Luego de que el Congreso del Estado aprobara la creación de una Fiscalía Especializada Anticorrupción, con atribuciones propias y donde será el propio legislativo quien tendrá la facultad para nombrar al nuevo fiscal, nos encontramos con el hecho de que Odracir Espinoza, el actual Fiscal, será evaluado en su trabajo y de eso dependerá si continúa o no en ese cargo.
Si nos atenemos exclusivamente a los resultados que los sonorenses esperan y entendemos que eso se traduce en funcionarios públicos del sexenio anterior recluidos en la cárcel, llegamos a la conclusión de que los resultados presentados por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) son magros.
Pero hay que poner todo en contexto.
La FAS es un organismo creado ex profeso para perseguir corruptos y no dar pie a la impunidad; su creación obedece al compromiso que hizo la gobernadora Claudia Pavlovich durante su campaña electoral y la cual ratificó en su toma de posesión.
La Gobernadora se comprometió ante los sonorenses a castigar a todos aquellos funcionarios que saquearon Sonora y a no permitir que eso volviera a repetirse.
Pasados 15 días de su asunción, Claudia Pavlovich presentó a Odracir Espinoza como el Fiscal Anticorrupción y anunció la creación de la FAS; pero luego de ese evento público, lo que hemos visto es pirotecnia mediática, pero muy pocos resultados en el castigo a los corruptos; en contraparte, la FAS amplió su campo de acción para generar una cultura en contra de la corrupción, que si bien es importante no es la prioridad para la que fue creada.
La expectativa ciudadana se centró en un trabajo construido con solidez, pero también con celeridad, se pensaba en un plazo de seis meses como suficiente para ver políticos del sexenio pasado en la cárcel; pero lo que ha sucedido es una romería de políticos citados a declarar, una gran cantidad de expedientes abiertos, muchos amparos solicitados y solamente tres casos en juicio.
Y si nos atenemos a las personas en la cárcel, solamente hay uno: Jorge Morales Borbón, se encuentra ahí no por habérsele encontrado responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, sino por una denuncia de particulares a quienes presuntamente les pidió “mochada”.
El otro caso, también parte de una denuncia de particulares quienes acusaron a funcionarios de la SEC por venderles plazas.
Es decir, en sentido estricto, la FAS no ha podido integrar un expediente pleno donde se demuestre un acto de corrupción con recursos públicos por parte de funcionarios del sexenio pasado.
Peor aún, si bien hay personajes ligados al PRI a quienes se investiga, el trabajo realizado deja la sensación que los únicos corruptos a los que se persigue están en el PAN; pero al mismo tiempo, hay personajes panistas a las que pareciera se les tendió un manto de impunidad por sus apoyos en campaña y su dócil comportamiento postelectoral.
Ahora que el Congreso del Estado evalúe el trabajo realizado por Odracir Espinoza, seguramente tendrán en su poder una gran cantidad de números, una gran explicación de los casos que se investigan y muchos argumentos válidos de los motivos por los cuales no se avanza.
En descargo de Odracir Espinoza se debe considerar el grado de expectación generada con su nombramiento, también la poca severidad de las leyes; juega en su contra que el sistema de justicia parece favorecer a los corruptos en lugar de castigarlos, está obligado a mantener una secrecía en las investigaciones que genera la percepción de opacidad y de inmovilidad y pasividad.
Es menester señalar que a pesar de los fuegos artificiales al inicio del sexenio, cuando desde la SEC, la Secretaría de Seguridad Pública, el Isssteson, la Secretaría de Salud y la Sidur, se generó la percepción de un tremendo saqueo a las finanzas públicas, muchos de esos secretarios ni siquiera presentaron la denuncia correspondiente en la FAS.
Ni las leyes ni el sistema están hechos para castigar corruptos, por el contrario, favorecen la impunidad, que los funcionarios de Claudia Pavlovich fueran omisos en no denunciar, también juega en descargo de Odracir Espinoza; pero ni eso basta para justificar, ante una sociedad ávida de castigo a quienes depredaron los recursos públicos: que los resultados sean tan escasos, el avance tan lento y el castigo tan tardado.
Ya veremos si el Congreso del Estado valora un trabajo abundante en materia de investigaciones pero escaso en resultados o si por el contrario, deciden tener paciencia y ratifican a Odracir Espinoza en atención a que muchos secretarios ni siquiera denunciaron ante la FAS los actos de corrupción que pregonaron en los medios.
