El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco
Cuando las autoridades no tienen una explicación lógica que permita establecer las razones por las cuales sucede un hecho sangriento donde están involucrados ciudadanos de bien, el primer recurso es señalar que fueron “confundidos”, esa expresión conlleva el mensaje de que fue una situación accidental y por tanto nadie debe temer pues se trata de un hecho fortuito y no generalizado.
Justamente con esa explicación, el secretario de gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, trató de aplacar el sentimiento de miedo que generó el asesinato de los empleados de CFE en la zona serrana de Sonora.
Apenas el 7 de junio, el gobernador Alfonso Durazo reclamó a los periodistas en el Salón Gobernadores que en diversos espacios de redes sociales e incluso en columnas de opinión se había dado cabida a la versión de que grupos criminales tenían asediada esa zona; aseguró que ese era territorio seguro e incluso que no se tenía el registro de grupos criminales en la zona y que todo lo dicho era algo que pasó años atrás.
Pero según el Secretario de Gobierno, el ataque que costó la vida a los empleados de CFE fue realizado por integrantes del grupo criminal conocido como “La Línea”, una banda que tiene su origen en el vecino estado de Chihuahua. De pronto, una zona que el gobierno presumía segura, es asolada “desde años atrás” por la presencia de grupos criminales.
Luego de que se conociera el crimen, en diversos espacios, particularmente en redes sociales, habitantes de comunidades que se asientan en esa región, dan cuenta de como están sometidos en sus comunidades; indican como los retienen en sus poblados con un toque de queda forzado; las intimidaciones que viven y el nulo eco que tienen sus llamados de auxilio a las autoridades.
Más allá de la confusión de los sicarios que atacaron a la cuadrilla de trabajadores; donde parece están más confundidos es en el gobierno de Sonora.
No solamente fueron lentos en reaccionar ante el hecho de violencia, cuando lo hicieron de una forma que lastimó más a los ciudadanos y los reclamos fueron contundentes.
El gobernador Alfonso Durazo dijo, 30 horas después de los sucesos, en su cuenta personal de Twitter: “Expreso mi más sentido pésame, pero sobre todo, condeno categóricamente los hechos ocurridos en la carretera Tecoripa-Yécora”.
Y su compromiso llegó a que su gobierno daría seguimiento coordinado con la FGR a los hechos.
Luego, la Secretaría de Seguridad Pública, también lenta y omisa para ser reactiva, salió con la cantaleta de que por “instrucciones del Gobernador” se daría seguimiento puntual y aseguró que no habría impunidad. Este posicionamiento, también en su cuenta personal de Twitter. Ella llegó más tarde, casi 36 horas.
La propia CFE fue omisa y lenta en expresar condolencias y emitir una postura, a nivel local no emitieron posicionamiento alguno y a nivel nacional lo hicieron luego de que trabajadores y compañeros de las víctimas se manifestaron por fuera de las instalaciones en Hermosillo y se negaron a trabajar ante la falta de garantías para preservar su integridad; fue hasta ese momento que el director general de CFE, Manuel Bartlett emitió un posicionamiento y anunció que se formaría una comisión tripartita (Guardia Nacional-FGR-CFE), para investigar los hechos y ofrecer en ocho días un informe detallado.
El problema no es investigar los hechos, la narración de los trabajadores sobrevivientes es muy clara; lo que procedería es un intenso operativo para “limpiar” esa zona de grupos criminales y con ello detener a los responsables de este crimen al mismo tiempo que se regresa la paz, la libertad y la tranquilidad a los habitantes de toda esa región de la sierra sonorense.
Ya se sabe que las comisiones son una solución para todo que no sirven para nada.
En cuanto a lo de “la confusión”, es una salida fácil para el funcionario, pero en nada da consuelo a las familias de las víctimas, al final de cuentas sus familiares y quienes no lo somos pero los conocíamos, sabíamos la clase de buenas personas que son.
¡Y Felipe tenía razón!
Desde el 2006, cuando el presidente Felipe Calderón decidió utilizar al Ejército para plantar un frente de batalla a los grupos criminales de México, Andrés Manuel López Obrador manifestó una férrea oposición a esa determinación y la calificó de errónea. Así estuvo durante 12 años.
López Obrador se paseó por todo el país despotricando contra esa determinación, fue tan efectiva su postura que hubo muchos que se le sumaron porque consideraban que utilizar al Ejército en acciones de seguridad pública era un craso error y argumentaban que los militares son especialistas en violentar los derechos humanos de los ciudadanos.
Cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto propuso la creación de una Ley Interior de Seguridad, donde el Ejército volvía a tener un papel preponderante, otra vez Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores se lanzaron a una fuerte campaña para manifestar su oposición a esa determinación.
