Las voces más encumbradas de Morena, incluida la de Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, han cuestionado e incluso sugerido a los alcaldes que emanaron de la Coalición formada por ese partido, el del Trabajo y PES, que quiten de los cargos públicos a los familiares que nombraron.
El asunto es escandaloso y ya exhibe que el nepotismo se convirtió en la “marca de la casa”, porque no solamente se trató de un hecho aislado ubicado en el gobierno de Sara Valle Dessens, la alcaldesa de Guaymas; actos de nepotismo están registrados en todos los Ayuntamientos emanados de la Coalición: San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales, Guaymas, Empalme y Cajeme.
En Hermosillo el problema no es el nepotismo, con Célida López gobiernan los amigos y compadres.
El caso es que esos escándalos ya escalaron al grado máximo y parece que nada ni nadie puede hacer entrar en razón a los Presidentes Municipales para que se deshagan de los familiares que colocaron en lugares claves de sus gobiernos.
Lo más grave es que ni siquiera hicieron caso a la recomendación hecha por Andrés Manuel López Obrador y al ignorarlo, también dejaron claro que además de nepotismo, también cometen el pecado de soberbia.
De ahí que las expresiones de Ana Gabriela Guevara, comisionada del Partido del Trabajo en Sonora, argumentando que las prácticas nepotistas que se han presentado en los ayuntamientos de la Coalición son producto de la ignorancia, porque los partidos políticos no capacitaron a los alcaldes antes de asumir el cargo, son poco creíbles.
Sara Valle Dessens, alcaldesa que salió del PT, no es la primera vez que ocupa ese cargo y desde la primera vez que gobernó el Ayuntamiento de Guaymas ya se le señalaba como proclive al acomodo de familiares; de hecho, Santiago Luna, el tesorero que es su cuñado también fue la manzana de la discordia en aquella ocasión, como lo es ahora de nueva cuenta.
Lo que parece suceder es que los alcaldes y alcaldesas se quedaron con la idea de que eran intocables y nadie les cuestionaría sus decisiones. Recordemos que en la campaña electoral, como candidatos fueron cobijados por la figura de López Obrador y a pesar de los escándalos que generaron, no les afectó para nada en las preferencias electorales y al ganar de manera arrolladora supusieron que su bono democrático alcanzaba para blindarlos de todo tipo de tropelías, arbitrariedades, ilegalidades e irregularidades que pudieran cometer.
Pero al momento mismo en que López Obrador les pidió destituir a sus familiares de los cargos asignados, se les acabó el blindaje y el bono democrático se redujo a nada; de ahí que el escándalo estallara y se extendiera a todos los Ayuntamientos y ninguno pasó la prueba.
El tema ya rebasó a los alcaldes de Morena, PT y PES, todos están enlistados y catalogados como nepotistas, pero además se ha documentado que no solamente se trata de uno o dos familiares, sino de prácticamente todos los niveles consanguíneos: primas, suegros, yernos, consuegros, hijos, hermanos y novias.
Por ello es que el dirigente de Morena en Sonora, Jacobo Mendoza Ruiz también lanzó un exhorto a los alcaldes emanados de la Coalición y les solicitó a los cabildos respectivos que se revisen los nombramientos que incumplan con las disposiciones estatutarias de su partido o con las leyes en materia de normatividad.
El problema es que si Andrés Manuel López Obrador fue ignorado por esos alcaldes y alcaldesas, quienes se pasaron por el arco del triunfo la recomendación de su líder, ¿por qué deberían atender el llamado de Jacobo Mendoza?
El nepotismo que exhiben los alcaldes y alcaldesas, ya sobrepasó los límites de la tolerancia política y pasó a convertirse en un problema de credibilidad e imagen pública, pero también en un tema que puede llegar a ser investigado como un acto de corrupción.
No están corridos y no pueden reemplazarlos
Gustavo Bustamante, abogado defensor de 15 de los 16 trabajadores despedidos del Congreso del Estado, nos decía el miércoles de la semana pasada, en reunión con el Grupo Contrapunto 10; que el Tribunal de Justicia Administrativa había emitido una resolución donde señalaba que era ilegal el despido de esos trabajadores.
Si lo sabía el abogado también lo sabía el Congreso del Estado y su mesa directiva.
El caso es que en el Congreso, los diputados de Morena, determinaron seguir adelante y pretenden llevar al Pleno el nombramiento de los nuevos directores y subdirectores, lo que a todas luces es una ilegalidad y puede considerarse hasta un desacato a los mandatos del Tribunal.
No solamente se trata de deshacerse de los que ahí estaban, utilizando cualquier argucia; el tema también pasa por la ambición de ocupar de inmediato esas posiciones que ya tenían comprometidas.
El caso es que con la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa, los empleados no solamente ganaron el primer round al demostrar que el supuesto despido era ilegal, con eso también evitan que esos cargos puedan ser entregados a quienes Morena se les tiene ofrecidos.
Llevar el tema al Pleno del Congreso es una necedad y también una ilegalidad.
Sictuhsa y su mala administración
La dirección de Crédito y Cobranza del IMSS entregó un requerimiento de pago a Sictuhsa por la suma de 88 millones de pesos, adeudo por concepto de cuotas de seguridad social que no han pagado desde el 2014.
El 2015 y el 2017, la empresa Sictuhsa firmó un convenio de pago con el IMSS, pero en ambas ocasiones incumplió, de ahí que un tercer convenio no sea una opción.
No se trata de que la empresa haya tenido malos años y por eso esté en esa situación ante el IMSS, de hecho en los últimos tres años Sictuhsa tuvo ingresos anuales por cerca de 500 millones de pesos: los 200 millones de pesos que les paga por concepto de subsidio al trasporte el gobierno de Sonora y 300 millones de pesos que ellos captan directamente del pasaje que pagan los usuarios.
Solamente en los pasados tres años, el Gobierno de Sonora les entregó 600 millones de pesos de subsidio, cantidad con la cual fácilmente pudieron solventar las cuotas que adeudan al IMSS y pagar los 16 millones de pesos que le deben al Infonavit, eso les habría dejado 496 millones de pesos, solamente de subsidio, además de los 300 millones anuales que reciben directamente del pago de los usuarios.
Lo anterior solamente exhibe la mala administración que existe en Sictuhsa y la forma como los directivos se han aprovechado de su posición de privilegio para lucrar ellos y dejar al resto de los concesionarios en una situación crítica.
De lo anterior también deriva la presión que ejercen para aumentar la tarifa, no se trata de si el dinero les alcanza o no; se trata de poder “tapar” los problemas administrativos, por ello es que el tema tarifario lo han llevado al campo político y en ese punto están buscando acercamientos con otras fuerzas políticas, antagónicas al Gobierno de Sonora.
Otros Juglares:
–“Morena exhorta a los Ayuntamientos emanados del partido, para que, con pleno respeto a la autonomía municipal, se revise en sesión de Cabildo aquellos nombramientos de funcionarios que incumplan disposiciones estatutarias o normatividad en materia de responsabilidades”.
Lo dijo el dirigente de Morena en Sonora, Jacobo Mendoza Ruiz, como una forma de reacción ante los escándalos de nepotismo que alcanzan las presidencias municipales emanadas de ese partido y de los otros dos que formaron la Coalición Juntos Haremos Historia.
Gracias por su atención, hasta el miércoles si Dios quiere. ¡¡Salud!!
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