Por lo pronto seguimos esperando se cumpla el ofrecimiento de justicia, cárcel a los corruptos y no a la impunidad, que hizo Claudia Pavlovich el 13 de septiembre del año pasado, cuando tomó posesión.
Amenaza CNTE y EPR a periodista
Alfredo Martínez de Aguilar, es un profesor de Oaxaca y también ejerce el periodismo escrito y radial; es el delegado del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores en aquella entidad y siempre ha sido un comprometido con la verdad; sus expresiones periodísticas son muy claras y en base a sus investigaciones logró establecer los vínculos que existen entre la CNTE, El Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el financiamiento que reciben del narcotráfico.
Precisamente por denunciar esa relación entre la narcoguerrilla y la CNTE, es que el EPR amenazó de muerte al maestro Alfredo Martínez de Aguilar. No tuvieron la capacidad para desmentir al periodista y por ello prefirieron amenazarlo y acosarlo.
Pero Martínez de Aguilar no solamente sigue adelante, sin arredrarse en su denuncia, pero sí pide a las autoridades federales las garantías suficientes para ejercer el periodismo sin ningún tipo de ataduras, amenazas, mordazas o intimidaciones; no pide nada especial, simplemente que se respete su derecho a expresarse libremente.
Desde este espacio, como ya lo han hecho muchos otros en México, hacemos responsables a la CNTE, EPR y APPO o cualquiera otro de sus adlateres, de cualquier agresión física, verbal o material que se haga en contra de la persona de Alfredo Martínez de Aguilar, su familia, sus bienes o los medios para los que trabaja y condenamos esos intentos intimidatorios que solamente pretenden acallar las voces que denuncian nexos vergonzantes entre esos grupos y el narctotráfico.
Tips cortitos pa´no enfadar:
1.- La gobernadora Claudia Pavlovich gestionó recursos federales por 45 millones de pesos, provenientes del programa Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESO), para apoyar a 2 mil 130 familias, de 118 localidades rurales que viven en vulnerabilidad y en condición de pobreza extrema.
El programa se divide en dos grupos: el “PESO 85” se aplicará a personas físicas, grupos de persona en condición de pobreza con carencias alimentaria y que trabajan en actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras. Este es un grupo de mil 500 familias que serán atendidas por tres empresas de la Agencia de Desarrollo Rural bajo la metodología de PESO y el aporte de la FAO.
El otro grupo estará en “PESO 15”, aquí estarán integradas 630 familias en condición de pobreza extrema con algún tipo de protección social, contarán con recursos para la instalación de huertos y granjas familiares, recibirán apoyos y orientación por siete técnicos previamente seleccionados.
2.- El gobierno federal nos quiere hacer creer que el recién “gasolinazo” es producto de los sucesos derivados del Brexit, la realidad era una decisión tomada desde antes, pero no la habían anunciado por los procesos electorales en desarrollo y que fueron un desastre para el PRI.
Los recortes presupuestales y el “gasolinazo” son una mala noticia para los mexicanos y son también un clavo más en el ataúd que está confeccionado el presidente Peña Nieto para su candidato presidencial.
El Presidente incumplió su palabra y regresó a las medidas draconianas que lesionan seriamente el bolsillo de los mexicanos y esa es una afrenta que se le fa a cobrar.
Otros Juglares:
–“Definitivamente muchos de los ciudadanos hermosillenses estamos angustiados y molestos de que la administración anterior (encabezada por Alejandro López Caballero) haya utilizado terrenos que eran destinados al equipamiento, canchas deportivas, centros comunitarios, escuelas y que el ayuntamiento lo haya vendido a particulares sin tener un sustento legal que los amparara.
“En el momento en el que no respetan tu estado de derecho, en el momento en que el ayuntamiento pasa por encima de los intereses ciudadanos, en ese momento se convierten en actos, no nada más ilegales, sino en actos inmorales para la propia sociedad y yo creo que el alcalde (Manuel Ignacio “Maloro” Acosta) está haciendo lo correcto, está en la vía de la legalidad y en la vía moral de devolverle a los ciudadanos lo que legalmente les pertenece”.
Lo dijo la diputada Flor Ayala Robles Linares al calificar como “un acto de justicia” la revocación de ventas ilegales de terrenos que hizo el Cabildo de Hermosillo para recuperar 10 predios que vendió el gobierno municipal anterior de manera ilegal.
Gracias por su atención, hasta el martes si Dios quiere. ¡¡Salud!!
