Por Cristina Gómez Lima
Hermosillo, Sonora a 5 de abril.- Carlos Villalobos Organista, ex secretario de Hacienda en la administración del ahora preso, Guillermo Padrés Elías fue arrestado la tarde del martes por autoridades estadounidenses, quienes lo trasladaron al Centro de Correcciones de Florence, ubicado en el condado de Maricopa, cerca de Scottsdale, Arizona.
Luego de pasar 19 días en la lista de fichas rojas de la Organización Policial Internacional y de ser boletinado en más de 196 países como delincuente, el ex funcionario encargado de las fianzas en el Gobierno de Padrés fue detenido debido a una orden de aprehensión emitida por el Juez Segundo de Distrito, encargado de las demandas interpuestas por el Gobierno de Sonora contra los ex socios y colaboradores del ex Mandatario Estatal Panista.
Odracir Espinoza Valdés, Fiscal Anticorrupción de Sonora, declaró que las autoridades de la Procuraduría General de la República esperan el seguimiento de los protocolos interpuestos por las Policía Americana para solicitar la extradición del ex Funcionario.
Espinoza Valdés aseguró que el proceso de extradición no tiene fecha asignada, ni límitada, debido a que dependen de la decisión ejercida por las autoridades americanas.
Señaló que es el Poder Judicial Federal el encargado de determinar a través de qué estatutos y bajo que órdenes será juzgado en el país del Norte.
El Fiscal agregó que a la fecha las investigaciones que tienen relación con el desfalco de 32 mil millones de pesos durante la pasada administración estatal, la Interpol mantiene 33 fichas de alerta, 15 fichas rojas, las cuales tienen la facultad de detener por mantener una orden de aprehensión y 18 alertas azules, estas cuando son incluidos en carpetas de investigación y la persona puede ser prófuga, con la cual la Policía Internacional debe ubicar y mantener localizado.
Villalobos Organista quien se se desempeñó como Secretario de Hacienda del 2012 al 2015, es investigado por el delito uso indebido de atribuciones y facultades, por delitos del fuero común y manejo indebido de recursos públicos pertenecientes a recursos federales destinados a seguridad, salud y educación, por un monto superior a los 600 millones de pesos, de acuerdo con auditorías realizadas por la Auditoría General de Sonora.
