El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco
El eje del discurso de Andrés Manuel López Obrador en su campaña y también como presidente de la República, fue acabar con la corrupción y hasta se dio el lujo de valuar el daño en pesos y centavos, dictando que le costaba al erario mexicano 500 mil millones de pesos y que suprimiéndola, ese dinero serviría para atacar los grandes problemas nacionales.
Nadie en México considera que sus gobernantes están exentos de corrupción: “Todos roban”, es la frase común para señalar que sin importar el color o la ideología del partido en el gobierno los funcionarios tienden a servirse con la cuchara grande y obtener favores, hacer negocios o simplemente apropiarse del dinero público para terminar amasando fortunas.
El Presidente ha sido un constante promotor de que la información sea conocida por el pueblo; tal vez buscando un efecto mediático que le permita recuperar popularidad y al mismo tiempo para exhibir a los corruptos del pasado.
Lo cierto es que más allá de lo escandaloso que pueda resultar ir conociendo nombres de involucrados en actos de corrupción –los cuales siempre estuvieron presentes en la memoria colectiva–, también es verdad que las acciones legales no van más allá de un simple escarmiento que sirve más como apuntalamiento electoral, que como una forma de darle justicia a la sociedad.
Hoy el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya se ha convertido en el distractor para olvidar la pandemia, la crisis económica y la inseguridad pública; el gobierno de López Obrador aplica aquella frase de que “un escándalo se apaga con otro más grande”.
Los vídeos donde aparecen fajos de billetes que pasan de una mano a otra ocupan titulares, pero también exhiben al mismo gobierno en funciones.
El video que se difundió desde una cuenta falsa adjudicada al hermano de Emilio Lozoya, mostró a un funcionario del PAN, que fue renunciado a su cargo en el gobierno de Querétaro, pero también mostró a un contratista actual del IMSS, que recibió contratos millonarios.
Ese video también trajo al presente el momento en el cual René Bejarano guardaba pacas de billetes en un maletín y hasta las ligas se llevaba; ese personaje ahora maneja los recursos de los programas sociales que el Presidente López Obrador promueve. En lugar de erradicar a los corruptos los premió; como si tratándose de actos corruptos que lo benefician, el Presidente es muy laxo y permisivo.
En sus conferencias mañaneras ha venido repitiendo que el dinero público no debe ser utilizado para la compra de voluntades en tiempo de campaña; ha recalcado que la compra de votos con dinero obtenido de manera ilícita es un delito de alto impacto, pero lo dice solamente cuando se trata de sus rivales políticos, no cuando son los suyos los exhibidos.
El periodista Carlos Loret de Mola presentó ayer un reportaje donde aparece Pío López Obrador, hermano del Presidente recibiendo dinero que el gobierno de Chiapas, con Manuel “El Güero” Velasco como gobernador, entregaba mensualmente –al menos por un año y medio—para financiar “al Movimiento” en aquella entidad.
El enlace para entregar el dinero era David E. León Romero, asesor de Comunicación Social del gobierno Chiapaneco en ese momento y que posteriormente fuera coordinador de logística en la etapa de transición con López Obrador; ya en el gobierno de la 4T ocupó la titularidad de la Coordinación de Protección Civil y hace unos días había sido nombrado encargado de la nueva empresa del gobierno para la compra de medicinas.
En uno de los vídeos, Pío López Obrador no solamente recibe 400 mil pesos, también acuerda una fecha para recibir un millón de pesos más, ahí mismo “se queja” de que las remesas de dinero las entregan con demora; en las imágenes también queda claro que David León Romero está muy preocupado de que AMLO sepa que el dinero se entrega de manera continua, con retrasos en los días, pero dentro de un plazo que no afecta las actividades de campaña.
Si los corruptos de antes deben ser castigados, también deben serlo los de ahora.
El problema en México no es la corrupción, es la impunidad. Si no hay castigo para los corruptos, como sucede con Emilio Lozoya, todo queda en mera simulación.
Y si se premió a René Bejarano, no se castigó a Emilio Lozoya, seguramente nada pasará con Pío López Obrador y a David Romero, a este solamente lo van a “guardar” para que en otro momento pueda recibir su premio, de Manuel Velazco ni hablar.
El combate a la corrupción lleva implícito el no permitir la impunidad, pero está visto que el gobierno actual solamente escarmienta a quienes le estorban, aquellos que fueron desleales con AMLO o son rivales políticos a los que se debe desactivar. Los actos de corrupción que cometen los suyos y que lo favorecieron a él, son simplemente anécdotas que no merecen mayor comentario.
Con todo esto, lo único que queda claro es que los honestos no lo son tanto y que la corrupción no es el problema, lo grave es la impunidad.
