El Juglar de la Red

Por Rafael Cano Franco

El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” nació con la premisa de evitar que jóvenes engrosaran las filas de la delincuencia o se volvieran adictos; su fin es otorgarles una beca y con ello participar en diversas actividades productivas como becarios de empresa, el programa es de los llamados “estrella” del gobierno federal y uno de los que más recursos anuales reclama del presupuesto.
Pero es un programa que no cumple con su esencia.
El 2020 el presupuesto que se le asignó fue de 25 mil 614 millones de pesos; el 2021 se redujó a 20 mil 600 millones; para el 2022 el presupuesto es de 21 mil 592 millones de pesos, el monto de la beca que se otorga este año es de 5 mil 258 pesos mensuales, un aumento de casi 900 pesos con respecto al 2021.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que nomás llegara a la presidencia de la República el narcotráfico sería enfrentado con una nueva estrategia: les iba a quitar el suministro de la mano de obra, particularmente la de los jóvenes a quienes les otorgaría becas y suponía que de esa manera no tendrían necesidades económicas para ser reclutados por la bandas criminales y tampoco caerían en el uso de las drogas.
Pero la realidad muestra una situación muy distinta a la que el Presidente previó.
En un informe presentado por el Observatorio Nacional de Prevención de Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por Parte de la Delincuencia Organizada, un organismo creado al interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se emitió una alerta por un aumento en el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.
El informe no cita el número de menores reclutados, pero otra organización, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), establece un aproximado de entre 30 mil a 35 mil los jóvenes que han engrosado las filas de los cárteles de la droga.
Reclutar jóvenes es fácil y cómodo para los cárteles de las drogas, también es, cita el informe: “un recurso humano manipulable, prescindible, de bajo costo y cuya ausencia en la actividad criminal no afecta la operación ni la estructura delictiva”. En otras palabras, no cuestan mucho y son fácilmente reemplazables.
El reclutamiento se da en las zonas de mayor pobreza, con jóvenes, casi niños, que rondan entre los 13 a los 17 años; los estados de Guerrero, Michoacán, Sonora y Chihuahua son los que más material humano aportan.
Derivado de lo anterior bien se puede establecer la premisa de que el gobierno federal, a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, no solamente falló en la consigna de cerrar el paso a los jóvenes a los carteles de las drogas, lo peor es que al mismo tiempo también se volvió el financiador de la manutención temporal de esos muchachos.
En palabras más llanas, con recursos del erario público se completa el ingreso de los jóvenes que el narco utiliza como “halcones”, cobradores de piso, vigilantes de casas y hasta sicarios; lo anterior no solamente refleja un fracaso en la estrategia gubernamental para impedir que jóvenes engrosen las filas criminales, también deja en claro la falta de rigor en las reglas de operación del programa.
Se puede decir que 30 mil o 35 mil jóvenes representan apenas el 10 por ciento del total anual de los beneficiarios del programa anualmente y por tanto hay un 90 por ciento que realmente aprovechó la beca otorgada por el gobierno federal, pero eso es un espejismo, una falsa ilusión.
No debe olvidarse que Jóvenes Construyendo el Futuro se creo bajo la consigna de evitar que la falta de recursos económicos obligara a cierto sector de la juventud mexicana a enlistarse en las filas criminales y eso no solamente no se logró, por el contrario el número de hombres y mujeres de 18 años o menos que ahora forman parte de las bandas criminales aumentó.
Eso es lo que marca el fracaso.
En tres años se le han destinado más de 67 mil 600 millones de pesos a un programa que no cumplió con su objetivo y que por el contrario se volvió parte del problema.
Y todo lo anterior con datos oficiales.

Tips cortitos pa´no enfadar:
1.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano se equivocó ayer cuando interpretó la expresión “blanditos” en referencia al comportamiento que tienen los tres niveles de gobierno para con la etnia yaqui, esto en relación por las agresiones que cometen en el retén ilegal que tienen instalado a la altura de la estatua del Danzante Yaqui, en Loma de Guamúchil.
El término no se refiere por necesidad al uso de la fuerza pública, pero sí alude directamente a la aplicación de las leyes correspondientes. Javier Lamarque sabe que el retén es ilegal, el cobro de peaje es ilegal, golpear a las personas es una violación a ley, tirarles balazos por tomar fotos es atentar contra su integridad física y también está penado por la ley.
Los tres niveles de gobierno “son blanditos” porque no aplican la ley; en cualquier otro caso no tendrían la menor consideración y no dudarían en utilizar la fuerza pública, pero en el caso de la etnia yaqui les tiemblan las piernas y prefieren acudir a un recurso que en el pasado ya quedó demostrado no sirve, al menos no con la etnia: el diálogo.

2.- El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez ha resultado muy activo y dinámico en lo que a obra pública se refiere, eso no tiene duda; también es innovador al introducir patrullas eléctricas que son más económicas y menos contaminantes, todo eso es una realidad; pero también lo es que tiene una piedra en el zapato: los jubilados y pensionados del Ayuntamiento a los que no se les están reconociendo algunos derechos que tenían en anteriores gobiernos municipales.
En primera instancia es un problema social que deriva de la interpretación de la ley; pero amenaza con convertirse en un problema político luego de que el Partido del Trabajo determinó meterse en el tema.
Los pensionados y jubilados están en todo su derecho de buscar las alianzas políticas que les permitan mantener viva su lucha, ellos no tienen porque elucubrar si esa ayuda busca una ganancia política, lo que no deben permitir es que los utilicen como ariete para golpear solamente ser los golpeadores del gobierno municipal.
Al Ayuntamiento de Hermosillo le urgen atender el tema con mayor sensibilidad y darle la importancia que tiene. No solamente se trata de atenderlo desde el punto de vista legal, también deben tener la consideración de que se trata de un acto de justicia social y laboral.

3.- En Oaxaca y Veracruz se llevaron a cabo elecciones municipales extraordinarias. En Oaxaca estaban en disputa las alcaldías de siete municipios, mientras que en Veracruz eran cuatro. La noticia es que Morena salió como el gran perdedor en esas elecciones.
En Oaxaca perdió 6 de las siete alcaldías y en Veracruz fue derrotado en 3 de las cuatro; esta derrota no necesariamente será reflejo de lo que pasara en las elecciones estatales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, pero no dejan de ser derrotas interesantes.
Recordar que en el 2020, Morena perdió abrumadoramente las elecciones en Coahuila e Hidalgo, pero al año siguiente se llevó la mayoría de las gubernaturas en disputa, entre ellas la de Sonora.

Otros Juglares:
–“Se está recurriendo a una mesa de diálogo para resolverlo por la vía pacífica, porque cuando dicen muy blanditos, me imagino que están pensando que llegue la policía, el ejército y empiece a reprimir a todo el mundo, incluso con el riesgo de que haya muertos. Nosotros estamos convencidos de que se puede resolver por la vía pacífica, porque si a todas manifestaciones les ponemos la fuerza pública entonces tendríamos un estado de sitio, no es la vía ni la política del gobierno municipal, estatal y federal.”
Lo dijo el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano al establecer que para resolver el problema de violencia y la extorsión que realizan integrantes de la etnia yaqui en algunos retenes que tienen instalados sobre la carretera de Cuatro Carriles, van a optar por el diálogo en lugar de aplicar la ley.

Gracias por su atención, hasta el miércoles si Dios quiere. ¡¡Salud!!

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