Incluso en la campaña política del 2018, cuando por tercera vez buscaba la silla presidencial, AMLO planteaba que sí el ganaba la elección, en ese momento el Ejército regresaría a los cuarteles y ahí permanecería.
Ahora dice que al ver el enorme problema de seguridad pública que debía enfrentar, a los seis meses de estar en la Presidencia cambión de opinión y decidió mantener a los militares en las calles.
Con eso le daba la razón a Felipe Calderón. Así terminaba de reconocer que el panista siempre tuvo la razón en su decisión.
El asunto es que López Obrador no solamente convirtió a los militares en los policías de México; también los hizo constructores de refinerías, de aeropuertos, de trenes, los puso al frente de proyectos de infraestructura; están en las aduanas, en los puertos, son los muros de contención a las olas de migrantes centroamericanas.
El Ejército y la Marina están metidos en prácticamente todos los recovecos del gobierno federal, son los grandes consentidos, los que no padecen recortes presupuestales; sus altos mandos son los beneficiarios de contratos millonarios, están ocupados en todo, pero en materia de seguridad no han hecho nada.
Felipe Calderón solo los sacó a la calle para atender la seguridad pública, pero el presidente López Obrador los utiliza hasta para distribuir el gas del bienestar y ahora reniega de lo que antes decía y junto con él, sus seguidores que son incapaces de darle la contra y pensar por si mismos.
Tips cortitos pa´no enfadar:
1.- Cuando parecía que la secretaria de Seguridad Pública, Dolores del Río Sánchez y la Fiscal General de Justicia, Claudia Indira Contreras Córdova, navegaban en aguas tranquilas, de un día para otro todo se les volvió a complicar y la violencia reapareció en distintos puntos de Sonora.
Dolores y Claudia Indira son las funcionarias más cuestionadas en el gabinete de Alfonso Durazo; en el caso de la señora del Río Sánchez por su evidente ignorancia en el tema de la seguridad pública y la errática conducción que ha hecho en la Secretaría de Seguridad.
En el caso de Claudia Indira es por demás evidente que es “un prietito en el arroz”; ella es una herencia del sexenio anterior y aunque fue seleccionada por el Congreso del Estado para estar nueve años en el cargo, en noviembre cumplirá cuatro años en el cargo, desde el interior del gabinete se puja para que sea removida y con ello darle paso a alguien de las enteras confianzas del gobernador Alfonso Durazo.
Los sucesos de violencia que volvieron a azotar Sonora demuestran una vez más, que ambas funcionarios, a pesar de aparentemente se mueven en tándem, son un eslabón muy débil en la estructura gubernamental.
2.- En Palacio de Gobierno, el presidente de la República debe estar con una amplia sonrisa de oreja a oreja y tiene fundadas razones para ello: primero porque la propuesta de que la Guardia Nacional pase a la SEDENA de manera íntegra no tiene forma de ser detenida; segundo, porque el PRI de pronto avaló la permanencia del Ejército en las calles con una iniciativa que prolonga hasta el 2028 y justamente esa postura tiene al borde la ruptura la alianza “Va por México”.
Lo que más debe agradarle al Presidente es la posibilidad de que el principal bloque opositor que enfrenta se atomice, particularmente cuando el año que entra se viene la elección de gobierno en Estado de México y Coahuila, ambas entidades gobernadas por el PRI.
Si los partidos determinar irse cada uno por su lado, será un triunfo garantizado para los candidatos de Morena y con ello, López Obrador tendrá casi garantizada la elección presidencial del 2024 a favor de quien él decida.
Otros Juglares:
–“Las y los gobernadores que formamos parte del proyecto de la Cuarta Transformación apoyamos la posición del ciudadano presidente de la República respecto a cumplir la previsión constitucional que contempla a la prisión preventiva oficiosa en los delitos que afectan a la seguridad nacional y en aquellos que violentan gravemente los derechos de las víctimas.
“Rechazamos cualquier intento que atente en contra de la seguridad de las familias mexicanas y del principio básico que rige su justificación y existencia del estado mismo, la certeza jurídica. Por ello, nos manifestamos con toda convicción porque prive la defensa del interés público y la Suprema Corte de Justicia de la Nación preserve los términos en los que esta figura se contempla en nuestros ordenamientos legales”.
Lo dijo el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño al manifestar su apoyo para que la prisión preventiva se conserve como una figura jurídica y con ello evitar “las puertas giratorias” para que criminales evadan la acción de la justicia.
Gracias por su atención, hasta el viernes si Dios quiere. ¡¡Salud!!
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