El Juglar de la Red
Por Rafael Cano Franco
Luego de que la oposición, junto con verdes y petistas, descarrilaron la reforma electoral de la presidente Claudia Sheinbaum, desde el Ejecutivo federal vuelven a las andadas y ahora anuncian que irán por el llamado Plan B.
La nueva propuesta busca reducir el número de diputados estatales y de los integrantes de los cabildos en los Ayuntamiento; igualmente plantea que el costo del Senado de la República se abarate y con este nuevo proyecto lo que queda en medio de la polémica es si los estados que integran la república mexicana pueden considerarse libres y soberanos.
Pero no solamente eso, también se va en contra de la integración de los Ayuntamientos, que viene a ser la primera autoridad que responde a las demandas de los ciudadanos y que en buena medida están sometidos a un centralismo que los ahoga; ahora no solamente se tiene la pretensión de someterlos presupuestalmente, también existe la intención de reducir la representación política con la única idea de reducir su costo.
La tonada del Plan B no cambió, en el fondo todo se reduce a una consideración de pesos y centavos. No importa la representación democrática de pueblos originarios, o de grupos vulnerables, ni de mujeres o jóvenes; lo importante y que destaca es la necesidad de reducir lo que esos cabildos cuestan.
Pero más allá de lo bien intencionado o lo perverso que pueda resultar el Plan B, no se puede considerar que se trata de simples reformas secundarias a las leyes; subyace una nueva reforma constitucional que, de entrada, tiene el rechazo de un partido aliando: el Partido del Trabajo.
La nueva propuesta contenida en el llamado Plan B no genera el temor que la iniciativa original, de entrada, se diluye el temor de que desaparezca el INE y los Oples, eso determina que permanezca el Programa de Resultados Preliminares (PREP); pero eso no implica erradicar la constante insistencia, o necedad, de que consejeros o magistrados electorales deban de ser sufragados y por tanto que su llegado a esos cargos se determine por el método de la elección popular.
Si el Plan A decía ahorrar 15 mil millones de pesos al año, el Plan B solamente genera ahorros por 4 mil millones de pesos, es una bicoca si se considera que para este 2026 lo presupuestado ronda los 10 billones de pesos.
Pero ya se sabe que tratándose de “austeridad republicana” el gobierno de la 4T siempre recurrirá a esa narrativa para justificar sus intenciones.
Pero más allá del debate en torno al costo presupuestal, lo que realmente se pone en la mesa de la discusión es la soberanía de los estados y los ayuntamientos, porque sobre ese par de figuras es donde descansa una buena parte de lo que es el eje central de la República: el federalismo.
Considerar que la formación e integración de Congresos y Ayuntamientos deriva solamente de un mero proceso administrativo que se puede abaratar con la reducción de sus integrantes, va más allá de una cuestión que se limita a la parte electoral, tiene implicaciones políticas de mucha trascendencia que además van en relación directa con afectaciones de tipo hacendarias.
Por eso es que el Plan B ya no solamente se trata de una tema que se circunscribe exclusivamente a lo electoral, ahora también se mezcla con la integración local de cabildos y congresos, esa acción se le llama intromisión y la enfermedad que lo genera es el centralismo que termina por infectar a estados y municipios.
Se entiende que en los gobiernos estatales de Morena, una propuesta de esa naturaleza debe transitar de inmediato; los gobernadores de ese partido no se caracterizan por ser rebeldes a las decisiones presidenciales; pero más allá de que pueda tener la aprobación, también resulta evidente que una discusión nacional pasará a ser tema de controversia hacia los estados.
Pero más allá de lo que contiene el Plan B, lo que determina su intención no es el contenido sino de lo que adolece.
Otra vez se olvidan de atender el tema de la sobrerrepresentación; de nueva cuenta no hay mecanismos para que los partidos limiten al máximo la presencia de grupos criminales en procesos electorales.
Se vuelve a quedar corto cuando se habla del financiamiento ilícito o proveniente del crimen organizado; no hay garantías de que el INE y los organismos electorales locales, realmente dejen de ser comparsa del gobierno en turno y que su independencia en la organización de procesos electorales sea autónoma en lo presupuestal y en lo político.
Hay que ser muy precisos en determinar lo que realmente representa el Plan B, porque aunque se plantea como una reforma electoral secundaria, sus implicaciones van mucho más allá y llegan hasta la pretensión de reformar el llamado pacto federal.
Esos detalles no han pasado inadvertidos para el resto de los partidos políticos y aunque el PAN fue el primero en decir que no lo apoyará, de inmediato al rechazo se sumó el Partido del Trabajo y seguramente lo harán también Movimiento Ciudadano y el PRI.
El destino del Plan B, al igual que sucedió con el Plan A, va caminando a otra derrota legislativa y esto se debe a que las propuestas surgen desde la soberbia que genera ocurrencias que terminan por no medir los alcances de lo que se propone y que se sacan de debajo de la manga, sin que previamente se socializarán y discutieran ampliamente.
Es una propuesta sin razonarse por quien la presenta y sin socializarse en discusiones que permitan delimitar sus alcances, como no hay diálogo lo que consiguen es un rechazo casi automático.
