Por Rafael Cano Franco
Ciertamente la etnia yaqui merece un plan que los ayude a salir de la marginación y lograr con ello elevar sus niveles de calidad de vida; lo merecen porque son mexicanos al igual que todos y porque estaban primero en este territorio, eso es una realidad que no se puede negar.
El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo ayer con la etnia para firmar el acuerdo-compromiso que hace el gobierno federal con los yaquis; un proyecto ambicioso que contempla una inversión que supera los 11 mil 600 millones, pero que a la fecha solamente se ha ejercido poco más del 10 por ciento.
Dos son los aspectos más destacados de todo el Plan y las acciones que contempla: en primera instancia la rehabilitación, tecnificación y ampliación del distrito de riego 018 del Pueblo Yaqui; donde la Conagua proyecta una aportación presupuestal de 7 mil 153 millones de pesos, pero de los cuales este año solamente ejerció 145.2 millones, es decir apenas el dos por ciento del monto total.
El otro gran proyecto es la construcción del acueducto yaqui para suministrar agua potable que atienda la demanda actual y futura de las comunidades de la etnia; este proyecto también está a cargo de Conagua y se estiman 2 mil 221 millones de pesos, pero a la fecha solamente lleva aplicados 55.86 millones de pesos.
El proyecto contempla la construcción de la Universidad Yaqui, un proyecto educativo que tiene como presupuesto 49 millones de pesos y que se supone está totalmente terminado, pero cuando se pregunta nadie atina a decir dónde se encuentra, cuál es su matrícula y las carreras que imparte. Es una de esas universidades que solamente aparecen en el papel.
En el Plan también se habla de un programa de vivienda para los pueblos yaquis, la inversión es de 292.65 millones de pesos, pero no se existen evidencias de alguna casa terminada o las mejores que se han hecho. Este programa también aparece en el plan como uno de los puntos cumplidos.
Otro programa importante que destaca por el monto presupuestado es el “proyecto estratégico: desarrollo agropecuario y acuícola-pesquero”, donde se consideran 483.2 millones de pesos, pero a la fecha solamente se han aplicado 52 millones de pesos.
El plan de Justicia Yaqui, en las intenciones es bueno porque pretende hacer justicia a una etnia que al paso de los años ha vivido marginada, pero si esas inversiones que plantea se dejan al futuro es muy probable que se olviden y se pierdan en la burocracia federal, pero también se van a encarecer.
Un plan que contempla más de 11 mil 600 millones de pesos debe correr con rapidez, no solamente para que esa justicia que se pregona llegue, también porque de no hacerlo se corre el riesgo de que futuros gobiernos se olviden de esos acuerdos y los archiven en algún cajón de una dependencia federal.
Pero además, el Plan de Justicia debe contener compromisos de ambas partes; por un lado la inversión del gobierno federal, estableciendo claramente los objetivos que se buscan con esa aportación multimillonaria de dinero, pero también por parte de la etnia en el sentido de generar proyectos productivos que le permitan crear fuentes de trabajo, que los hagan productivos, aprovechar al máximo los espacios educativos y con todo ello mejorar sus condiciones de vida, para evitar seguir viviendo en la marginación.
El Plan de Justicia Yaqui debe establecer claramente las acciones legales a realizar, porque no es secreto que muchas de las tierras con las cuales se pretende ampliar el distrito de riego 018 tienen dueños de muchos años atrás y no precisamente porque las robaron a la etnia.
Es obligación del gobierno federal trasparentar los recursos ya aplicados y mostrar las obras educativas, de salud y de infraestructura que presume ya se han realizado.
El evento de hoy resulta prometedor y alentador para la etnia yaqui, pero debe recordarse que en el pasado hubo otros eventos que igualmente ofrecían justicia y alentaban esperanza pero que terminaron en nada.
Por lo pronto se esperaría que se acelerara la inversión para la tecnificación del distrito de riego 018 y que cuando menos la inversión fuera más visible porque con un 2 por ciento aplicado a la fecha, están muy lejos de cumplir las demandas de la etnia.
Tips cortitos pa´no enfadar:
1.- Durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por territorio de la etnia Yaqui –concretamente en Vícam–, se hizo acompañar de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general Lázaro Cárdenas y figura prominente en la vida política de México.
Cuauhtémoc Cárdenas, en su intervención, sentenció que el Acueducto Independencia debe suspender operaciones y mencionó una serie de razones históricas, legales y técnicas; pero jamás consideró –al menos no dijo nada en su discurso– del efecto negativo que eliminar una obra de esa naturaleza tendría para Hermosillo.
Ciertamente el Acueducto Independencia tiene vicios legales, fue una obra que polarizó socialmente a Sonora y la dividió en dos; pero al mismo tiempo es innegable que gracias al suministro de agua que llega a Hermosillo a través de esa obra, se pudo resolver un añejo problema de abasto.
Ahora, los 60 millones de metros cúbicos que están autorizados son pocos para lo que puede almacenar la presa “El Novillo” y no tienen impacto directo ni en los cultivos del Valle del Yaqui ni es agua que se quitó a la etnia.
No creo que ese tema tan polémico y divisor sea de mucha conveniencia para el gobierno de Alfonso Durazo.
2.- El gobernador Alfonso Durazo agradeció el lunes el apoyo que su gobierno ha recibido de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y concretamente señaló una aportación de mil 200 millones de pesos para que el estado siga funcionando.
Esa es una cantidad importante de dinero, pero es apenas lo justo para pagar la nómina de los próximos tres meses, es decir octubre, noviembre y diciembre; considerando que el pago de esa obligación con los trabajadores asciende a poco más de 400 millones de pesos mensuales.
Lo anterior significa que, como en cualquier hogar, el gobierno de Sonora tiene lo justo para salvar el año y esperar que el 2022 pueda ejercer a plenitud un presupuesto austero, pero bien enfocado en las prioridades.
3.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano fue el primero en echarle tierra a su antecesor, en este caso al gobierno que encabezó Sergio Mariscal Alvarado, al decir que recibió una deuda que asciende a los 2 mil millones de pesos.
Pero lo que más inquietó es que ese dinero de deuda no se aprecia en inversiones de infraestructura, ni tampoco en programas sociales de alto impacto para Cajeme. Mariscal Alvarado de inmediato le respondió que esa es una deudo histórica y que su gobierno no hizo mal uso del dinero.
Pero bueno, es la primera escaramuza de un alcalde que le dice a otro: –“mira el cochinero que me dejaste”.
Otros Juglares:
–“Los gobernadores sonorenses de la época formaron parte de esa operación criminal en aras de un falso desarrollo. Se registraron múltiples hechos contra la tribu yaqui de los que la humanidad debe sentirse avergonzada… Es un imperativo ético reparar tales agravios cometidos contra el pueblo yaqui vía persecución, guerra, exterminio y deportación”.
Lo dijo el gobernador Alfonso Durazo Montaño al señalar que el Plan de Justicia Yaqui busca reparar en lo posible, los abusos y despojos que durante décadas y siglos los poderes han impuesto a base de fuerza y violencia en contra de los yaquis.
Gracias por su atención, hasta el jueves si Dios quiere. ¡¡Salud!!
Nos puede seguir en Twitter en @CanoFrancoR También puede conocer nuestra opinión periodística en Rafael Cano Franco “El Juglar de la Red”; lo invitamos a escuchar el podcast “Gajes del Oficio” que hacemos en colaboración con la periodista Cristina Gómez Lima.
