El Juglar de la Red 

 

Por Rafael Cano Franco 

 

La tranquilidad que prive al interior de la Universidad de Sonora, tanto entre trabajadores, maestros y alumnos, es fundamental. Desde que se aprobó la llamada Ley 4, en tiempos de Manlio Fabio Beltrones, el estudiantado se ha mantenido en paz y acudiendo con relativa normalidad a sus clases. 

Los problemas que atravesó la Universidad de Sonora derivaron de asuntos contractuales; los dos sindicatos STEUS y STAUS lograron paralizar a la Máxima Casa de Estudios en distintos momentos, pero a pesar de esos inconvenientes, la vida universitaria no se alteró y menos incluyó a sus alumnos. 

Desde que se inició el proceso elegir a su nuevo rector, que en este caso fue la maestra Rita Plancarte, se empezaron a escuchar voces solicitando cambios drásticos en la Ley 4; solicitando su desaparición y generar un esquema, no más moderno, pero sí más acorde a los intereses de los grupos que pululan al interior de la Unison. 

Pero aun en esos movimientos estaban ausentes los alumnos, se trataba más de grupos de maestros comprometidos con el proyecto político de Morena, que en un movimiento generalizado e incluyente de todos los actores universitarios. 

Dos nuevas coyunturas se presentan para que los aires de agitación revivían al interior del Campus: la llegada de prominentes integrantes de los grupos de izquierda al gobierno, tanto al federal como al estatal; y, el recién señalamiento echo por el presidente Andrés Manuel López refiriendo que en la UNAM se contagió de neoliberalismo lo cual la hizo olvidar su vínculo social. 

No es un secreto que los grupos de izquierda tienen en las aulas universitarias sus principales centros de reclutamiento, pero también es cierto que luego del fracaso del comunismo o socialismo en las naciones que antaño fueron ejemplo de la “lucha revolucionaria”, muchos alumnos simplemente los ignoraron. 

Pero todo movimiento que se precie de izquierda, requiere controlar los espacios universitarios, necesita promover posturas ideológicas acorde a su lucha histórica –por más que se haya comprobado son fallidas—y solidificar el control que tiene de esos espacios. 

El gobernador Alfonso Durazo viene señalando que la Universidad de Sonora será su fuente de información social, utilizará los estudios científicos que ahí se generan para la toma de decisiones y como primer paso estableció que su gobierno impulsara un amplio programa de becas para alentar a los estudiantes a seguir en el aula. 

Pero a la par de esa postura, que busca mantener a los estudiantes en las aulas; aparecen otras expresiones, como las de ayer, que tapizaron con mantas la zona de Rectoría solicitando la desaparición de las cuotas y una universidad totalmente gratuita. 

Que la Universidad de Sonora sea totalmente gratuita es una petición no acorde con los tiempos financieros que vive la Máxima Casa de Estudios; pero igual tampoco es la solución para elevar su nivel académico –que actualmente es de los mejores–, no es tampoco una postura generalizada entre el estudiantado, pero sí es una consigna de esos grupos que sienten tener ahora la sartén por el mango por estar en puestos de gobierno. 

Más allá de los intereses particulares de los funcionarios que acompañan al gobernador Alfonso Durazo, sería conveniente que desde el Ejecutivo se reflexionara en torno a las implicaciones que tiene agitar las aguas universitarias. 

La bandera de una universidad totalmente gratuita siempre es atractiva y tiene impacto, pero también deriva en otras condicionantes: un mayor compromiso presupuestal por parte del Gobierno de Sonora; una nueva Ley Universitaria que supla a  la actual; un acuerdo con las fuerzas sindicales que son las más demandantes y un convencimiento a la comunidad universitaria que el cambio los va a beneficiar. 

Ningún gobernante quiere ver a los estudiantes protestando en las calles y marchando a Palacio de Gobierno, es quizá una de las expresiones que más incomodan. Las manifestaciones que hoy aparecen son las de un grupo, no el mayoritario, que aspira a determinado modelo universitaria, uno que se dejó atrás para dar paso a otro más moderno pero que ciertamente puede ser mejorado. 

Hay que estar atento a la reacción de la gran masa universitaria, esa que se mantiene callada pero que cuando se afecta la calidad académica sale a la calle y agita conciencias; veremos si al gobernador Alfonso Durazo le gusta que sus propios amigos le estén tirando a portería. 

 

Tips cortitos pa´no enfadar: 

1.- Pues en el gobierno del Estado insisten en que la mejor manera para combatir la inseguridad pública es a través de la firma de acuerdos y ayer firmaron ¡oootrooo!, el cual denominaron “Acuerdo por la Paz para la reconstrucción del tejido social”, entre más largo el nombre, más estrepitoso el fracaso. 

El gobernador Alfonso Durazo aseguró que en la firma participó “la sociedad” y diversos órdenes de gobierno: lo cierto es que estos acuerdos son más de templete y atienden más a acciones políticas que a hechos concretos para combatir la inseguridad pública. 

Para que la firma tuviera el carácter de ser incluyente y darle la visión de un acuerdo social, se convocó a 36 instituciones y grupos organizados de la sociedad civil, una convocatoria magra y poco representativa de una sociedad tan plural y diversa como la sonorense; pero es la única solución que tienen para el momento para atender un problema que sigue y sigue creciendo. 

 

2.- Muy contentos deben estar los integrantes del grupo “Movimiento por el Libre Tránsito”, quienes el lunes fueron recibidos por el gobernador Alfonso Durazo para pactar la entrega de las casetas de peaje que estaban tomados por ellos desde hace cuatro años. 

Deben estar muy contentos con su acción porque al momento de entregar las casetas de peaje, también vendieron su primogenitura por un plato de lentejas. Pero más felices deben estar porque al entregar casetas lo único que lograron fue generar que en algunos lugares se deba pagar dos veces. 

El caso que ejemplifica el comentario anterior es lo que sucede en el Valle del Yaqui; quienes transitan por la carretera de Cuatro Carriles deben pagar doble  y hasta triple tributación: por un lado a la etnia yaqui que tiene instalado un retén a la altura del poblado de Vícam otro en el Danzante Yaqui y luego la caseta de peaje en Esperanza. 

 

3.- La entrega de Notarías Públicas se volvió una moda; los funcionarios que dejan un cargo en el gobierno apelan al mandatario o mandataria en turno para pedirle les entregue una notaría y con ello resolver de por vida sus problemas económicos. 

Sucedió con Claudia Pavlovich y pasó con los anterior gobernantes; pero Alfonso Durazo anunció ayer que esa práctica se va a acabar y para ello mandará una iniciativa al Congreso del Estado para modificar la Ley del Notariado en Sonora. 

La parte toral es que el Gobernador en turno no podrá otorgar notarías en sus dos últimos años de gobierno y todo aquel funcionario que desee participar para obtener una notaría tendrá que renunciar a su cargo en el gobierno con mucho tiempo de antelación. 

La medida es buena porque pretende poner freno a una práctica que además de cuestionable da privilegio a unos cuantos. 

 

Otros Juglares: 

–“Lo más importante es que en esta perspectiva de Estado, para atender el problema de la inseguridad, está en la participación social, no se trata de derivar la atención, el combate la inseguridad, a la sociedad, sino que la sociedad sume su esfuerzo al de las autoridades para que los resultados sean mejores”. 

Lo dijo el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, al firmar ¡ooootroooo! Acuerdo para lograr la paz, esto como parte de una estrategia de combate a la inseguridad pública. 

 

Gracias por su atención, hasta el jueves si Dios quiere. ¡¡Salud!! 

 

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