperación se lanzan contra la obra pública, esas voces críticas no se ponen a considerar todo lo que se hace en Hermosillo, que además es visible y es evaluado por los mismos ciudadanos, de pronto salen con que las obras son de mala calidad o están edificadas al “ahí se va” sin que estén inauguradas siquiera.
No se trata de agradecer a Toño Astiazarán por cumplir con su obligación, pero si resulta muy pueril el tipo de críticas que se enderezan a las acciones que realiza, porque se sustentan en nimiedades y mínimos argumentos, pero además tienen una motivación evidentemente política.
Si una obra está mal hecha, existe un seguro o fianza que obliga a la empresa constructora que ganó la licitación a resolver cualquier irregularidad que pueda presentarse.
Esto se va a incrementar conforme se acerquen los tiempos electorales porque él es un activo importante que deberá aparecer en las boletas.
3.- Pues con la novedad que el gran escándalo de corrupción que persiguió a Enrique Peña Nieto durante todo su sexenio, “El caso Odebretch”, fue cerrado por el Instituto Nacional Electoral al no encontrar pruebas para validar la corrupción que ahí se presumía.
Que el INE determine que la empresa Odebretch no aportó recursos a las campañas electorales es muy importante porque fue parte del sustento de Andrés Manuel López Obrador para señalar que también en la elección del 2012 le robaron la presidencia de la República.
Y por cierto, el INE también ordenó a la presidencia de la República que borrara las declaraciones de López Obrador en relación a que su plan C tiene como eje central pedir a los ciudadanos que no voten por candidatos opositores, a esos que él llama “conservadores”.
Otros Juglares:
–“Desde la Mesa de Seguridad hemos coordinado todo este trabajo para que las y los sonorenses y visitantes nacionales y extranjeros disfruten sus vacaciones con tranquilidad”
Palabras que le adjudican al gobernador Alfonso Durazo en un boletín informativo donde se da cuenta de las acciones estatales para garantizar unas vacaciones de Semana Santa seguras. Lo extraño es que se trata de una declaración que no se emitió porque Alfonso Durazo no estuvo en esa conferencia, incluso la fotografía utilizada fue la del operativo dela año pasado. ¿Eso significa que si no lo dice el Gobernador no lo puede decir nadie más?.
Gracias por su atención, hasta el jueves si Dios quiere. ¡Salud!
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