Por Cristina Gómez Lima
Corresponsal
Periódico La Jornada
Cajeme, Sonora a 4 de mayo.- Autoridades de la tribu Yaqui rechazaron la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que pretende desvincular las consultas a los pueblos indígenas, eliminando su obligatoriedad para el Manifiesto de Impacto Ambiental para el uso de sus tierras en proyectos mineros, energéticos o hidricos.
En un encuentro con integrantes de la Unión Social de Empresarios de México (USEM), el presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, aseguró que buscan que la opinion de los indígenas ante la construcción de empresas u obras púbicas o privadas en sus territorios no sea tomada en cuenta, y que su oposición no represente un impedimento para la inversión en la reforma energética.
Durante la última década, la etnia Yaqui inició procesos judiciales contra consorcios empresariales y administraciones estatales como la del ex mandatario panista Guillermo Padrés Elías que invadido sus tierras para establecer negocios como el gasoducto Agua Prieta y el acueducto Independencia que los despojó del agua.
Sin embargo, varios fallos de los tribunales han favorecido a la etnia
en la disyuntiva de defender sus tierras de ser invadidas y que puedan decidir sobre la explotación de sus recursos naturales.
Tomás Rojo Valencia, líder Yaqui, aseguró que estas iniciativas propuestas por empresarios serán obstruidas por las comisiones de asuntos indígenas que los defienden en el Congreso Local y Federal.
“Nadie tiene derecho a despreciar a los indígenas y despojarnos del patrimonio natural, lo rechazamos porque va en contra de nuestros derechos, de nuestro territorio y modo de subsistir”, declaró Rojo Valencia.
Por su parte, el doctor Rodrigo González, asesor legal de la etnia, sostuvo que dicha propuesta sería un abuso para las comunidades indígenas que carecen de información del valor de sus territorios y de asesoría legal para defenderlos.
Ejemplificó con la compra de terrenos que aún pretende realizar la empresa IEnova para la construcción del gasoducto en territorio Yaqui, la cual ofertó a 56 centavos el metro cuadrado; aún cuando cada hectárea tiene un costo de 10 millones de pesos, algunos pueblos la vendieron a 556 pesos.
“El empresario es un inversionista, es obvio que la posición de ellos es querer todo fácil; las reformas estructurales de energía, laboral, tienden a facilitar justamente al empresariado”, aseguró.
Además de invadir su territorio, la empresa IEnova pone en riesgo la integridad de las comunidades yaquis en los 8 pueblos y 180 rancherías con la tubería de gas.
Sostuvo que la Organización internacional del Trabajo
establece que en cada proyecto, los indígenas deben de ser informados previamente, con la libertad de decidir, y de acuerdo a sus usos y costumbres.
