El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tomó una decisión controversial en torno a las personas que roban combustible de los ductos de Pemex y anunció un plan multimillonario a desplegar en 91 municipios donde la práctica del “huachicoleo” es común entre sus pobladores.
La premisa central que maneja el Gobierno Federal es que la pobreza existente en esas comunidades es la causa principal de que sus habitantes recurran a la perforación de ductos de combustible para obtener unos cuantos pesos.
Lo anterior no es más que una forma de criminalizar la pobreza y decir que los actos delictivos se generan por la condición económica, algo que no es del todo cierto.
El Plan de Bienestar, como le llamó el presidente López Obrador, implica apoyar a un millón 668 mil 447 personas a través de distintos programas; pero lo que llama la atención es un pago de entre 6 mil a 8 mil pesos que se van a repartir para que no les falte el dinero y no tengan que robar combustible.
Hay quienes califican la iniciativa presidencial como “pago de piso” a las personas que se dedican al robo de combustible; también lo califican como un acto populista que no resuelve nada y por el contrario solamente genera un paternalismo exacerbado por parte del gobierno.
Más allá de los 8 mil pesos a pagarse, todos los demás recursos están incluidos en el abanico de programas que anunció el presidente López Obrador: becas para estudiantes, apoyos a adultos mayores y personas con discapacidad; estímulos financieros para reactivar micro empresas.
La gran duda gira en torno a si cuando esos ciudadanos ya no reciban los apoyos del Gobierno Federal volverán a perforar los ductos y robarse el combustible; también se debe responder si la estrategia del gobierno federal se limita a la entrega de dinero o si aparejado a esa acción vendrán otras relacionadas con educar a la población, combatir la ilegalidad con la aplicación de la ley y aplicar tecnología para evitar el robo.
En Bácum insisten regidores: “el Alcalde está enfermo”
Funcionarios del Ayuntamiento de Bácum no aceptan que la detención del alcalde Rogelio Aboyte, por falsificar documentos para ingresar a Estados Unidos, es una realidad; pareciera que alguien no les está ayudando o los están mal asesorando en las respuestas que deben dar.
El director de comunicación Social de ese Ayuntamiento, Marco Antonio Martínez salió a leer un documento, que calificó como “versión oficial” donde establece que el alcalde está ausente por enfermedad.
Según el documento, Rogelio Aboyte solicitó una licencia al Cabildo el pasado 21 de diciembre para ausentar del cargo por 90 días y acudir a recibir tratamiento médico, “como regularmente lo hace para tratarse un problema de salud”.
El quid del asunto es que ya no hay sustento para mantener esa mentira, de ahí la importancia de que asuman la realidad y actúen en consecuencia. La realidad es que el alcalde fue detenido y así continúa por las autoridades de Estados Unidos, lo acusan de falsificar documentos para lograr la ciudadanía norteamericana, la cual le fue negada, de utilizar documentos falsos para casarse en Estados Unidos, de utilizar un nombre falso para solicitar el pasaporte el 2015, además de ser sentenciado por narcontráfico.
El dirigente de Morena en Sonora, Jacobo Mendoza fue muy claro en sus declaraciones y señaló que ese partido no saldría a la defensa de ningún militante que tuviera problemas con la justicia, aceptando tácitamente que la detención de Rogelio Aboyte por autoridades de Estados Unidos estaba sustentada en las ilegales que cometió.
No solamente eso, para Morena ha resultado un problema de imagen saber que entre sus candidatos, particularmente entre los que resultaron electos, en este caso Rogelio Aboyte, también emergió la noticia de que fue sentenciado, primero a 82 meses de prisión y luego la condena se redujo a 70 meses, por posesión de cocaína; algo que ellos dicen se enteraron por la sencilla razón de que su condena y encarcelamiento fue con el nombre falso que utilizaba para ingresar a los Estados Unidos.
Pero a pesar del claro deslinde que hizo la dirigencia de Morena, en Bácum todavía se mantiene la versión de la enfermedad, algo que solamente puede ser producto de una gran tozudez o de una pésima asesoría.
Pero también se huele un ardid legaloide para ganar tiempo y con ello poder articular una estrategia que le permita a Morena mantener el municipio bajo su control
A estas alturas, lo que debe proceder es que el Cabildo de Bácum se ponga de acuerdo y determinen quien se hará cargo de la Presidencia Municipal, sea de manera interina o definitivamente, según lo que establezca la ley y aceptar que Rogelio Aboyte es un criminal sentenciado en Estados Unidos y al que ahora se le sigue otro proceso legal.
Tips cortitos pa´no enfadar:
1.- El organismo ciudadano que se encarga de evaluar el trabajo de los legisladores en el Congreso del Estado, dictaminó hace unos días que el diputado Carlos Navarrete, del distrito 7 –Cananea, Agua Prieta, Naco, Bacoachi y Fronteras—era el más productivo en cuanto a la presentación de exhortos e iniciativas en la actual legislatura.
No son pocos los que se han sorprendido por el activismo legislativo de este diputado del PES y a quien le atribuyen una gran cercanía con funcionarios allegados al presidente López Obrador.
Pero me aseguran que muchos se sorprenderían si supieran que Carlos Navarrete también es un comprometido con su comunidad y que el pasado diciembre repartió leña –literal—a muchas personas para que pudieran calentarse en sus hogares, muy oportunamente por cierto, dadas las bajas temperaturas que enfrentaron los municipios que integran su distrito.
Pero además se le reconoce como un exitoso gestor que trabajó, junto con la Secretaría del Trabajo de Sonora, para evitar el estallamiento de dos huelgas, una en Agua Prieta y la otra en su natal Cananea.
Así las cosas, no hay que perderlo de vista porque es de lo mejorcito que hay en el Congreso de Sonora.
2.- El abogado Juan Antonio Ortega García, falleció la madrugada de este martes, una sensible pérdida para el gremio por ser un reconocido hombre de leyes, que supo enfrentar con los Códigos legales en sus manos a los más poderosos políticos de Sonora cuando estaban en la cúspide del poder.
Al abogado Juan Antonio Ortega se le recuerda principalmente por ser quien llevó el caso de Gizela Peraza y metió en un predicamento al ex gobernador Guillermo Padrés Elías, al grado de que si recupera la libertad por los delitos federales que enfrenta, tendría que ser detenido y encarcelado de nuevo por los procesos legales que ha perdido en el caso de Gizela y todo por la forma como lo planteó Ortega García.
Descanse en Paz Juan Antonio Ortega García.
Otros Juglares:
–“Estoy entregando lo que se realmente le cambia la vida a las personas, tener una vivienda digna, un techo seguro donde estar; y eso para mí es lo más importante, porque como madre de familia sé que son más de cuatro paredes, es el hogar donde estamos con nuestros hijos o con nuestros nietos, viviendo de una manera digna”.
Lo dijo la gobernadora Claudia Pavlovich durante una gira de trabajo que realizó por los municipios de Bacanora, Sahuaripa y Arivechi donde entregó acciones de vivienda, becas académicas, víveres y colchonetas, además de inaugurar obras de pavimentación e infraestructura social y escolar en esas poblaciones.
Gracias por su atención, hasta el jueves si Dios quiere. ¡¡Salud!!
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