El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco
Desde que el gobierno actual asumió el poder han firmado tres acuerdos o convenios para buscar la paz en Sonora, uno cada 15 días, pero esos acuerdos son letra muerta para los grupos criminales que se pelean las plazas en Sonora, un día sí y al otro también, las balaceras, los “tapones” carreteros, los asesinatos, los enfrentamientos armados son la constante.
Lo excepcional sería un día donde no apareciera un muerto, donde no se supiera de un hecho criminal, donde todo trascurriera en paz.
La Secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río Sánchez sabe perfectamente, porque no es ingenua, que esos acuerdos que se han firmado de nada sirven, pero son justificantes para decir que están trabajando, que tratan de hacer algo para enfrentar el enorme problema que está encima.
Las firmas de acuerdos y convenios son actos meramente políticos, sin mayor sustancia que la escenografía en la cual se montan, pero no sirven de nada.
Tanto la señora Del Río Sánchez como el gobernador Alfonso Durazo, saben perfectamente que el mejor remedio para lograr la paz, es la aplicación del estado de derecho, retomar la legalidad. No hay otra fórmula y cualquier otra acción es mero acto decorativo.
Retomar la paz significa que aquellos bandos del crimen organizado en pugna sean sometidos, enjuiciados y llevados a la cárcel. Para eso se necesitan cuerpos policiacos capaces de realizar investigación, preparados y dotados con todos los elementos necesarios: armas, tecnología, inteligencia financiera y policiaca, que les permita ubicar y detener a cabecillas y tropa.
En no pocas ocasiones la política es la principal enemiga de la legalidad.
Por consideraciones políticas especiales, la etnia Yaqui está exenta de respetar la ley; sus integrantes pueden bloquear las vías federales y no se les molesta; pueden instalar retenes para cobrar peaje y ninguna autoridad se les enfrenta.
Les guste o no a los gobernantes en turno, eso es violentar a los ciudadanos y por tanto es un atentado a la paz social.
Cuando los ciudadanos son molestados, increpados, asaltados o chantajeados para poder transitar por una carretera, sea federal o estatal, también se atenta contra la paz y es ahí cuando los cuerpos policiacos deberían funcionar, pero en lugar de retirar o detener a los hampones que obstruyen la movilidad de personas y productos, lo que hacen es voltear a otro lado y fingir que no pasa nada.
Mucho se habla de como los cuerpos policiacos están corrompidos por el crimen organizado; los han infiltrado y comprado; tan lo saben que ese fue el diagnóstico que en su momento como Secretario de Seguridad Pública hizo Alfonso Durazo.
Pero a la fecha no se conoce de ningún elemento que fuera separado, este procesado o cuando menos sea investigado por sus vínculos con grupos criminales. Se han destituido a muchos agentes de las policías municipales, las causas son diversas pero ninguna que se sepa por formar parte de los grupos criminales o estar coludidos con ellos.
No nos equivocaríamos si llegásemos a afirmar que las cabezas de las corporaciones policiacas saben y conocen a esos agentes, pero al final de cuentas terminan por utilizarlos y hasta son beneficiados.
Hace unos días el gobernador Alfonso Durazo presumió como logro de su gobierno que el número de personas procesadas aumentó en sus primeros 41 días de gobierno y hasta reconoció el trabajo de la Fiscalía de Justicia de Sonora.
Está bien, pero es insuficiente. Reconoce el trabajo de una Fiscalía de Justicia rebasada, donde son más los casos pendientes que los resueltos. Una Fiscalía de Justicia que atiende pero no resuelve y menos finiquita.
La Fiscalía de Justicia de Sonora es especialmente hábil para detener a ciudadanos con vicios que delinquieron: al drogadicto que mató a sus padres; al vecino que mató a su amiga, al ratero que mató a su víctima; pero cuando se trata del crimen organizado extremadamente lenta y torpe, ahí no hay resultados.
Se pueden firmar acuerdos, convenios, pactos de colaboración todos los días, de nada van a servir porque son meros actos políticos; lo que trasciende es que con la potestad que tiene el gobierno de aplicar el estado de derecho, incluso con la fuerza, realmente haga que impere la legalidad.
Tips cortitos pa´no enfadar:
1.- El martes, el gobernador Alfonso Durazo Montaño señaló que funcionarios del Isssteson estaban coludidos con magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa para darle trámite a pensiones altamente costosas para la Institución. Operaban como toda una mafia de súper pensiones.
Bueno, ayer por la tarde se informó que el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Aldo Padilla Pestaño fue destituido del cargo, mediante una especia de “golpe de estado”.
Que bien fue destituido, mejor sería si a la par de la exhibida pública también se fincan responsabilidades y se inicia una investigación. Cesarlo de sus funciones pareciera más un premio que un castigo.
2.- Los cuerpos policiacos estatales, el municipal de Cajeme, elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron ayer a un grupo armado de hombres en el Valle del Yaqui; compañeros reporteros trasmitieron prácticamente en vivo la balacera donde afortunadamente salieron con la mejor parte los agentes del orden.
El saldo para el comando armado de civiles fue de tres hombres muertos, cuatro detenidos, 10 armas largas y 2 cortas aseguradas y un vehículo también fue asegurado. De esto precisamente se trata, enfrentar a los criminales con la misma o más capacidad de fuego para someterlos y detenerlos.
Lo siguiente sería la labor de inteligencia y que los detenidos declaren a que célula pertenecen, quiénes son sus jefes y a partir de sus declaraciones elaborar un plan estratégico para ir contra las cabezas.
Ni estamos inventando el hilo negro ni el agua hervida; pero es menester que esa labor de obtener información se realice para dar golpes de precisión a esos grupos que operan con total impunidad en la segunda ciudad más violenta de México: Ciudad Obregón.
3.- La alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova González soltó el lagrimero y señaló que el gobierno anterior, presidido por Sara Valle Dessens le dejó un auténtico “broncón” en materia financiera y es que dice le dejaron 69 millones de pesos, que parece mucho, pero las deudas por pagar ascienden a 209 millones de pesos.
Pero además hay obras asignadas a constructoras ligadas a la ex alcaldesa, algunas fueron dadas fuera de tiempo o con irregularidades en las licitaciones y lo peor es que se quedaron a medio terminar; otro caso es la construcción de la llamada “playa incluyente” que costó varios millones de pesos y que a la primer tormenta de regulares dimensiones fue “devorada” por el mar, pero que ahora le están cobrando al gobierno municipal Guaymense.
Lo más triste es que todos los expedientes están cerrados y el Ayuntamiento actual no encuentra la forma de poder obtener la información para determinar si todo se hizo con irregularidades y a partir de eso proceder en contra de la ex alcaldesa.
Otros Juglares
–¡Agáchense, agáchense, están tirando…vienen caminando por este lado del canal, póngase ver&3s!!”.
Instrucciones que un elemento policiaco daba a gritos, en medio de una balacera, a sus compañeros durante un enfrentamiento armado entre un grupo de civiles y agentes de la policía municipal de Cajeme y estatales, en pleno Valle del Yaqui.
Gracias por su atención, hasta el viernes si Dios quiere. ¡¡Salud!!
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