Rojo de la Vega: “aspiro a ser alcalde”
El secretario del Bienestar del gobierno de Sonora, Fernando Rojo de la Vega no vaciló cuando en el Grupo Contrapunto 10 le preguntamos si en sus planes de futuro inmediato estaba ser candidato y eventual alcalde de Hermosillo: “Me encantaría ver por el bienestar de mi ciudad, como hermosillense que soy, sería un honor trabajar para los hermosillenses”,
Rojo de la Vega es de los jóvenes que forman parte de ese grupo que se ha forjado bajo la guía de Alfonso Durazo y aunque electoralmente él no ha pasado por la prueba de una elección, no es desconocedor de esos temas pues fue el coordinador de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en Sonora.
Luego del proceso electoral del 2024, Rojo de la Vega fue nombrado Secretario del Bienestar del Gobierno de Sonora y a pesar de que su nombre apareció en el escándalo de la fabrica china de gorras en Agua Prieta, eso no implicó ningún tipo de mella en la confianza que le tiene Alfonso Durazo.
Encargado de sacar adelante el programa de vivienda más ambicioso en la historia moderna de Sonora, que considera construir 65 mil viviendas en diversos municipios de Sonora, aseguró que ese es el principal encargo que recibió del gobernador Durazo Montaño y en eso centra su atención.
Desde hace unas semanas su nombre se sumó al de los otros dos jóvenes que dentro del gabiente de Alfonso Durazo son la opción que se maneja para ser candidatos a la alcaldía de Hermosillo: Paulina Ocaña y Froylán Gámez Gamboa; pero resulta que Fernando Rojo de la Vega es el primero que abiertamente y sin ningún asomo de dudas se dice no solamente preparado para gobernar la Capital de Sonora, sino que acepta tener esa única aspiración política.
Porque eso sí, dice que no se trata de buscar premios de consolación y que en lo personal no tiene interés en alguna posición legislativa; la alcaldía de Hermosillo le parece un reto más administrativo que político y como personaje salido de la iniciativa privada considera puede enfrentar el reto con éxito.
Sin arrogancia, pero sí con mucha confianza dice que él es un soldado que ha trabajado en las trincheras de Morena y que al hablar de sus aspiraciones personales con las estructuras que lo conocen se convenció de que es un perfil que tiene las mayores posibilidades de ser candidato a la alcaldía.
Por lo pronto dice que en las encuestas de Morena aparece muy bien evaluado y eso ya es una ventaja. Nosotros agregamos: Es una gran ventaja para alguien cuya comunicación está muda.
Tips cortitos pa´no enfadar:
1.- Hace apenas una década que el dirigente del PRI saliera a decir el nombre de algún personaje para ser candidato al gobierno de Sonora, sería una noticia excepcional, que Alejandro Moreno Cárdenas salga ahora y de un listado de personajes para contender por las 17 gubernaturas en juego el 2027, es una simpleza.
Porque más allá del respeto que nos merece Lupita Soto, la dirigente del PRI en Sonora o la trayectoria de Víctor Hugo Celaya, que sean ellos los personajes enlistados por Alejandro “Alito” Moreno como sus cartas fuertes para la gubernatura, lo único que hace sentir es la falta de personajes y liderazgos con la suficiente convocatoria electoral.
Si alguien ve a Lupita Soto compitiendo por la gubernatura o si considera que Víctor Hugo Celaya tiene la menor posibilidad de ser competitivo es muy iluso o está muy alejado de la realidad.
Pero en fin, son los tiempos y cuando no se tiene mucho, se recurre a lo que se tiene.
2.- Que mal se vio el gobierno de José Manuel Quijada, alcalde de Agua Prieta al negarse a otorgar el permiso para realizar la tradicional cabalgata que conmemora la histórica carrera entre “El Moro de Cumpas” y “El Zaino de Agua Prieta”.
Todo indica que al gobierno municipal de “Chemanuel” Quijada les dio “futifais” que se hiciera la cabalgata porque había indicios de que Antonio Astiazarán andaría por aquellos rumbos y podía participar en el evento, lo cual le daría visibilidad y lo fortalecería en sus aspiraciones políticas.
Para evitar esas sorpresas, el gobierno de Agua Prieta decidió apelar a su autoritarismo y con la soberbia que no debería caracterizarlos decidieron cortar con una actividad que suma 69 años realizándose y con ello se le negó a los aguapretenses recordar un momento histórico que los enorgullece y que además los puso en el mapa.
Pero ese es el tamaño de algunos gobernantes.
Otros Juglares:
–“Si me pidiera ella mi consejo, que no me lo está pidiendo, pero si me lo pidiera yo le diría que no es necesaria hacer la revocación de mandato con una presidente que la mayoría de los mexicanos le da el respaldo, que es más del 70 por ciento”.
Lo dijo el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, al señalar que respaldará iniciativa de reforma electoral (Plan B) que impulsa la Presidente Claudia Sheinbaum, pero consideró innecesario que en esa mismo proyecto se considere adelantar para el 2027 el proceso de revocación de mandato, un tema que nadie ha solicitado y que pareciera ser la forma para que la Presidente tenga participación legal en el proceso electoral del 2027.
Gracias por su atención, hasta el viernes si Dios quiere. ¡¡Salud!!
