Desde que hace una semana atrás el Sindicato de Choferes del Trasporte Público anunció que emplazaría a huelga a la empresa Sictuhsa, se veía venir que detrás de todo había otro trasfondo donde los propios concesionarios tenían metida la mano.
Finalmente ayer, Sictuhsa, a través de su director José Luis Gerardo, sacó las uñas y esa empresa, que asocia los dueños de las concesiones y de los camiones, soltó el “bombazo”: quieren una tarifa de 15 pesos.
No solamente se trata de una solicitud desorbitada y fuera de toda realidad, también es la punta de lanza para iniciar con presiones y chantajes, es la estrategia de toda la vida: tirar alto para recoger algo.
El año pasado, el Consejo Consultivo del Trasporte de Sonora, aprobó una tarifa diferenciada: 8 pesos para camiones en malas condiciones y sin servicio de aire acondicionado y 9 pesos para las mejores unidades con clima artificial en temporada de verano; el aumento pegó duro en el bolsillo de los usuarios del servicio.
Pero a la par de ese aumento de la tarifa, el gobierno del Estado se comprometió a pagar 105 millones de pesos de subsidio para el 2018, este subsidio va directamente en beneficio de estudiantes y adultos mayores. Del 2016 al 2018, el gobierno de Sonora ha entregado 500 millones de pesos en subsidios a Sictuhsa, pero además los apoya con insumos para el mantenimiento de los aires acondicionados de las unidades.
A la par de la petición del “tarifazo”, Sictuhsa también hizo una propuesta singular: si les niegan el aumento, entonces regresarían las concesiones al Gobierno del Estado.
Todo indicaría que José Luis Gerardo y los socios de Sictuhsa, presuponen que entregar las concesiones generaría de inmediato un problema de movilidad en las ciudades donde operan y eso pasaría a convertirse en una crisis política, porque el transporte es un servicio de alta prioridad.
Pero en lugar de eso, la respuesta fue afirmativa, el director general del Trasporte en Sonora, Carlos Morales Buelna, dijo que si querían regresar las concesiones, el gobierno del Estado les tomaba la palabra e incluso propuso una mesa de análisis “para saber qué estado financiero tiene la empresa y saber como empezar a operar el Estado esa situación”.
Desde la perspectiva de Morales Buelna, el gobierno de Sonora, al operar el servicio favorecerá a los usuarios, pero también podrá comprobar que la tarifa actual es suficiente para cubrir necesidades y por tanto no hace falta un incremento.
Lo que hizo José Luis Gerardo fue “darse un balazo en el pie”, toda vez que la pretendida amenaza en realidad abrió las puertas para que el Gobierno del Estado le tomara la palabra y en un descuido no solamente se quedan sin el aumento de tarifa, hasta pueden perder el changarro y por decisión propia.
Ahora, hay algo que no debe dejarse de lado, todo este sainete con berrinche y pataleo, sucede justo después que en el Congreso del Estado no se aprobó la municipalización del transporte público.
Seguramente esta situación que ahora priva, con todo y la petición del aumento así como devolver las concesiones, debe ser observada con mucho detenimiento por algunos alcaldes electos, quienes han levantado la mano para que les sea regresada la facultad de regir el ordenamiento de este servicio.
Por lo pronto, Concesionarios y Choferes conforman un solo frente de batalla, aunque aparenten ser dos, buscando ejercer presión en una autoridad que al menos en este inicio se muestra fuerte y determinada a no ceder.
Porque hay otro detalle que no puede soslayarse: la facultad de autorizar aumentos a la tarifa del transporte público compete al Consejo Ciudadano del Trasporte, pero las consecuencias de un acto de esa naturaleza impactaría directamente en la gobernadora Claudia Pavlovich.
¿Quién dice que no se puede?
En la columna de ayer dijimos que era muy optimista el anuncio del secretario de Economía Jorge Vidal Ahumada, de que este 2018 se abrieran entre 22 mil a 24 mil nuevas plazas de trabajo.
El mismo Secretario de Economía nos respondió y nos expuso los argumentos que dejan claro no hay ningún sueño guajiro, sino que ya Sonora dio muestras de que ese número de empleos es una posibilidad real.
Esto es lo que nos comentó:
En el año 2016 se crearon 22 mil 860 nuevos empleos. El 2017 esa cifra creció a 23 mil 680; de enero a julio del 2018 se han creado 8 mil 731 plazas de trabajo nuevas, según los datos que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Es importante señalar que al segundo trimestre del 2018, Sonora registra una tasa de desocupación del 3-6 por ciento, según datos de INEGI; eso indica que 1 millón 433 mil 236 pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA) y tan solo 51 mil 903 personas se registraron como desocupadas.
La administración de la Gobernadora Claudia Pavlovich se distingue por ser un gobierno facilitador para que las empresas se instalen y crezcan en Sonora para así generar empleos.
Solamente en atracción de inversión se han instalado 128 proyectos de inversión con un valor de 5 mil 907 millones de dólares.
Bueno, me queda claro que existen las condiciones y generar esa cantidad de empleos es una ruta que este gobierno ya ha transitado antes, de ahí que sí se puede.
Que la cuenta pública 2017 la revise la nueva legislatura
El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) entregó a la gobernadora Claudia Pavlovich el resultado de las 672 auditorías realizadas al Poder Ejecutivo de donde salieron 305 observaciones y de las cuales solamente 147 faltan por solventar, eso establece que la cuenta pública del 2017 es la más limpia de los últimos años.
Es más de 2 mil 876 observaciones a la cuenta pública del 2014 que correspondió a un ejercicio completo anual de Guillermo Padrés, a la cuenta pública actual, la diferencia es notable; de hecho, en los dos años previos la administración de Pavlovich Arellano bajó el número de observaciones: el 2015 fueron 768 y el 2016 fueron 496; en los últimos 13 años, solo la cuenta pública del 2005 presenta un número de observaciones de tres cifras, 663.
Ante este resultado y bajo la premisa de que “el que nada debe, nada teme”, la gobernadora Claudia Pavlovich dijo que le gustaría fuera la próxima legislatura, que entra en funciones en septiembre, la que revise la cuenta pública del 2017.
No se trata de un reto, por el contrario es darle credibilidad a esas cifras; la actual legislatura está facultada en tiempo para analizarla, pero la que llega al ser mayoritariamente opositora a la Gobernadora tiene más valor su opinión sobre el resultado que presentó el ISAF.
Otros Juglares:
–“Nosotros aceptamos la propuesta de que el Estado tome la responsabilidad del servicio del transporte y en consecuencia vamos a invitar a una mesa de análisis para saber qué estado financiero tiene la empresa y saber cómo empezar a operar el Estado esta situación, y comprobar de manera fehaciente que el servicio del transporte es suficientemente, con la tarifa que tiene, para absorber las necesidades y no subir la tarifa a los usuarios”.
Lo dijo el Director General del Trasporte en Sonora, Carlos Morales Buelna al responder a José Luis Gerardo, directivo de la empresa Sictuhsa, quien dijo que si no les autorizan aumentar la tarifa a 15 pesos, entonces devolverán las concesiones al Gobierno.
Gracias por su atención, hasta el viernes, si Dios quiere. ¡¡Salud!!
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