Tips cortitos pa´no enfadar:
1.- La censura del gobierno federal hizo finalmente su aparición ayer. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por dos años y multó con una cifra cercana al millón de pesos a la empresa editorial que elabora la revista “Nexos”, que dirige Héctor Aguilar Camín por un supuesto incumplimiento en un contrato de prestación de servicios publicitarios con el IMSS el 2018.
El presidente Andrés Manuel López Obrador había manejado una doble cara en torno al ejercicio del periodismo en México: por un lado se declaraba respetuoso de la libertad de expresión, pero diariamente exhibe intolerancia a las críticas y azuza linchamientos públicos contra periodistas que cuestionan y demuestran las fallas en las que incurre su gobierno.
La sanción que aplica la SFP contra “Nexos” es abrir las puertas de la censura a todo aquello que no agrada; si en gobiernos anteriores se dieron casos, en el actual ya siguieron el mismo rumbo; la intención no es resarcir un daño, porque no existe tal, lo que se busca es ahogar financieramente una publicación que desde el 2018 no tiene contratos gubernamentales y a pesar de eso no dejó de ser una constante cuestionadora de las políticas públicas del régimen actual.
Este acto de censura no solamente es un atentado a la libertad de expresión y al derecho que tenemos los mexicanos a la información, también es un paso al totalitarismo dictatorial y a las acciones represivas, con toda la fuerza del estado, contra aquellos que no comulgan o son considerados rivales ideológicos de la 4T.
2.- ¿Recuerdan a Iván Riebeling? Fue aquel personaje que vendió patrullas de segunda, a precio de nuevas, al Ayuntamiento de Navojoa y la alcaldesa Rosario Quintero lo recibió con las más altas honras y pompas cuando la visitó al grado de que hasta las llaves de la ciudad le entregó.
Pues bueno, a Iván Riebeling, sobre quien había muchos señalamientos de corrupción, de violencia y de estar ligado a grupos “extraños”, fue sentenciado por un Juez Federal luego de que se comprobara que amenazó de muerte a un comunicador.
La alcaldesa de Navojoa no es responsable de los delitos cometidos por Iván Riebeling, pero sí lo es de no se exhaustiva en investigar los personajes con los cuales se relaciona y a quienes gusta distinguir con honores y reconocimientos que luego dejan mal parado a su gobierno y que la hacen aparecer como muy ingenua, en el mejor de los casos, o cómplice de ellos, en el peor.
3.- Alfonso Durazo quiere ser gobernador de Sonora, pero para lograr su cometido antes debe dar resultados en materia de seguridad pública y la verdad en ese rubro le ha quedado a deber al estado.
Mientras que en Guaymas directivos policiacos complotan para matar a otros policías—que luego aparecen muertos– y la inseguridad no cesa; mientras las narcomantas se producen y se colocan en serie sin que las autoridades se den cuenta y con personas que a diario son asesinadas o resultan heridas por atentados, las acciones son pobres y los resultados no aparecen.
En Hermosillo y Cajeme los asesinatos han crecido y resulta evidente que falló la militarización de los cuerpos policiacos; los grupos criminales actúan con total impunidad y sin mayor riesgo de ser atrapados.
En la región de Caborca vuelven a aparecer cuerpos destrozados a un lado de la carretera que comunica con Sonoyta y es indicativo que la lucha por la plaza no ha cesado, a pesar de que las autoridades dicen que sí.
Con esa convulsión y el terror desatado, el Secretario Durazo Montaño necesita pisar el acelerador a fondo, porque su gestión ya no es nada destacada y lo ubica como un funcionario que fracasó en su encomienda a nivel nacional, pero también en Sonora ofrece resultados pobres que no son buena carta de presentación.
Otros Juglares:
–“En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al @GobiernoMX, no tomaré protesta como integrante del equipo de @SSalud_mx.”
Lo expresó David E. León Romero, recién nombrado titular de la empresa gubernamental para la compra de medicinas y quien aparece en varios vídeos, que él mismo grabó, entregando dinero a Pío López Obrador, hermano del Presidente, con el cual el gobierno de Chiapas financiaba con recursos públicos, la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Debido al escándalo simplemente decidieron “guardarlo” y no asumirá el cargo que le otorgó el presidente López Obrador, es posible que hasta los elogios presidenciales le quiten.
Gracias por su atención, hasta el lunes si Dios quiere. ¡¡¡Salud!!!
Nos puede seguir en Twitter en @CanoFrancoR También puede conocer nuestra opinión periodística en Facebook en Rafael Cano Franco “El Juglar de la Red”.
